Control político en el vacío
Con frecuencia, los diputados ven el ejercicio del control político para lucimiento personal y conquistar puntos electorales.
El control político ejercido por la Asamblea Legislativa siempre está a un paso del espectáculo. Con demasiada frecuencia, los diputados lo ven como oportunidad para el lucimiento personal y la conquista de puntos electorales. Por ese camino, el desprestigio de una vital función del Congreso es inevitable. Desafortunadamente, a menos de una semana de juramentada, la nueva Asamblea Legislativa da motivos para la preocupación.
Jonathan Prendas, diputado del Partido Restauración Nacional, propuso investigar el proceso judicial que culminó con el reconocimiento de Jonathan Mauri, hermano de la ministra de Deportes del gobierno recién concluido, como ganador del premio Claudia Poll, establecido por la Asamblea Legislativa en setiembre de 1997. Para el legislador, la investigación legislativa reviste particular interés porque “en la primera instancia judicial le habían dado la razón al gobierno y después ya no”.
Nadie informó a Prendas que la Asamblea Legislativa no puede investigar las actuaciones de los jueces en el ejercicio de su función constitucional. La independencia del Poder Judicial y la separación de poderes lo impiden. Además, en el proceso contencioso solo hay una instancia y, luego, el muy técnico recurso de casación.
Por último, es evidente que el legislador exigió la investigación sin leer el texto de la ley, consistente en solo seis artículos, el primero de los cuales reza: “Artículo 1.°- Creación. Créase el Premio Nacional Deportivo Claudia Poll, condecoración que el Estado ofrecerá a los deportistas costarricenses, cuyas actuaciones merezcan títulos o medallas en juegos olímpicos, torneos o campeonatos mundiales, previamente reconocidos por el Consejo Nacional de Deportes”.
Pues bien, en el 2010, Mauri logró una medalla de oro en el Campeonato Mundial Másters de Natación celebrado en Gotemburgo, Suecia. El torneo está entre los reconocidos por el Consejo Nacional de Deportes. Por si hubiera duda, el Estado no tuvo empacho en conceder el premio a Claudia Poll por su victoria en exactamente el mismo campeonato.
El jurado del premio se apartó del mandato legal cuando concedió la distinción a la nadadora y se lo negó a Mauri, quien también cumplía los supuestos de la ley. El atleta planteó una demanda en el 2013, antes de sospechar siquiera el nombramiento de su hermana. En defensa de los intereses del Estado, la Procuraduría alegó que el otorgamiento del premio es una facultad discrecional del jurado, pero la ley no dice eso y los jueces condenaron al Ministerio a entregar el premio, además de los intereses y el daño moral. En total son ¢233 millones.
La suma es enorme y la victoria en Suecia no la amerita. Cuando los diputados dotaron al galardón de una bolsa “equivalente a cien salarios mínimos del puesto de director del Servicio Civil” no se preocuparon por el financiamiento ni definieron correctamente las hazañas merecedoras de la distinción. El campeonato ganado por Mauri y Poll en Suecia no es del más alto nivel y el premio, sin considerar intereses, inflación y daño moral, era en ese momento de ¢160 millones. La irresponsable legislación fue derogada en el 2014, dos años después del reconocimiento oficial de la falta de fondos para pagarla.
Si la Asamblea Legislativa emprende una investigación, debe comenzar por examinarse a sí misma. Los responsables son 14 diputados de la comisión plena que aprobaron la ley por unanimidad al calor de la victoria olímpica de Caludia Poll, en Atlanta, un año antes, sin preocuparse por el monto y origen de los recursos y sin definir adecuadamente los logros necesarios para ganar. El presidente de aquella época y el ministro del ramo comparten la responsabilidad. La ley no habría entrado en vigor sin su acuerdo.
En 1997, gobernaba el Partido Liberación Nacional, ahora entusiasta aliado de Restauración en el empeño investigador. El informe final sería omiso si no incluyera un largo capítulo sobre la irresponsabilidad y la mala técnica legislativa, con mención de los responsables en el caso concreto. La indagación podría extenderse a otros trámites defectuosos, como la accidental eliminación del delito de piratería que obligó a un juez a liberar a la embarcación pesquera Tiuna.
El PLN no parece compartir el propósito de investigar la actuación de los jueces, pero llamará a la Procuraduría para aclarar si interpuso todos los recursos posibles. Eso podría saberlo con solo revisar el expediente. No hace falta la solemnidad de la comisión. De hecho, la representación del Estado no presentó recurso de casación. No está de más preguntar por las razones porque la ley lo exige, en principio, pero el recurso difícilmente habría logrado reescribir la ley.
Los liberacionistas tampoco parecen haber estudiado el expediente judicial o el texto de la ley antes de apuntarse a la investigación. El parentesco del nadador con la ministra les resultó indicio suficiente. Así no se ejerce el control político.
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