Gobierno promete mano dura contra coligalleros
→ Vecinos sugieren que Estado compre terreno con miras a un proyecto para la zona
CUTRIS, SAN CARLOS. Cilindros de gas lacrimógeno dentro de pequeñas lagunas de agua sucia, terrenos visiblemente desgastados donde huellas dejan al descubierto la presencia reciente de personas, oficiales camuflados entre matorrales, y pedazos de covachas en un trayecto de dos kilómetros...
Ese es tan solo un reflejo de la problemática que afecta la finca Vivoyet, en Crucitas de Cutris, San Carlos.
En ese terreno, de 805 hectáreas, cientos de coligalleros encontraron un lucrativo negocio que obligó a las autoridades a redoblar esfuerzos en los últimos meses para proteger la zona e impedir la explotación ilegal de metales.
Precisamente, como parte de estas acciones para evitar la extracción de oro, el daño al ambiente, los robos y las invasiones, el Gobierno prometió ayer mano dura contra los grupos de oreros, e implementar una estrategia integral que reduzca el problema.
Persecución. “Jugaremos al gato y al ratón, como le corresponde a Seguridad. Buscaremos, procesaremos y coordinaremos con Fiscalía las veces que sean necesarias”.
Así lo garantizó Michael Soto, ministro de Seguridad Pública, luego de una inspección que realizó ayer junto con el jerarca de Ambiente y Energía, Carlos Manuel Rodríguez, en la misma propiedad donde la canadiense Infinito Gold fracasó, años atrás, en su intento por desarrollar un proyecto de minería a cielo abierto.
Soto aseguró que en la atención de los problemas en la zona primará la vida humana, siempre y cuando se respete la autoridad. “Así como hay que velar por la vida, también se debe respetar el uniforme”, declaró el ministro.
Destacó que la situación está mas controlada ahora que el año pasado, cuando comenzaron los operativos. En aquel momento se detectaron hasta 4.000 personas en los alrededores de la finca y, actualmente, los policías de Fronteras y Fuerza Pública han visto a entre 50 y 100 individuos.
El jerarca sostuvo que el 95% de oreros son nicaragüenses, pero dijo que, lejos de ser un asunto de nacionalidad, el problema es social, por lo que tanto él como Rodríguez coincidieron en la necesidad de realizar una labor coordinada con otras entidades.
“La idea de venir acá y ver las cosas de primera mano es hacer un diagnóstico y presentarlo en Consejo de Gobierno, para hacer un abordaje integral, basados en los planes que existen y pueden alimentarse (...). Los problemas criminales del país no se van a solucionar de otra forma que no sea con abordajes integrales”, detalló el jerarca de Seguridad.
Soto hizo todas estas manifestaciones muy cerca del lugar donde, el 20 de abril, un grupo de unos 300 oreros provocó un incendio y dañó 15 propiedades privadas y el puesto policial.
Petición en análisis. Durante la visita a la finca Vivoyet, representantes de las comunidades cercanas pidieron al Gobierno comprar la propiedad y desarrollar un proyecto, ya sea turístico o policial.
Un campo de entrenamiento de oficiales del Ministerio de Seguridad, un parque geológico o el alquiler a una institución gubernamental fueron parte de las iniciativas planteadas por varios representantes regionales, como Heidy Murillo Quesada, vicepresidenta de la Federación Conservacionista de Costa Rica (Fecon).
Carlos Rodríguez, jerarca del Minae, mencionó que la idea es buena, pero que actualmente no existen recursos para hacer la compra.
“Es una opción, pero no la vemos a corto plazo; podría ser a mediano o largo plazo, pero tenemos una serie de limitaciones financieras para poder comprar la propiedad”, aseveró.
El jerarca destacó que hay opciones de desarrollo, sin depender de una actividad minera que genera repercusiones ambientales. “Si hubiéramos tenido la mina (de Infinito Gold), el daño ambiental sería 100 o 200 veces más alto que el que tene- mos ahora (...). Tenemos bastante información de costos, beneficios y oportunidades, fomentando un modelo sostenible y verde”, manifestó.
A pesar de que el daño ambiental es evidente y preocupante, por el uso de mercurio para extraer el oro, Rodríguez fue enfático al decir que la situación está bajo control y, mientras siga así, los ecosistemas se irán restaurando naturalmente.
“La naturaleza es magnífica en su restauración. En algún momento, la cobertura vegetal podrá tapar el área expuesta y formar un bosque de tamaño mediano (...). Con un voluntariado se aceleraría ese proceso”, precisó Rodríguez.
No obstante, el ministro expresó que cuantificar las consecuencias en los ecosistemas de agua dulce de la zona es complicado y que para ello requieren del apoyo técnico de otras instituciones.
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“VAMOS A REFORZAR PERSONAL PARA GARANTIZAR QUE LA PRESENCIA DE ESTAS PERSONAS DISMINUYA Y ELLOS (LOS POLICÍAS) VAN A SEGUIR ESTANDO HASTA QUE SEA NECESARIO. OJALÁ PRONTO LA PROBLEMÁTICA
’’ DESAPAREZCA.
Michael
Soto
Ministro de
Seguridad Pública