Justicia ‘reparte’ reos entre cárceles menos sobrepobladas
→Ministerio alega que acerca reclusos a familias para bajar gasto administrativo →Defensoría de los Habitantes no ve en movilizaciones una solución al problema
De las 17 cárceles del país, 11 tienen cierre técnico; es decir, ni un solo reo más puede ingresar a esos centros.
La orden fue emitida por un juez debido a la sobrepoblación que enfrentan. Para marzo, por ejemplo, ocho de las prisiones cerradas tenían una sobrepoblación mayor al 20%, y en uno de los casos llegaba al 86%.
Semejante situación, conocida como hacinamiento crítico, es la realidad que encaran las cárceles de San Sebastián, en San José; Luis Paulino Mora, en San Rafael de Alajuela; Liberia, San Carlos, Puntarenas, Limón, Pococí y Cartago.
En las tres restantes, el número de reclusos supera su capacidad, sin que se considere crítico. Es el caso de los penales Antonio Bastida, en Pérez Zeledón; Gerardo Rodríguez y La Reforma, ambas en la localidad de San Rafael de Alajuela.
Ante esas diferencias, el Ministerio de Justicia y Paz decidió “repartir” la crisis al distribuir reos de las cárceles con situación crítica a aquellas que no lo están.
La cartera aplicó la medida aun y cuando implica “desacatar” las órdenes de los jueces ejecutores de la pena.
“El hacinamiento ha recaído más en algunos centros que en otros y, para mí, ese fenómeno debe ser distribuido en todas las prisiones”, manifestó Heriberto Álvarez Cantón, director del Nivel de Atención Institucional de la Dirección de Adaptación Social, entidad que maneja las prisiones.
Esos movimientos de reos desencadenaron que para el 19 de abril las cárceles Antonio Bastida, Gerardo Rodríguez y La Reforma ya sobrepasaran, por la mínima, lo que se considera como hacinamiento crítico.
“Esto se trata de aprovechar todos los espacios que tengamos”, justificó Álvarez.
La medida se toma en un momento en el que el hacinamiento ronda el 25% con base en la capacidad instalada.
Para Róger Víquez, director del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) –adscrito a la Defensoría de los Habitantes–, aunque el hacinamiento está “muy disparejo”, esta no es la mejor solución. Para él, estas movilizaciones no impactan la crisis, que “atormenta” al país desde hace unos ocho años. “Lo que se debería hacer es levantar infraestructura y no dar más largas a este tipo de situaciones, porque la población penal sigue creciendo y no hay edificación disponible”, dijo.
Lejos de la casa. Los movimientos intracarcelarios se dan, de momento, bajo un criterio: acercar a los reclusos a la zona de donde son originarios.
“Las órdenes judiciales de cierre nos ha dificultado ubicar a las personas en el contexto social al cual pertenecen. Me he encontrado gente de Limón en San Carlos y eso los aleja del grupo familiar”, añadió.
Así, con la medida, además de mejorar el apoyo familiar, Justicia también pretende reducir gastos administrativos.
¿Por qué? Porque cuando una persona está privada de libertad, recibe un plan de atención técnica que busca su reinserción a la sociedad y son los funcionarios carcelarios los que deben darle apoyo.
Sin embargo, ese plan requiere desplazarse hasta el entorno al que pertenece el interno.
Entonces, si un limonense está recluido en la cárcel de San Carlos, los funcionarios de ese centro deben viajar hasta Limón para hacer la valoración.
“Son recursos institucionales y, aunque ahorita no pueda decir a cuánto ascienden estos gastos, sí le puedo decir que es costoso. La idea, además, es hacer los procesos más ágiles y expeditos”, concluyó.
Róger Víquez coincidió en que los desarraigos afectan a la persona y al sistema.
■