Diputados piden a Uccaep quitar fotos de Yankelewitz
→ Sus ‘retorcidos comportamientos’ ameritan decisión, afirma informe final
Los diputados de la comisión investigadora de créditos bancarios pidieron a la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (Uccaep) despojar a Samuel Yankelewitz de la presidencia honoraria de la organización y remover todos sus retratos de su sede.
Así se señala en el segundo informe y final de la comisión, el cual versa sobre los créditos otorgados a la compañía de plásticos Yanber, que era propiedad de Yankelewitz.
Según el documento, divulgado este miércoles, la recomendación responde a que la Uccaep no ha tomado ninguna acción relacionada con Yankelewitz, a pesar de “la evidencia contundente sobre sus retorcidos comportamientos como empresario, los cuales no representan los valores de la mayoría de los miembros de esa organización”.
Los legisladores resaltaron que Yanber presentó estados financieros maquillados a varios bancos públicos y privados para obtener financiamiento e incluso fingió ventas hasta por $30 millones a una compañía panameña ficticia, llamada Interplastic, una firma de papel que le pertenecía.
Además de hacer esas recomendaciones a la Uccaep, la comisión señaló que la Asamblea Legislativa debería regañar a las diputadas liberacionistas Sandra Piszk y Paulina Ramírez, así como al exlegislador y excandidato presidencial Antonio Álvarez, por enviar una carta a la Dirección de Tributación, en el 2016, en la que cuestionaron una supuesta divulgación de secretos comerciales de Yanber y su relación con la ficticia Interplastic.
“Se considera que este acto constituye una imprudencia en el tanto la Dirección de Tributación podría haberse sentido presionada a actuar de manera diferente en relación con intereses específicos particulares”, determinó la comisión.
Consultada sobre la mención de su nombre y los de Ramírez y de Álvarez, la congresista Piszk reaccionó molesta pues asegura que se trata de una mala interpretación de la acción que ellos hicieron, en febrero del 2016, ya que, explicó, se debió a una denuncia que recibieron de parte de Manrique Constenla, presidente de Polymer.
“Él (Constenla) nos entrega una cantidad grande de documentos, en la cual nos indica que a él mismo le llegó información de sus competidores y que no quisiera que, posteriormente, fuera al revés. Visto eso (...) escribimos esa carta a Carlos Vargas”, recordó Piszk.
Añadió que eso se dio durante la discusión de la Ley para el Fortalecimiento de la Lucha contra el Fraude Fiscal, cuando surgieron dudas alrededor de la labor de Tributación.
El informe también se refirió al préstamo de $36 millones a la firma Las Brisas por parte del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Además, dos bancos estatales también aportaron fondos.
En el texto, los diputados afirman que Alfredo Ortuño Victory, representante del país ante el BCIE, “no se inhibió para la toma de decisiones en el otorgamiento de créditos a su primo Gaspar Ortuño de la Goublaye de Menorval”, apoderado generalísimo de Las Brisas.
Para ellos, el banquero faltó al deber de probidad.
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