Pobreza e inmadurez empujan a jóvenes a relaciones con hombres adultos
PANI atiende10.000 denuncias telefónicas mensuales
En aumento. Ministerio Público tramitó 2.200 expedientes en 2017, un 400% más que hace una década Hallazgo revelador. III Encuesta Nacional de Juventudes: 63% de mujeres entre 15 y 17 años mantiene relaciones con mayores
En un video grabado unos días antes de morir a manos de su “pareja”, un tráfico casi 40 años mayor, Crisley Martínez le rogaba que le devolviera su celular porque se trataba de un artículo privado.
Él se sentía dueño del aparato tanto como de la vida de la joven –entonces de 19 años– y con derecho a administrar ese bien personal porque él pagaba la factura telefónica.
En ese tipo de experiencias, ellas no quieren dichas uniones dispares, a las que son empujadas por necesidades económicas o por su propia inmadurez, según especialistas consultados.
Así también lo reflejan las 10.000 llamadas mensuales que recibe el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) en la línea gratuita 800-2262626 que atiende a adolescentes madres y adolescentes.
Las comunicaciones, en su mayoría, son realizadas por las mismas muchachas o sus amigos para denunciar relaciones impropias o pedir orientación.
“Eso nos da un mensaje clarísimo de que el adolescente no quiere tener relaciones impropias; los adolescentes quieren relaciones de noviazgo entre ellos mismos, haciendo las cosas que hacen los adolescentes”, afirmó Elizabeth Ballestero, gerenta técnica del PANI.
Por otra parte, el Ministerio Público atendió, el año pasado, poco más de 2.200 denuncias por el delito de “relaciones sexuales con persona menor de edad”, cuyas penas se endurecieron a partir de enero del 2017 con la entrada en vigencia de la ley 9406, conocida como legislación de relaciones impropias.
Esa cifra representa el doble de las causas tramitadas en el 2016 y es también un 400% mayor que lo registrado hace 10 años, cuando se atendieron 441 denuncias por este delito.
Los expertos creen que las cifras son mayores, pero las víctimas prefieren no denunciar.
De acuerdo con la III Encuesta Nacional de Juventudes –realizada entre finales del 2017 y enero anterior–, un 63% de las muchachas entre 15 y 17 años, mantiene una relación con una persona mayor de edad.
De ese 63%, un 52% tiene parejas entre los 18 y 24 años; el 3,8% “anda” con hombres de entre 25 y 29 y en el 6% la edad de sus compañeros oscila entre 30 y poco más de 35 años.
La consulta también reveló que un 25% de los jóvenes dijeron que su pareja les revisa el celular, al consultarles sobre situaciones que se presentan constantemente.
De acuerdo con el PANI, de los 14.000 nacimientos de adolescentes madres que hay cada año en el país, un 88% son producto de relaciones con hombres mayores.
Razones. Pobreza, inmadurez, y patrones culturales aparecen como las causas por las cuales estos vínculos no disminuyen, aunque haya una ley que lo castigue, coinciden profesionales que atienden tales casos.
Para Ana Hidalgo, coordinadora del área de Violencia de Género del Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu), el espíritu de la legislación que entró en vigor en enero del año pasado, es combatir esa “naturalidad” con que se ven este tipo de relaciones de abuso de poder y violencia sexual.
“Como todas las leyes, tiene un objetivo punitivo sancionatorio, pero sobre todo un objetivo de cambio de un patrón de la cultura que utiliza la ley para mandar un mensaje diciendo ‘esto no está bien, esto atenta contra los derechos humanos de las menores edad’.
”Cuando tuvimos el caso del jefe de tránsito, nos dimos cuenta de que era una relación que todo el mundo conocía, que la institución de tránsito conocía, que la familia sabía y no hacía nada; entonces no había nada que hacer porque era “tan normal”, que entonces nadie hace nada”, agregó.
Según Hidalgo, en la mayoría de estos casos, hay un “aprovechamiento de las condiciones de vulnerabilidad” de las menores, tanto en el aspecto económico como de su madurez.
“Una muchachita de 12 años no sabe nada del amor; estos hombres que pueden llevarle 20 años terminan seduciéndolas y no hay nadie que les ponga límites, que les diga que a los 12 años tienen que terminar de estudiar, no tiene que emparejarse e ir a tener hijos (...). Una chiquita de 12 años no puede estar vinculada a una relación de vida matrimonial, conyugal para la cual no está ni física ni sexualmente apta” , puntualizó.
En otros casos, estas uniones se dan por el favorecimiento de las familias, para que “salgan de la casa” porque creen que ese emparejamiento representa la posibilidad de una mejor condición económica, dijo Hidalgo.
“No se tienen en mente los derechos de esa niña. Esta persona tiene derecho a estudiar, disfrutar de su niñez y de su juventud, tener sueños y expectativas y no pensarlas en ir a satisfacer las necesidades sexuales de un hombre y además a tenerle hijos”, enfatizó.
Hay otras experiencias ligadas a violencia sexual porque esos sujetos no se limitan a “pretenderla” sino que abusan sexualmente, y en ocasiones terminan con un embarazo temprano, que obliga a la niña a permanecer con su agresor.
En abril, trascendió la situa-
+info 25% de jóvenes aseguran que pareja les ha revisado celular D ALDEA GLOBAL P. 12
ción de una menor de 13 años, embarazada, a quien su agresor de 58 trató de matar. El abuso habría comenzado desde que ella tenía nueve años.
Por ese hecho fue detenido un expolicía como presunto responsable del abuso, al tiempo que se investiga la conducta de la madre, por no cumplir con el deber de protección de su hija.
Hidalgo cree que en las relaciones impropias también es común el agravante de la violencia doméstica.
“Si a una mujer adulta le cuesta tanto defenderse frente a la violencia de otro hombre adulto, imagínese a una muchachita de 15 años, ¿cuáles herramientas tiene para defenderse?”, se cuestionó.
Por tal razón, no es casual que las tasas de feminicidios más altas se den entre los 16 y 35 años y, además, en zonas con mayores índices de pobreza.
Difícil intervención.
Las denuncias que atienden las autoridades judiciales pueden llegar por diferentes vías.
Según la Fiscalía Especializada de Género, es recurrente que los padres y madres de familia, así como las mismas personas menores de edad, representantes de centros de salud, escuelas, el PANI, Tribunal Supremo de Elecciones y otras entidades interpongan acusaciones por ese tipo de delitos.
En cuanto al Patronato, cuando recibe la alerta, el proceso, además del trámite penal, incluye una intervención porque el fin principal consiste en proteger a la menor.
Buena parte de las llamadas ingresan por la línea de atención de adolescentes.
“Algunas veces llaman y dicen ‘es que tengo una amiga que está pasando por esto’, y ya las colegas saben que tiene que profundizar porque posiblemente se trata de ellas mismas; entonces se procura dar contención; se le dice lo que puede hacer y se le invita a que llame de nuevo o acuda a la oficina, o bien se le pide la dirección para hacer una visita”, explicó la funcionaria.
Ballestero detalló que cuando reciben una denuncia, se efectúa una investigación preliminar que puede ir desde entrevistas hasta visitas a los centros educativos, centros de salud y familiares para determinar si la menor cuenta con factores protectores, o si más bien se halla en un riesgo, que requiera su salida del lugar donde habita.
Muchas veces, esto se hace incluso en contra de la voluntad de la menor de edad, agregó.
Ana Hidalgo, del Inamu, estima que a ley aún le falta eficacia. En su criterio, además del cambio cultural, también se debe trabajar con los funcionarios a fin de que se persiga y se aplique la legislación.
En escuelas. Otro de los actores que participa en este tipo de procesos, principalmente desde la prevención, es el Ministerio de Educación Pública (MEP).
Kattia Grosser, directora nacional de Vida Estudiantil, informó que desde que empezaron a difundir la legislación dentro del programa pedagógico de la cartera, han aumentado las denuncias desde los centros de enseñanza.
El año pasado, el Ministerio tramitó 21 casos y en lo que va del 2018 han intervenido en siete situaciones.
De acuerdo con Grosser, eso también les permite determinar regiones con mayor vulnerabilidad. Hasta ahora, la zona sur es donde han detectado más situaciones de riesgo.
La funcionaria dijo que cuando se habla de estas disparidades no hay una edad específica con mayor peligro. Incluso, han atendido casos con niñas de 12 años en adelante. ■