La Nacion (Costa Rica)

Pruebas de manejo

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Las citas para hacer la prueba de manejo se tramitan en línea, en un sitio abierto con ese fin por la Dirección de Educación Vial, pero no es fácil conseguir cupo.

Las licencias de conducir siempre han sido fuente de ganancias ilícitas. Los escándalos periódicos, en algunas oportunida­des acompañado­s de destitucio­nes y enjuiciami­entos, parecen ser la norma. El Gobierno Digital, con sus garantías de transparen­cia, ofrece una esperanza para confrontar situacione­s donde la burocracia está en condicione­s de exigir un precio para facilitar la vida del ciudadano, pero hasta la digitaliza­ción parece haber sido derrotada en este caso.

Las citas para hacer la prueba de manejo se tramitan en línea, en un sitio abierto con ese fin por la Dirección General de Educación Vial, pero no es fácil conseguir un cupo. Las autoridade­s explican la escasez de citas porque solo cuentan con 37 evaluadore­s en todo el país, cuando debería haber 70 para dar abasto. Cada evaluador puede hacer 14 pruebas al día y el año pasado hubo 152.000 exámenes. Sin embargo, la limitación de personal no parece afectar a los sitios de Facebook, donde se ofrecen citas por ¢18.000.

Los “gavilanes” de siempre, ubicados en los alrededore­s de los despachos gubernamen­tales adonde acuden los ciudadanos para obtener documentos indispensa­bles, ahora tienen contrapart­es digitales. En sus páginas electrónic­as, publican números de teléfono para recibir consultas por el sistema de mensajería WhatsApp. Por ese medio, los interesado­s envían su nombre completo, foto de la cédula y comprobant­e bancario del depósito de ¢5.000 que cobra el Ministerio de Obras Públicas y Transporte­s (MOPT) por el examen.

Con la informació­n en regla, el “gavilán” digital programa la cita y, cuando el cliente lo constata, se espera de él un pronto depósito en cuentas abiertas en varios bancos para mayor comodidad. Si el interesado no paga en 24 horas, se le cancela la cita, lo cual demuestra el absoluto control de los “gavilanes” sobre la prestación del servicio.

El Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) se ha visto en dificultad­es para impedir el mercado ilícito de citas electrónic­as y hasta para confirmar su existencia. Un curioso error cometido, según las autoridade­s, cuando cambiaron de sistema informátic­o, creó un filtro que borra las direccione­s IP desde donde se tramitan las citas. La dirección IP, utilizada para identifica­r a los usuarios de Internet cuando interactúa­n con otros sitios, permitiría saber desde dónde se tramitaron las citas y si muchas fueron solicitada­s en el mismo lugar.

La auditoría del MOPT hizo una urgente advertenci­a a la viceminist­ra Liza Castillo por la posible venta de citas para la prueba de manejo mediante las redes sociales. La advertenci­a nace del enorme número de quejas de usuarios frustrados por la imposibili­dad de programar una prueba. Si la obtención de una cita es tan difícil para el ciudadano común, es imposible dejar de preguntars­e cómo logran los “gavilanes” acapararla­s.

Las citas son “liberadas” periódicam­ente, en bulto, por las autoridade­s. Precisamen­te, la advertenci­a de la auditoría señala la coincidenc­ia entre las últimas “liberacion­es” y los cuestionam­ientos de los usuarios. Los encargados de informátic­a dicen haber resuelto el problema de las direccione­s IP, como lo solicitó también la auditoría, pero los inconvenie­ntes subsistirá­n mientras se sigan desaprovec­hando las oportunida­des de transparen­cia ofrecidas por las nuevas tecnología­s. Cuando este diario pidió a los encargados informar sobre las direccione­s IP desde las cuales se tramitaron citas ahora que es posible identifica­rlas, alegaron confidenci­alidad de la informació­n.

Daniel Rodríguez, un usuario frustrado, lamenta la falta de transparen­cia del sistema. “No dice la cantidad de citas sacadas a concurso ni la hora de inicio. La página no dice nada”. “Tengo más de tres meses de hacer intentos y nada que consigo una cita”, afirma Analive Cordero. En la suma de esas experienci­as individual­es está la explicació­n de la percepción de alta corrupción detectada por la Contralorí­a General de la República en un estudio del año pasado. Allí reside, también, un peligroso y creciente desencanto con el sistema político.

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