De cómo la Iglesia católica descarriló la pasada campaña electoral
En 1937, la administración de León Cortés propuso al Congreso una reforma al sistema educativo. Por esa época, el partido de gobierno, el Republicano Nacional, empezaba a dividirse en dos alas: una de corte liberal, liderada por Cortés, y otra católica, encabezada por el médico y diputado Rafael Ángel Calderón Guardia.
Conocedora de esa tensión política, la Iglesia católica, a mediados de 1937 –una vez iniciada la campaña para las elecciones legislativas de febrero de 1938– llamó a reforzar la enseñanza religiosa en el sistema educativo.
Rápidamente, el grupo de Calderón Guardia apoyó a la Iglesia. Ante la posibilidad de que la combinación de religión y política originara una crisis institucional, Cortés prefirió, según indica Carlos Calvo, retirar la reforma del plenario.
Engaño. Casi treinta años después, el clero volvió a influir en una campaña electoral: la de 1965-1966, que enfrentó a Daniel Oduber, del Partido Liberación Nacional (PLN), con José Joaquín Trejos, del Partido Unificación Nacional.
Durante esa reñida contienda, Oduber fue acusado sistemáticamente de ser comunista. Aunque la jerarquía eclesiástica no se sumó a esa denuncia, un número indeterminado de sacerdotes sí lo hizo.
Luego de perder la elección presidencial de febrero de 1966, Oduber –de acuerdo con Mercedes Muñoz– indicó: “Hasta distinguidos personeros de la Iglesia, en varios lugares del país, actuando en forma individual y contra las disposiciones terminantes de los obispos, usaron su investidura para engañar votantes campesinos diciéndoles que votar por Liberación Nacional era votar por el comunismo”.
Condiciones. Para que la intervención de la Iglesia impacte una contienda electoral es necesario que existan dos condiciones básicas: que el clero disponga de un tema que pueda ser fácilmente politizado y que la campaña se desarrolle con un alto grado de incertidumbre.
El aumento en la incertidumbre puede deberse a que la diferencia entre las principales fuerzas políticas es mínima, como ocurrió en 1965-1966, o a que la volatilidad es tan alta que las simpatías electorales pueden desplazarse de un partido a otro en períodos muy cortos.
Dado que el 62 % de la población de Costa Rica aún es nominalmente católica, la Iglesia puede, en campañas con alta incertidumbre, valerse de la fe para politizar temas que, en otras condiciones, no concentrarían la atención del electorado.
Intereses.
A partir de 1990, la hegemonía de la Iglesia ha sido debilitada por el incremento en la proporción de protestantes (25 %), de quienes se declaran sin religión (9 %) y de quienes profesan otros credos (4 %).
Simultáneamente, amplios sectores de la sociedad civil se han identificado con nuevos derechos para las mujeres (aborto en situaciones calificadas) y para las parejas no heterosexuales (matrimonio) y con las iniciativas a favor de un Estado laico.
También niños y jóvenes, desde inicios del siglo XXI por lo menos, están menos interesados en asistir a las clases de Religión y han encontrado un apoyo creciente en sus padres y madres.
Durante la administración de Laura Chinchilla (2010-2014), la implementación de la educación para la afectividad y la sexualidad golpeó todavía más a la Iglesia, al competir directamente con la enseñanza religiosa.
Fue en este adverso contexto para los intereses eclesiásticos que en el año 2016 la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó poner en vigor el decreto que regula la fecundación in vitro.
Volatilidad.
La pasada campaña electoral se caracterizó por una elevada volatilidad electoral. Tras su triunfo en la convención del PLN, Antonio Álvarez fue incapaz de incorporar a los partidarios de su principal contendor: José María Figueres.
En el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Rodolfo Piza debió enfrentar la competencia del Partido Republicano Social Cristiano, que postuló a Rodolfo Hernández con el apoyo del expresidente Rafael Ángel Calderón Fournier.
Al dividirse las dos principales fuerzas políticas, un considerable sector del electorado quedó a disposición de candidatos oportunistas, que se beneficiaron también del desencanto con el gobernante Partido Acción Ciudadana (PAC) y con el desempeño legislativo del Frente Amplio.
El escándalo relacionado con el cemento chino aumentó todavía más la incertidumbre. A finales del año 2017 ya era claro que en los comicios del 4 de febrero del 2018 no se elegiría al presidente de la República, sino a quienes competirían por ese puesto, en una segunda vuelta, el primero de abril siguiente.
Pánico.
Fue en este escenario que la Iglesia organizó un pánico moral para intervenir en la contienda electoral: llamó a luchar contra la ideología de género, un concepto marxista que ha sido reciclado por los sectores más conservadores de América Latina para combatir la educación sexual, el Estado laico y los nuevos derechos para las mujeres y las parejas no heterosexuales.
Todo sugiere que el propósito de la Iglesia era que, una vez politizados, estos asuntos dominaran la campaña electoral por el balotaje, que previsiblemente se resolvería entre el PLN y el PUSC. Sin embargo, el pánico tuvo un efecto inesperado: benefició extraordinariamente al evangélico Partido Restauración Nacional (PRN).
A medida que el PLN y el PUSC cayeron en la trampa de competir con el PRN en el campo del fundamentalismo cristiano, los sectores más educados y progresistas del electorado, pese al fuerte sentimiento antigubernamental que suele aflorar en el país al final de cada administración presidencial, empezaron a volcarse a favor del PAC.
El desplazamiento de votantes hacia el PRN y el PAC se consolidó tras un nuevo pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos favorable al matrimonio igualitario, dado a conocer a menos de un mes del 4 de febrero.
De no haber sido por la intervención de la Iglesia, probablemente el PLN y el PUSC hubieran pasado a la segunda vuelta; pero dado el descarrilamiento de la campaña, los que lo hicieron fueron el PRN y el PAC.
La Iglesia sirvió de andamio directo al PRN e indirecto al PAC, pero el más beneficiado fue el PRN, que obtuvo 14 diputaciones, que costarán alrededor de millón y medio de dólares anuales durante cuatro años, y derecho a una deuda política de unos diez millones de dólares.
Interpretaciones.
El resultado de la primera vuelta ha sido interpretado como una rebelión de las provincias costeras en contra del Valle Central y de los sectores más pobres del país en contra de las clases medias.
También se ha propuesto, a partir de comparaciones superficiales con lo ocurrido en otros países de Centroamérica y México, que las iglesias evangélicas, en algunas zonas de Costa Rica, han desplazado al Estado en materia de política social.
Aparte de que algunos de estos enfoques podrían estar afectados por la falacia ecológica, presentan el problema de que buscan en factores económicos y sociales la razón del extraordinario ascenso del PRN, en vez de considerar el impacto que tuvo el pánico moral desatado por la Iglesia católica sobre un electorado altamente volátil.
Conflicto.
Para la segunda vuelta, la contienda electoral fue la base de una intensa y polarizada confrontación, que dividió profundamente al país y será recordada, en el futuro, como uno de los principales conflictos culturales que experimentó Costa Rica en el siglo XXI.
Si un sector de la población vivió la campaña como una lucha entre civilización y fanatismo religioso, otro asumió la contienda como una batalla entre el catolicismo nacionalista, identificado con la Virgen de los Ángeles, y un evangelismo transnacional próximo a la hechicería, representado por el apóstol Ronny Chaves.
También la campaña fue vivida por algunos como un retorno al bipartidismo, al asumirse que el PRN y el PAC no eran más que avatares del PLN y el PUSC; como un enfrentamiento entre probidad (PRN) y corrupción (PAC), y como una contienda entre libre mercado (PRN) y comunismo (PAC).
Imaginario.
Sin duda, todos estos factores influyeron en el resultado electoral, pero lo decisivo fue la condición de clase. Puestas a escoger entre Fabricio Alvarado y Laura Moscoa (PRN), que hablan en lenguas de dudosa reputación, y Carlos Alvarado y Claudia Dobles (PAC), que dominan dos respetables idiomas imperiales (inglés y francés), las clases medias votaron masivamente por el PAC.
A Alvarado y Moscoa de poco les sirvió apelar al fundamentalismo religioso, a la magia, a los discursos discriminadores y a la ideología del “pobrecitico”. En términos de su formación, estaban muy lejos de representar el imaginario cultural de esas clases, que valoran altamente el estudio, el esfuerzo individual y la preparación profesional.
En contraste, Alvarado y Dobles sí podían –y supieron– presentarse a la contienda electoral como representantes legítimos del imaginario de unas clases medias, siempre desafectas a lo popular, que se compactaron en contra del PRN de manera similar a como lo hicieron, en la década de 1940, cuando se movilizaron en contra del llamado caldero-comunismo.
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El escándalo relacionado con el cemento chino aumentó todavía más la incertidumbre