Mapa del homicidio
La mitad de los crímenes del 2016 se concentró en tan solo 30 distritos del país. Las regiones más castigadas son, también, las más afectadas por el narcotráfico.
El Informe del Estado de la Nación y el Instituto Costarricense de Control de Drogas (ICD) sobre los patrones territoriales y factores demográficos asociados con los homicidios y el narcotráfico es un instrumento de enorme valor para orientar las políticas de seguridad ciudadana, asistencia social e inclusión.
Los resultados delimitan las zonas de atención prioritaria y si bien no sorprenden por el perfil demográfico de víctimas y victimarios, la concentración de la mitad de los crímenes en tan solo 30 distritos del territorio nacional es un hecho llamativo. Como era de esperar, son comunidades con altos niveles de pobreza y desempleo, baja escolaridad, gran concentración poblacional y una importante cantidad de inmigrantes, muchos de ellos indocumentados.
Esas características, de entrada, apuntan a la naturaleza de la intervención requerida del Estado. La respuesta policial es indispensable, porque buena parte de los crímenes son producto del narcotráfico y la delincuencia organizada. Los ajustes de cuentas vinculados con el trasiego de drogas fueron causa del 38 % de los 578 homicidios ocurridos en el 2016, año del estudio. Ninguna otra causa se acerca en importancia.
Existe, además, una altísima coincidencia entre el número de homicidios y los decomisos de drogas en las zonas estudiadas. También hay correspondencias entre el narcotráfico, sus participantes y las características de los homicidas y sus víctimas. El 68 % de los portadores de las drogas incautadas en el 2016 eran menores de 40 años. La edad promedio de las víctimas de homicidio es, precisamente, 32 años. Los victimarios están, también, en ese grupo etario.
El impacto del narcotráfico y otras formas de crimen organizado en los 30 distritos donde se concentran los homicidios es claro, pero las acciones represivas del delito son insuficientes para enfrentar el problema. La violencia y el tráfico de drogas se asientan en la pobreza, la falta de oportunidades laborales y la escasa educación. Los tres elementos están estrechamente relacionados, al punto de confundirse uno con otro. Sin educación, las posibilidades de empleo se reducen y el ciclo de la pobreza tiende a perpetuarse en la siguiente generación, cuyas oportunidades educativas están, de entrada, limitadas por la escasez de recursos.
El Estado debe hacerse presente con fuerza en los 30 distritos más castigados, pero no solo con la fuerza necesaria para imponer el orden. Guillermo Araya, director del ICD, celebró la utilidad de los datos del estudio para elaborar los nuevos planes de acción policial, pero enfatizó la importancia de utilizarlos para articular respuestas a los problemas socioeconómicos que sirven de caldo de cultivo a la criminalidad.
La Policía Judicial no da abasto para esclarecer los homicidios y la administrativa se encuentra en apuros frente a las exigencias de la prevención. Cuando estalla una guerra de pandillas, el Ministerio de Seguridad moviliza guardias de un lugar a otro, como lo hizo en Limón y, más tarde, en Alajuelita, Desamparados y Pavas. Las autoridades saben de la creciente peligrosidad y sofisticación del armamento utilizado y han detectado letales contribuciones de los carteles mexicanos a los narcotraficantes locales, incluyendo subametralladoras y hasta granadas de mano. Las acciones represivas pueden apagar incendios, como lo hicieron por unas semanas en Limón, pero si no existen iniciativas más ambiciosas y mejor articuladas difícilmente se conseguirán avances sostenibles. El mapa dibujado por el Estado de la Nación y el ICD indica con toda claridad por donde es preciso comenzar.
■
La mitad de los crímenes del 2016 se concentró en tan solo 30 distritos del país
Las regiones más castigadas son, también, las más afectadas por el narcotráfico