En BCR está en juego toda la Directiva
Uno de los retos más inmediatos para el gobierno de Carlos Alvarado es definir el futuro de la Junta Directiva del Banco de Costa Rica (BCR).
El actual órgano de dirección es interino, desde octubre anterior, y el nombramiento de los siete miembros vence el próximo 31 de mayo.
La disputa desatada en el seno de los directores propietarios, por los créditos a Juan Carlos Bolaños y Coopelesca, causó fuertes cuestionamientos de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), sobre el abandono del control del BCR por parte de la Junta Directiva.
“Contrario a las mejores prácticas bancarias, esta Superintendencia ha podido constatar que, en las últimas semanas, se observa un debilitamiento del gobierno corporativo del BCR, atribuible a la gestión de su órgano de dirección”, recalcó la Sugef, en julio anterior.
Además, argumentó que si no se tomaban medidas inme- diatas la gestión de negocios del Banco se resentiría, lo cual impactaría la situación financiera y económica de la institución.
Los argumentos de la Superintendencia ocasionaron el inicio de un proceso administrativo sancionatorio por parte del Poder Ejecutivo, cuyo trámite sigue abierto contra los directores Mónica Segnini, Paola Mora y Francisco Molina.
A ellos, el nombramiento en el banco estatal se les acaba el 31 de mayo del 2022.
Casa Presidencial detalló que los procesos contra estos directores siguen abiertos y serán concluidos por el actual Consejo de Gobierno.
Además, el Poder Ejecutivo debe decidir si siguen suspendidos o pueden reintegrarse a sus funciones, antes de que finalice el proceso administrativo.
La administración de Alvarado sí podrá designar en propiedad a cuatro directores. Primero, por la conclusión del periodo de ocho años de Evita Arguedas, este mes de mayo.
Además, por las renuncias presentadas por Alberto Raven, Ronald Solís y Gustavo Araya. Solís y Araya dejaron sus cargos en octubre del año pasado; mientras que Raven lo hizo en febrero pasado.
En abril anterior, la administración Solís detalló a La Nación que el nuevo Gobierno sería el encargado de definir el futuro de los nombramientos pendientes en el BCR.
“La suspensión de los miembros de la Directiva se amplió y quedó sujeta a la resolución de los procedimientos administrativos iniciados. Esta ampliación se acordó el 13 de marzo del 2018”, detalló, por escrito, el anterior Consejo de Gobierno.
Además, confirmó, en ese momento, que el procedimiento contra Raven quedó sin efecto, luego de su renuncia.
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