En defensa del FEES
Apocos días de haber iniciado funciones la administración Alvarado Quesada, en el movimiento estudiantil surgen interrogantes sobre cuál será su posición en relación con el fortalecimiento de la educación superior pública. El deficitario estado de las finanzas públicas y las reiteradas demandas para recortar el “gasto” público encienden nuestras alarmas.
Sobre educación superior, el plan de gobierno ofrecido por el entonces candidato Carlos Alvarado hablaba sobre entablar un diálogo permanente con las comunidades universitarias y “garantizar el financiamiento de las universida- des estatales por medio del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES)”.
Un convenio firmado durante el gobierno de Laura Chinchilla y ratificado por la administración Solís Rivera establece que del 8% para la educación un 1,5% debe destinarse al FEES.
La administración anterior optó por negociar el presupuesto año con año y no plurianualmente, cercenando así toda posibilidad de planificar el rumbo de las universidades a mediano plazo.
Figuras del nuevo gobierno, como Rodolfo Piza, ministro de la Presidencia; Rocío Aguilar, ministra de Hacienda; Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central; y Edna Camacho, coordinadora del Consejo Económico Presidencial; no solo liderarán áreas clave e incidirán en las negociaciones de la Comisión de Enlace, sino que también son destacados miembros de la Academia de Centroamérica. En el 2017 este centro publicó la investigación ¿Qué produce y cuánto cuesta la educación universitaria estatal en Costa Rica?, un reduccionista informe sobre la situación de las universidades públicas.
Dicho informe omite mencionar las diversas iniciativas de extensión y acción social desarrolladas por las universidades públicas en zonas de gran exclusión y crónico abandono estatal. El informe analiza las universidades a partir de lo que “producen”, definiendo únicamente cuatro categorías: matrícula, cobertura, diplomas otorgados y carreras acreditadas. Olvidemos la criticidad, el humanismo y la integralidad en la formación del estudiantado.
Más para compartir.
Recientemente, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) re- comendó al gobierno contabilizar los recursos destinados a la atención de la primera infancia, el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y la capacitación del funcionariado dentro del 8 % del PIB para la educación.
La medida, indirectamente, generaría un recorte de recursos al sector y crearía el espejismo de cumplir la disposición constitucional del 8 %.
Según informó La Nación, en una versión sustitutiva de la reforma fiscal, el gobierno anterior acogió la propuesta de la OCDE e incluyó una modificación para que el presupuesto del INA se contemplara en el 8 % para educación. La exministra de Educación, Sonia Marta Mora, se opuso categóricamente.
No obstante, una sentencia de la Sala Constitucional indica que no debe contemplarse los recursos destinados al INA como parte del porcentaje de la producción nacional destinado a educación. Pese a esto, el editorial dominical de La Nación (6/5/2018) insistió irresponsablemente en la inconstitucionalidad de incluir el presupuesto del INA y demás erogaciones estatales dentro del 8 %.
En suma, son manifiestas las vergonzosas presiones para imponer la receta recortista aplicada a la inversión en educación pública durante los años ochenta. Recortar en educación sería, como lo ha señalado el Estado de la Nación, repetir el error histórico de dispararnos en el pie.
¿Cumplirá el “gobierno del bicentenario” el mandato constitucional para la educación pública? ElPoder Ejecutivotiene la palabra. Como estudiantes, lucharemos para que se respete la Constitución.
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Como estudiantes, lucharemos para que se respete la Constitución y no se toque el FEES