MEP resta poder a juntas educativas por fiasco en obras
→Proveeduría toma tareas para agilizar y dar transparencia a millonario gasto →Juntas formadas por padres y vecinos tienen sin utilizar ¢158.000 millones
Las Juntas de Educación, integradas por padres de familia o vecinos voluntariosos, ya no serán las responsables de la construcción de escuelas y colegios.
Además, fiscalizarán el avance de las obras, pero ya no serán las que realicen las licitaciones para contratar al ingeniero a cargo de la construcción, ni los carteles para contratar la mano de obra y compra de materiales.
Tampoco estarán a cargo de la revisión ni administración de grandes presupuestos, como ocurre hoy cuando algunos de estos órganos manejan proyectos de hasta ¢4.000 millones.
A partir del final de año, entrarán a regir los cambios, según los planes del Ministerio de Educación Pública (MEP).
En ese entonces será la Proveeduría institucional la encargada de la publicación de los carteles de licitación, contratación de las unidades de gestión de proyectos y las empresas precalificadas.
Estas compañías desarrollarán la edificación de las sedes educativas, harán el diseño, estudios básicos y preliminares; fiscalizarán las obras y desarrollarán las unidades gestoras de proyectos (encargadas de acompañar a las juntas durante todo el proceso).
“A finales de este año y principios del 2019, los proyectos de infraestructura que se van a empezar a llevar, se harán a través de la Proveeduría y no de las Juntas. Ya las Juntas no son las que contratarán, va a ser directamente el MEP.
”Esto se hará a través del sistema de precalificación de empresas constructoras, empresas diseñadoras y empresas que hacen estudios básicos, como los estudios de suelo. Todo eso va a ser a través de la Proveeduría”, explicó Wálter Muñoz, director de la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo (DIEE) del MEP.
La decisión fue tomada por la Administración, con el fin de contar con una metodología de contratación “más transparente, ágil y eficiente”.
Para Muñoz, el modelo de construcción de centros educativos por medio de las Juntas estaba “desfasado”.
Obstáculos Obras sin terminar, sobrecostos, elección de materiales de baja calidad, dificultades en la contratación de ingenieros y en el diseño de los carteles de licitación, son algunos de los problemas presentados durante la construcción de los centros en manos de las Juntas de Educación.
Los ingenieros de la DIEE están para acompañar a estas organizaciones en los procesos de contratación y desarrollo de los centros educativos. Sin embargo, el mismo Departamento de Ejecución y Control de la DIEE ha advertido de que de la cantidad de tareas que tienen esos profesionales les impiden fiscalizar las obras comunales.
Esto ocasiona dificultades de gestión, el atraso en el levantamiento de los centros educativos y que no se ejecute el dinero que se les deposita para ese fin. A este miércoles 25 de abril, las Juntas tenían sin usar ¢158.000 millones en sus cuentas en la Caja Única del Estado.
“Las personas que forman parte de las juntas, a pesar de lo voluntarioso de su trabajo, no siempre cuentan con la preparación para desarrollar tareas de un alto nivel de complejidad, se ha avanzado en la capacitación y el acompañamiento de estas, pero los retos persistentes generan problemas administrativos, que, en ocasiones, se traducen en retrasos en la realización de las obras”, manifestó Muñoz.
Greivin Porras, presidente de la Junta de Educación del Colegio Técnico Profesional Rosario, en Naranjo, Alajuela, considera que, por el grado de responsabilidad que conlleva la gestión de las organizaciones comunales, está de acuerdo en que esos trámites los haga el MEP.
Empero, se mostró escéptico porque las obras podrían no avanzar debido a que en el Ministerio “todo se entraba”.
Nuevo sistema. Con el fin de elaborar una especie de bolsas de empresas elegibles, el MEP abrirá un concurso mediante el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop) del Ministerio de Hacienda, para constructoras y laboratorios especializados. Estos últimos son los responsables de estudios de suelos o taludes, regencias ambientales o análisis hidrogeológicos.
Según Muñoz, para llevar a cabo ese proceso se dividió el país en 10 regiones y se abrirá un concurso por cada una, en el que cualquier empresa puede participar.
En ese concurso se precalificará la experiencia y solidez financiera, entre otros ítems.
Una vez que esas firmas sean evaluadas positivamente, pasarán a formar parte de la lista de empresas precalificadas por zonas, a las cuales se les asignarán los contratos con un rol y dependiendo del servicio necesario.
“Las empresas que formen parte de esta lista podrán ser contratadas de manera directa, pues ya no será necesario volver a evaluar los aspectos y requisitos que ya fueron calificados a la hora de inscribirse, logrando reducir de esta manera considerablemente los tiempos de contratación”, detalló el director de la DIEE.
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