Pleitos perdidos por Aresep suben carga sobre tarifas
→ Obligación de instituciones se traslada a los consumidores
Los usuarios de los servicios públicos cancelarán ¢1.629 millones más este año distribuidos en sus tarifas de luz, agua, transporte o combustible, para costearle a la Aresep el pago de las indemnizaciones por condenas judiciales.
Esos cobros corresponden al canon que cada empresa de servicios públicos le paga a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) por sus tareas de fiscalización y, que a su vez, cada compañía carga a los consumidores.
En el 2017, el canon de regulación (principal ingreso de la Aresep) ascendió a ¢16.983 millones: 10,6% adicional respecto al 2016, cuando alcanzó los ¢15.354 millones.
El detalle de la recaudación por sector regulado se publicó en el diario oficial La Gaceta, el 18 de octubre del año pasado. Los pagos por indemnizaciones devienen de reclamos por errores en cálculos tarifario, los cuales motivaron 685 procesos, entre el 2007 y el 2017.
Según datos de la Aresep, de todos esos procesos, hay 340 aún en la vía contenciosa-administrativa, que podrían provocar un perjuicio económico.
Ante esta contingencia, la Autoridad empezó a alimentar, en el 2015, el llamado fondo de provisiones para litigios y demandas para encarar esas obligaciones. Esta es una de las explicaciones del crecimiento del canon en los años recientes.
La provisión permitió cancelar más de ¢4.313 millones por indemnizaciones derivadas de juicios, correspondientes al 2016 y el 2017.
Para el 2018, se estima el pago de otros ¢2.954 millones, al considerar los casos que están en trámite, precisa su proyecto de presupuesto 2018.
A agosto del 2017, de los 340 casos en sede contenciosa, había 54 con sentencia final condenatoria. De ellos, siete fueron a casación y otro se anuló en esa misma vía recursiva y se espera nueva sentencia.
Todas estas condenas y procesos pendientes se derivan de la aplicación de las llamadas “herramientas complementarias”, con las cuales Aresep estimó los pasajes de autobús antes de la entrada en vigencia de la actual metodología de cálculo, aprobada en el 2016.
De los años 2002 a 2012, las “herramientas complementarias” permitían a los técnicos de la Aresep agregar criterios adicionales a los resultados del modelo matemático para estimar los pasajes, explicó el área de prensa de la entidad.
En algunos casos, por ejemplo, quedaba una tarifa inferior a la que daba el modelo matemático, cuando dichas herramientas sugerían un recorte, al considerar en el ajuste otras variables como inflación, tipo de cambio y otras. Este mecanismo activó las demandas contra la Autoridad.
La Aresep calculó para este 2018 un presupuesto para gastos por ¢21.704 millones, de los cuales el canon representa 78%, el resto es superávit (18%) de periodos anteriores y otros ingresos del 4%.
Críticas. Silvia Bolaños, directora ejecutiva de la Cámara Nacional de Transportes (Canatrans), considera que “mucho” del canon se destina al pago de unos 300 salarios del personal de una entidad a la cual le critica una supuesta intromisión para dirigir el rumbo del sector.
Carlos Montenegro, subdirector de la Cámara de Industrias de Costa Rica, afirmó que la Aresep es clave para prevenir abusos contra los usuarios.
Considera que la regulación de servicios debería eliminar protecciones indebidas a operadores que toman malas decisiones al invertir, que luego se trasladan al consumidor.
José Miguel Masís, de la Cámara de Empresarios de Combustible, expresó que las estaciones de servicio soportan mucha supervisión e incluso la propia Cámara lo hace.
■