Tardamos hasta 7 años en resolver casos de competencia desleal
→Operadoras de pensiones y cadenas farmacéuticas figuran entre las denunciadas →La OCDE y el BID critican lentitud y el que haya sectores desprotegidos
La resolución de denuncias por competencia desleal en el mercado local se tarda hasta siete años en algunos casos y supera un promedio de tres años, lo cual afecta no solo a empresarios, sino también a consumidores, de acuerdo con la OCDE y el sector privado.
La tarea de zanjar diferencias recae sobre la Comisión para Promover la Competencia (Coprocom), órgano adscrito al Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), de cuyo presupuesto depende, pero que goza de independencia en su labor.
Allí se resuelven casos de supuesta alteración de mercados mediante prácticas anticompetitivas, presentados por quienes se sienten perjudicados. Generalmente, los casos son denuncias de empresas contra otras compañías, a las cuales señalan por presunto control de mercado, por manipulación de precios o por acuerdos para mantener un valor en determinados productos.
Mientras transcurren los procedimientos, los empresarios denunciantes se ven afectados y hasta podrían salir del mercado ante la competencia desleal, coincidieron la exministra del MEIC, Geannina Dinarte, y el director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Costa Rica, Alonso Elizondo.
Los prolongados procesos comenzaron a caracterizar la Comisión. Probablemente, eso se debe a que la organización también tiene debilidades evidentes, las cuales describe el informe Derecho y Política de la Competencia en Costa Rica, realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en el 2014.
El régimen de competencia costarricense debe ser actualizado y fortalecido, concluye en general ese informe.
Los ajustes ahora son parte de las peticiones de la OCDE dentro del proceso de acceso de Costa Rica a esa organización de países. Por tal razón, hay un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa, pero tiene dos años sin avance, se quejó Dinarte, mientras persisten los plazos largos de resolución y los problemas de escasos recursos y presupuesto en la Comisión.
Largas esperas. Uno de los casos aún vigentes desde hace años es el presentado por Compañía Farmacéutica S. A. (Cofasa) contra la cadena Fischel. La denuncia, que data del 23 de octubre del 2011, es por supuesta concentración de mercado y aún no ha salido la resolución.
Mientras tanto, decenas de farmacias independientes pero afiliadas a Cofasa, luchan por mantenerse en el mercado, a la espera de una resolución del caso, según manifestó Douglas Alvarado, representante legal de la empresa denunciante.
Otro caso conocido es el de la denuncia de la Superintendencia General de Pensiones contra las operadoras de pensiones complementarias, porque, presuntamente, se pusieron de acuerdo para fijar las comisiones de administración por cobrar a los clientes.
Esta denuncia se presentó el 12 de setiembre del 2004 y, cinco años después, la Comisión multó con ¢2.400 millones a las operadoras, las cuales elevaron el caso al Tribunal ContenciosoAdministrativo, y en junio del 2016, esta instancia les eliminó la sanción.
La Unidad Técnica de Apoyo de la Comisión afirmó que las investigaciones eminentemente técnicas se atrasan porque requieren de mucha recolección de información y esta tarea debe ser muy cuidadosa. En el caso de las medicinas, detallaron como ejemplo que, para llegar a una conclusión, se requiere de una indagación de precios de por lo menos 200 productos, pues hay miles en el mercado.
La investigación de la OCDE y el BID establece que una de las principales debilidades del régimen se relaciona con el gran número de mercados y sectores que están exentos de la aplicación de la ley de competencia.
Las dos instituciones también llamaron la atención acerca de mercados controlados por leyes especiales, como los del azúcar y el arroz.
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Desde hace 42 años, en el Centro Comercial de Guadalupe, la farmacia Avenida Cero comenzó a forjar una clientela fiel. Desde hace un poco más de 20, su propietario es el doctor Jorge Trejos.
La farmacia Avenida Cero es uno de los más de 600 establecimientos independientes que están integrados a la red de Compañía Farmacéutica S. A. (Cofasa). Este laboratorio les brinda algunas condiciones especiales para la compra de los productos al estar afiliados, aunque se mantienen como unidades independientes.
Pero la fuerte competencia de las cadenas de farmacias ahora tiene en zozobra a las independientes, según coincidieron Trejos y el representante legal de Cofasa, Douglas Alvarado.
El problema comenzó, narra Trejos, cuando en la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor se consideró las medicinas como un producto más, como cualquiera. Desde ahí se incentivaron, dijo, una serie de prácticas comerciales: la “docena de trece”; es decir, compra 12 y le regalo un producto. Ahora, hay hasta tres más o el tres por dos, señaló.
Según Trejos, este tipo de prácticas beneficia las grandes compras por volúmenes, que se trasladan al precio final para el consumidor. Eso, agregó, lo hacen las grandes cadenas que tienen capital para adquirir volúmenes altos. “Yo estoy en un punto donde ya invertí todo mi fondo de pensiones en el negocio para mantenerlo. Ya llega un momento en el que usted no puede seguir perdiendo o ya no tengo de dónde tomar”, confesó.
La cadena Cefa-Fischel contestó en un correo electrónico: “En Cuestamoras Salud tenemos un profundo respeto por el trabajo que realiza la Comisión para Promover la Competencia, el cual en este caso esperamos sea conforme a derecho (...)”. Por tal razón, la empresa declinó referirse en detalle al fondo del asunto en discusión.
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