Otra forma de ver el valor agregado

Alas puertas de que se apruebe una reforma al impuesto al valor agregado (IVA) para extenderlo a la compraventa de muchos servicios, además de los bienes, procede recordar en qué consiste el asunto.

El IVA se parece a un impuesto sobre las ventas (IV), pero se diferencia de este en que solo opera sobre el valor que en cada etapa de la cadena de ventas se genera.

Como ilustración, considere el caso de un producto que el fabricante vende al mayorista en ¢100 y este al detallista en ¢115, quien al consumidor final lo vende en ¢140. Bajo un impuesto de ventas del 10 %, la autoridad tributaria recaudará ¢10 + ¢11,50 + ¢14 = ¢35,5 en concepto de impuestos, pues este opera en todas las etapas en que el producto cambie de manos. A esto se le conoce como efecto cascada del IV.

Por el contrario, un IVA del 10 % recaudaría solo ¢14, pues los participantes (mayorista y detallista) deducen lo pagado en etapas previas, y solo envían al fisco el impuesto correspondiente al valor que ellos agregaron. El impuesto termina operando solo sobre el valor de la última compraventa.

Cada participante en un proceso productivo (fabricantes, mayoristas y detallistas) incurre en costos para llevar el producto hasta el consumidor final, sea en su país (ej., raíz de chayote) o en el extranjero (automóviles). Cada uno de ellos agrega valor que los consumidores aprecian. Si no lo apreciaran, si les resultara más económico comprar directamente al productor, por ej., en las ferias, no tengan duda de que se saltarán al mayorista y al detallista, pero esto no siempre es así.

La ley.

ECONOMISTA

Es en atención a lo anterior que el economista clásico francés Jean-Baptiste Say (1767-1832) formuló una “ley” que dice: “La oferta crea su propia demanda”. Lo que esto significa es que toda producción termina generando una serie de pagos (por sueldos, seguridad social, luz, teléfonos, seguros, combustibles, servicios legales... remuneración a la inversión y el riesgo que asumen los emprendedores) que sumados permitirían comprar lo producido al precio final de mercado.

No dice la “ley” de Say que los pagos en que se incurra para la producción de tacacos se han de dedicar necesariamente a la compra de tacacos, pues sus receptores pueden optar por otros productos. Lo que afirma es que una producción de tacacos que se venda en el mercado por ¢500, genera un poder de compra (o demanda potencial) por ¢500.

Recién recibí un elocuente mensaje por WhatsApp en el cual una persona, de orientación socialista, recriminaba a un señor por poseer un auto de lujo. “¿Sabe usted cuántas bocas podrían alimentarse con lo que usted gastó en su carro?”, le preguntó con cierto sarcasmo. “No. No lo sé”, respondió el propietario del vehículo. “Pero si sé que en su fabricación mediaron pagos a empleados de la ensambladora, de las empresas que le suplieron sus partes (metales para el motor y carrocería, hule para las llantas, cobre para los cables, cuero para los asientos, chips para los equipos). También mediaron pagos a trabajadores de empresas transportistas, vendedores y encargados de aseo de las agencias distribuidoras y ayudé a las contribuciones para la seguridad social de todos ellos. También pagué impuestos, con los que el Gobierno hace frente al pago de sueldos a maestros, diputados y policías, entre otros. Todas esas personas, y sus familias, se beneficiaron con que yo hubiera adquirido este vehículo”.

Dignidad.

Quien lo recriminó se quedó mudo. Y entonces el propietario del vehículo remató con: “Todos los que participaron en la cadena de valor de la producción y comercialización de mi carro, que están distribuidos en muchos países, produjeron algo que la gente aprecia, y sus trabajos los han hecho dignos. Por el contrario, quienes abogan por recibir dádivas del Estado, por recibir algo a cambio de nada, terminan perdiendo su dignidad. ¿Así o más claro?”, terminó.

Otro economista clásico, el escocés Adam Smith (17231790), argumentó que el sistema de mercado se caracteriza por la máxima “dadme tú lo que me hace falta y yo te daré lo que te hace falta a ti”. Y agrega, “solo el mendigo confía toda su subsistencia principalmente a la benevolencia y compasión de sus conciudadanos, y aun así no pone en ella toda su confianza”. ¿Así o más claro?

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El panorama es claro. Tenemos una crisis fiscal porque a partir del 2009 el gasto público se disparó de manera irresponsable. El Estado gasta demasiado en salarios –48 % de los ingresos, más que en cualquier país de la OCDE–. Las remuneraciones de los empleados públicos son bastante superiores a las de sus pares en el sector privado y la brecha continúa ensanchándose –una de las principales causas por las que la desigualdad va en aumento–. Y el Estado es altamente despilfarrador: Costa Rica está en la posición 101 de 136 naciones en cuanto a la eficiencia del gasto público, según el Foro Económico Mundial.

Aun así, el gobierno y los diputados del PLN, PAC y PUSC optaron por que el énfasis casi exclusivo de la llamada Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas fuera el aumento de impuestos. En lugar de desmontar los odiosos e insostenibles privilegios del sector público, prefirieron que el ajuste corriera por cuenta de los contribuyentes.

Carlos Alvarado puede tomar tres medidas para paliar esta injusticia fiscal. Una es abolir el salario escolar. Un fallo reciente de la Sala II confirmó que este no constituye una retención –como originalmente se planteó– sino que se trata de un catorceavo salario del que gozan los empleados públicos. Ya que fue creado mediante un decreto ejecutivo, el presidente puede eliminarlo de la misma manera. El ahorro al fisco superaría los ¢173.000 millones el próximo año.

Alvarado también puede ordenar que en su gobierno se congelen –en términos reales– los sueldos del sector público. La medida debe calibrarse para tomar en cuenta el efecto multiplicador que tienen los pluses cada vez que se da un ajuste salarial. Finalmente, el nuevo presidente puede instruir que en los próximos cuatros años no haya aumentos en las transferencias a las universidades estatales –que de por sí crecieron un 47,6 % entre el 2014 y el 2018–. Se suponía que el sacrificio del ajuste iba a ser compartido. Alvarado tiene la palabra.

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El IVA es ventajoso porque aplica únicamente sobre el valor de la última venta