Estrategia financiera ante desastres naturales
El gobierno presentó a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para la aprobación de un préstamo para el programa de emergencia de respuesta a la tormenta tropical Nate, por $20 millones, con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
La administración pretende recuperar parcialmente recursos del Fondo Nacional de Emergencias (FNE) destinados por el gobierno para atender la rehabilitación de sistemas de agua y carreteras de la red vial nacional afectadas por la tormenta. Para ello, los gastos imputables deben estar en consonancia con el Plan General de la Emergencia efectuado por la Comisión Nacional de Emergencia (CNE).
En cuanto a los efectos de Nate, el Poder Ejecutivo declaró estado de emergencia en 76 cantones en San José, Alajuela, Cartago, Heredia, Guanacaste y Puntarenas. Según estimaciones de la CNE, las pérdidas alcanzarían $365 millones. Es decir, la operación de endeudamiento que se desea contratar corresponde aproximadamente al 5,5 % de las pérdidas.
El Plan General de la Emergencia correspondiente al huracán Otto, en el 2016, estimó que para recuperar las zonas afectadas se necesitaban cerca de ¢130.000 millones ($227 millones). El dinero para la recuperación sería financiado por los costarricenses mediante el Fondo Nacional de Emergencia en un 74 % y el remanente mediante recursos ordinarios de varias instituciones públicas. En ambos casos, el Fondo constituye la principal fuente de financiamiento.
La única operación reciente de apoyo contemplada en el presupuesto del Gobierno para atender eventos de estas naturaleza fue la denominada Opción de Desembolso Diferido ante el Riesgo de Catástrofes del Banco Mundial por $65 millones, y como consta en la página electrónica de ese organismo, el último desembolso fue a mediados del año pasado. Por tanto, la CNE no dispone de fuentes externas de financiamiento que complementen el Fondo de Emergencias.
Política.
Cómo órgano rector, la CNE elaboró la Política Nacional de Gestión del Riesgo 2016-2030, lo cual se constituye en el marco político de orientación estratégica a largo plazo para que Costa Rica enfrente los riesgos, desastres y la atención de emergencias en todas sus etapas. Asimismo, la CNE elabora un plan quinquenal denominado Plan Nacional de Gestión de Riesgo con el fin de operar dicha política nacional.
No obstante, según la CNE, Costa Rica está en un territorio en constante amenaza, donde los factores de origen climático están a la orden del día y los pronósticos de pérdidas económicas y sociales difundidos por diversos estudios indican que, de continuar por la senda de acumulación creciente de riesgos, implicarán pérdidas económicas y sociales que superarán la capacidad nacional.
En particular, para el 2030, las pérdidas ascenderían a más de $7.000 millones (constantes del 2006) y para el 2050 cerca de $30.000 millones (constantes del 2006).
Por lo tanto, dado que “no hay chocolate sin cacao”, el esfuerzo de la CNE requiere de una gestión financiera integral que le permita procurar recursos de distintas fuentes.
Una estrategia financiera debe contener, primero, el entendimiento y reconocimiento de los riesgos fiscales producto de desastres naturales; segundo, la definición de la gestión financiera para gastos extraordinarios durante emergencias según la severidad, recurrencia del evento y la fase de atención de la emergencia. Por ejemplo, el uso de fondos presupuestables para atender emergencias menos severas y frecuentes, facilidad de créditos contingentes con condiciones financieras más blandas para la reconstrucción de infraestructura, facilidad de seguros y bonos que permiten transferir riesgos a terceros para situaciones más severas y menos probables de suceder, pero cuyos montos si se materializaran tendrían un impacto fiscal muy significativo en la economía. Tercero, el aseguramiento de los riesgos por catástrofes de los activos públicos, una tarea titánica, pero necesaria, sin dejar de lado la labor de coordinación interinstitucional que debe existir entre los ministerios y las instituciones rectoras.
Preparación.
La evidencia internacional es testigo en la última década de cómo ha ido adquiriendo relevancia en Latinoamérica y el Caribe la forma como los ministerios de Hacienda enfrentan los costos que implican los desastres naturales. Tanto el BID como el Banco Mundial han apoyado a distintos gobiernos, incluido el nuestro, para desarrollar o avanzar en estrategias de gestión financiera ante desastres naturales, que contribuyan a mejorar la planificación financiera del gasto público frente a tales eventos dentro de las posibilidades institucionales y fiscales de cada país.
Dada la vulnerabilidad fiscal que enfrenta Costa Rica, se hace necesario que el Ministerio de Hacienda formalice una estrategia financiera que contribuya a la estabilidad y sostenibilidad fiscal del país, tal como dictan las buenas prácticas internacionales, y así evitar esfuerzos aislados, como la operación de crédito que en las próximas semanas estará en discusión en el Congreso.
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Hacienda debe contar con una estrategia financiera para atender eventos naturales