Lucha contra pobreza sin capitán desde hace 24 años
→ Documento señala deficiencias que les restan eficacia a los programas sociales
La falta de una rectoría que articule los programas sociales, al igual que la definición de políticas firmes, son dos de las principales falencias a las que alude un informe de la Defensoría de los Habitantes, como causales de que la pobreza lleve más de 24 años estancada.
Dicho informe señala que, desde 1994, la rectoría del sector social ha pasado por distintos ministerios e incluso la Vicepresidencia de la República, sin que se logre un ordenamiento que permita que la atención se vea reflejada en los índices de pobreza.
Además, ese mismo desorden provoca que en muchas ocasiones se repitan atribuciones y responsabilidades, por el traslapo de leyes y decretos que definen esas funciones.
“Recursos hay. La otra pregunta que falta es: ¿lo estamos haciendo bien? Eso nos lleva a revisar la institucionalidad, que en materia del sector social es robusta, pero es atomizada, fraccionada, sin una articulación que permita alinear las instituciones y los problemas sociales efectivos, para que tengan el efecto deseado, que es la superación de la pobreza”, explicó el defensor adjunto, Juan Manuel Cordero.
El funcionario apuntó que, pese a que se invierte casi el 25% del producto interno bruto con ese objetivo y que actualmente hay unos 46 programas sociales, el país mantiene un 20% de su población en pobreza básica y un 6% en pobreza extrema.
Actualmente, la dirección del sector recae jurídicamente en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, según lo establecido en su ley orgánica. Sin embargo, durante más de 30 años ha coexistido con otras.
Estructura limitada. En el caso de la administración anterior, la rectoría fue asignada vía decreto al presidente ejecutivo del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), como ministro sin cartera de Desarrollo Humano y Bienestar Social, condición que precisamente le resta la estructura necesaria para comandar el sector.
“(...) Ese ministerio rector sin cartera ha carecido de los recursos legales y administrativos para cumplir su alto mandato”, especifica el informe.
El defensor adjunto añadió que otro problema radica en que existen programas sociales sin la adecuada difusión, por lo que los recursos no se aprovechan. AYUDAS EN 24 AÑOS Formula el
Crea Concreta
Crea 1998-2002 RODRÍGUEZ ECHEVERRÍA Formula Establece 2002-2006 PACHECO DE LA ESPRIELLA Crea 2006-2010 ARIAS SÁNCHEZ Incrementó
Creó Reformó
Reformó 2010-2014 CHINCHILLA MIRANDA Impulsó Impulsó 2014-2018 SOLÍS RIVERA Incorporó
Mientras, en otros casos, la oferta institucional está tan atomizada que se dificulta que quienes la necesitan puedan acceder a dichas ayudas.
Por ejemplo, una familia en necesidad extrema debe acudir a más de cuatro entidades y completar un sinfín de requisitos para contar con apoyos básicos, como un bono de vivienda, una beca escolar o un subsidio económico.
“Comprendemos que haya instituciones especializadas en la materia, no se pueden fusionar, pero sí que haya una simplificación de trámites para la gente menos favorecida. ¿Por qué solo hablamos de simplificación para la empresa y no para la gente a la que le resulta más caro?”, dijo Cordero.
Excesos. Asimismo, este trabamiento también se presta para abusos.
En este caso, uno de los esfuerzos dirigidos a evitar filtraciones y procurar que las ayudas lleguen a quienes lo requieren, radica en el Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios (Sinirube), cuya finalidad es centralizar las bases de datos relacionadas con programas sociales.
Dicha plataforma se está desarrollando desde hace más de cuatro años y actualmente solo ha podido integrar la información de siete instituciones, de cerca de 18. Sin embargo, en la administración anterior, el IMAS defendió que se trataba de las bases de datos más amplias.
La Nación consultó a los jerarcas de Trabajo y Planificación, Steven Núñez y Pilar Garrido, pero sus oficinas de prensa informaron de que aún están en procesos de reacomodo luego de asumir sus cargos, por lo que no han podido analizar el informe. Tampoco se obtuvo respuesta de la jerarca del IMAS, María Fulmen Salazar.
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“LAS INSTITUCIONES QUE EJECUTAN LOS PROGRAMAS SOCIALES NO TIENEN UN ENTE RECTOR. LA RECTORÍA HA BRINCADO DE UN LUGAR A OTRO SEGÚN LA PROMESA POLÍTICA DEL MOMENTO, PORQUE NO HAY NADA QUE OBLIGUE AL GOBERNANTE DE TURNO A ASIGNAR UNA
’’ RECTORÍA FIRME.
Juan Manuel Cordero
Defensor adjunto de los Habitantes