Edna Camacho establece prioridades
La economista señaló las acciones ejecutivas y legislativas que serán necesarias para ponerles freno a las alzas en pluses, plazas y transferencias a instituciones
La economista Edna Camacho, coordinadora económica del próximo Gobierno, detalló las medidas con las que, en su criterio, se debe reducir el gasto público para evitar una crisis y para calmar las calificadoras de riesgo, las cuales han degradado la posición de la deuda pública costarricense.
Camacho habla de cuatro reformas legales, cuatro acciones del Poder Ejecutivo y una reforma constitucional.
Sobre los proyectos que deben pasar por la Asamblea Legislativa, la coordinadora económica del gobierno de Carlos Alvarado mencionó:
El Proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Esta es la reforma fiscal que acaba de pasar al plenario del Congreso, con la cual se crea el impuesto al valor agregado (IVA), se gravan con impuestos los salarios superiores a ¢2,1 millones, se crea el impuesto a las ganancias de capital y se pone tope a las anualidades de los empleados del sector público.
Aprobación de un límite máximo al porcentaje de anualidades de los funcionarios y racionalizar las condiciones de otorgamiento de algunos pluses. La reforma fiscal en discusión les impone un límite de 1,94% a las anualidades (algunas instituciones pagan más de un 5%), pero existen otros proyectos de ley para regular este y otros beneficios salariales.
Fijación de una regla fiscal legal que le imponga límites al crecimiento del gasto público corriente para que nunca supere el crecimiento de la producción nacional. Según Camacho, “con ello se reduce gradualmente el tamaño relativo del gasto público”. De esta medida, se exceptúa la inversión en infraestructura. Promoción de un sistema de regulación de empleo público para todos los funcionarios del sector , a fin de racionalizar uno de los principales disparadores del gasto y dotar de mayor equidad al sistema.
Medidas ejecutivas. Sobre las acciones que puede tomar el presidente Carlos Alvarado y su equipo, la futura coordinadora económica del Gobierno cita las siguientes:
Frenar el crecimiento de las plazas en el Gobierno y en el resto
de las instituciones del sector público a tasas que no superen el 1% o el 1,5%, “tasas que son muy bajas en comparación con niveles históricos”. Frenar el otorgamiento de nuevos pluses y racionalizar los existentes.
Implementar una política de ajustes salariales austeros en el Estado, en donde hay más de 280.000 funcionarios
En lo posible, implementar una política de bajo crecimiento en las transferencias del Gobierno a otras instituciones del Estado.
“El impacto en el Gobierno oscila entre 1% y 1,5% del producto interno bruto (PIB), pero es mayor en todo el sector público. Esto no toma en cuenta que el impacto podría ser mayor por el efecto financiero de reducir el riesgo crediticio del país”, dijo.
Es decir, que si las calificadoras de riesgo mejoran su percepción sobre Costa Rica, el país tendría que pagar tasas de interés más bajas para endeudarse en el exterior.
En cuanto a la reforma a la Carta Magna, Edna Camacho apuntó a la regla fiscal constitucional que, según dijo, “permitiría ajustar las obligaciones de gasto originadas en leyes especiales que dan rigidez del gasto público y cuyo crecimiento es difícil contener sin esta reforma constitucional”.
Se refiere a leyes aprobadas por los diputados, las cuales exigen al Gobierno destinar a diversas instituciones un porcentaje de la recaudación de un impuesto, o el equivalente a cierta cantidad de salarios base, aunque el dinero no alcance. Estos destinos fueron creados sin saber si el Estado tendría los recursos para cubrirlos.
La regla fiscal constitucional ya fue aprobada en una comisión, pero los cambios a la Constitución llevan un camino mucho más largo en el Congreso, pues primero deben recibir dos
“ES POSIBLE FRENAR EL CRECIMIENTO DE LAS PLAZAS EN EL GOBIERNO Y EN EL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO A TASAS QUE NO SUPEREN EL 1% O 1,5%, TASAS QUE SON MUY BAJAS EN COMPARACIÓN CON NIVELES HISTÓRICOS; FRENAR EL OTORGAMIENTO DE NUEVOS PLUSES Y RACIONALIZAR LOS EXISTENTES.
“LA APROBACIÓN DE LA REGLA FISCAL CONSTITUCIONAL Y DEL PROYECTO DE LEY DE FORTALECIMIENTO FISCAL SERÍA UNA SEÑAL CRÍTICA PUES, REITERADAMENTE, LAS CALIFICADORAS HAN SEÑALADO LA FALTA DE ACUERDOS EN LA ASAMBLEA LEGISLATIVA COMO UNO DE LOS PRINCIPALES OBSTÁCULOS PARA MEJORAR LAS PERSPECTIVAS FISCALES.
debates en un año legislativo; luego, es necesario que el presidente haga una referencia en un discurso de un 1.° de mayo, y, finalmente, requiere de tres debates más en el siguiente año.
En el Congreso ya fue pasada a plenario una reforma legal que también permitiría reducir la asfixia que producen los gastos fijados por ley.
“La aprobación de la regla fiscal constitucional y del proyecto de ley de fortalecimiento fiscal que se encuentra en la Asamblea Legislativa sería una señal crítica pues, reiteradamente, las calificadoras han señalado la falta de acuerdos en la Asamblea Legislativa como uno de los principales obstáculos para mejorar las perspectivas fiscales”, dijo Camacho.
En 2018, el Ejecutivo solo pudo maniobrar el 4% del presupuesto, pues el 96% corresponde obligaciones que no puede evadir, como salarios, pensiones, educación, deuda pública y gastos específicos legales.
Camacho será la coordinadora del Consejo Económico del gobierno de unidad que impulsa Carlos Alvarado junto con Rodolfo Piza, a quien ella acompañó en la fórmula del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) en primera ronda, como candidata a vicepresidenta.
En administraciones anteriores, el coordinador económico ha tenido un alto cargo en el Gobierno. En el caso de Camacho, aún no ha sido anunciada una designación.