La Nacion (Costa Rica)

Exasesor revela que dio ¢12 millones a Abelino Esquivel

→ Alega que jefe le pidió dar ¢300.000 por mes para ayudar a ‘otros compañeros’

- Natasha Cambronero natasha.cambronero@nacion.com

“EN ALGÚN MOMENTO, SÍ ME HABÍAN DICHO QUE TENÍA QUE CONTRIBUIR CON UNA SUMA DETERMINAD­A Y QUE ERA PARA AYUDARLES A LAS PLAZAS DE OTROS COMPAÑEROS QUE IBAN A ESTAR EN EL CAMPO, PERO DESPUÉS SALÍ DE LA ASAMBLEA.

Héctor

Sáenz

Exasesor de

Abelino Esquivel

El abogado Héctor Sáenz, quien fue asesor legal de Abelino Esquivel, entre el 2014 y el 2017 en el Congreso, reveló que le entregó ¢12 millones de sus salarios al diputado de Renovación Costarrice­nse, a lo largo de 40 meses que trabajó en su despacho.

Sáenz relató a La Nación que, cuando fue contratado, el legislador le solicitó contribuir con ¢300.000 mensuales para ayudar a “otros compañeros” del Partido, que hacían trabajo de campo en la provincia de Limón, en donde Esquivel resultó electo.

Aseguró que el congresist­a le hizo la petición, pero negó que haya sido una condiciona­nte para obtener el puesto, como sí denunció su sucesor en el cargo, Álvaro Oconitrill­o, a quien Esquivel le cobró ¢400.000 mensuales.

Un caso similar ocurrió con otras dos asesoras, Shirley Marín y Joselyn Rodríguez.

A lo largo de los últimos nueve meses, a la primera le cobró ¢50.000 por mes y a la segunda ¢125.000.

El jurista Héctor Sáenz laboró en el despacho de Esquivel desde mayo del 2014 hasta agosto del 2017, y fue relevado por Oconitrill­o, quien hasta el 30 de abril ocupará la plaza.

Al igual que los otros tres consejeros, Sáenz dijo que le daba el dinero a la hermana del legislador, Wray Esquivel, quien funge con jefa de despacho.

Efectivo o depósito. En la mayoría de los casos, entregó el dinero en efectivo y, en una o dos ocasiones, lo depositó en una cuenta en el Banco de Costa Rica (BCR).

“En algún momento, sí me habían dicho que tenía que contribuir con una suma determinad­a, y que era para ayudarles a las plazas de otros compañeros, que iban a estar en el campo, pero yo después ya salí de la Asamblea, porque ya no me sentía cómodo, en algún momento.

”No fue igual que los otros casos, como una exigencia, sino que, en algún momento, me dijeron que eso va a servir para ese asunto y nada más.

”No fue una condición, expresamen­te, no, sino que fue pactado de que yo podía ayudar con ese dinero. Yo sí acepté de principio bajo esa figura, de que era para ayudarle a esa gente”, declaró Sáenz. Desconoce uso final. El abogado agregó que si bien en un principio él supo que se estaba ayudando a dos compañeros, desconoce si ese dinero se siguió utilizando para ese fin.

“Se suponía, eso fue lo que dijeron, en un principio, cuando entramos ahí. En algún momento, yo sé que al muchacho se le ayudaba, pero ya después desconozco si se siguió utilizando para eso ese dinero.

”Era para un muchacho en Matina y otro en Talamanca, pero ya después en el manejo del dinero no sé cómo se manejaba”, expresó el exasesor.

De momento, los cobros de dinero hechos por Esquivel están siendo investigad­os, de oficio, por el Ministerio Público y por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

También, el Directorio legislativ­o, presidido por Gonzalo Ramírez, compañero de partido de Esquivel, remitió el caso a la Procuradur­ía de la Ética Pública (PEP).

En la Fiscalía General se indaga una aparente concusión; es decir, que siendo funcionari­o público habría hecho un cobro indebido o arbitrario, en provecho propio.

Abelino Esquivel negó que él dinero haya sido para él, sino que eran aportes para Renovación Costarrice­nse.

No obstante, la tesorera de la agrupación, Mavis Calderón, rechazó que eso fuera cierto. Así lo hizo por escrito ante el TSE.

Renovación Costarrice­nse es una agrupación fundada por el exlegislad­or Justo Orozco.

En el cuatrienio 2014-2018, ese partido llevó al Congreso a Abelino Esquivel y a Gonzalo Ramírez.

En los comicios del 4 de febrero, la organizaci­ón política no logró ninguna curul.

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GRACIELA SOLÍS Los cobros hechos por Abelino Esquivel a sus colaborado­res son investigad­os por la Fiscalía y el Tribunal Supremo de Elecciones.

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