Incofer encara ocho juicios por lesiones y muertes en choques
Decenas de heridos y dos fallecidos por colisiones
Dos accidentes frontales entre trenes, dos muertes provocadas por carros de ferrocarril que arrastraron un vehículo, resbalones de pasajeros en andenes y personas heridas dentro de las locomotoras, forman parte de la lista de juicios que afronta el Incofer.
En total, la entidad encara ocho procesos judiciales por lesiones culposas y homicidios culposos.
Los accidentes más graves ocurrieron entre abril del 2016 y enero del 2018.
Se trata del choque frontal entre locomotoras en Pavas, el 8 de abril del 2016; la colisión entre dos unidades en Santo Domingo de Heredia, el 30 de octubre de 2017, y el impacto de dos carros de tren con un auto estacionado sobre la vía en San Rafael de Alajuela, el pasado 9 de enero del 2018.
En el caso de Pavas, la Fiscalía abrió una causa contra los maquinistas, dos hombres de apellidos Ramos Castellón y Castillo Pérez.
“Junto con la acusación, la Fiscalía también presentó la acción civil resarcitoria de 34 personas ofendidas que delegaron ese recurso en la Oficina de Defensa Civil de la Víctima, del Ministerio Público, para exigir una indemnización por los daños y perjuicios sufridos; así como cinco acusaciones particulares de víctimas que decidieron constituirse en querellantes dentro del proceso”, informó la Fiscalía por medio de su oficina de prensa.
Ese ente presentó la acusación por el incidente en noviembre del 2017.
Por la emergencia en Heredia, aún no hay datos sobre la cantidad de ofendidos, porque el asunto aún se investiga.
La Fiscalía de Heredia informó de que la causa sigue en indagación preparatoria. En esa fase, las autoridades recolectan y analizan prueba. Las personas investigadas son otros dos maquinistas apellidados Arias Cordero y Castillo Ramírez.
El día de ese choque viajaban 400 personas en los dos ferrocarriles que colisionaron y la Cruz Roja atendió a 100 pacientes, dos de ellos graves.
En cuanto al fallecimiento de dos personas en San Rafael de Alajuela, el Ministerio Público abrió el expediente 18-000162-0057-PE.
Las muertes ocurrieron porque dos carros de ferrocarril se desprendieron de la locomotora cuando una cuadrilla realizaba trabajos de rehabilitación de la vía férrea en esa zona e impactaron el auto de las víctimas.
Ellas fueron identificadas como Alberto Madriz Soto, de 54 años, y Ángela Mayela Abarca Calero, de 56. También resultó con heridas graves el peatón Cristian Gerardo Rojas, de 40.
Rafael Rodríguez, abogado de Rojas, manifestó que están a la espera de un informe del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para precisar quién o quiénes fueron los responsables del suceso. Rodríguez criticó que el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) no se ha preocupado por la salud de su cliente, quien es trabajador independiente y está desempleado. Según el abogado, Rojas aún sufre de fuertes dolores de cabeza, en el abdomen y en las articulaciones; además, tuvo lesiones en el cráneo producto de los golpes provocados por los carros del tren.
María Fernanda Arias, vocera del Incofer, señaló que este año reservaron ¢190 millones para indemnizaciones.
En el 2017, el presupuesto para compensaciones fue de ¢132 millones, de los cuales se ejecutó un 68% (¢90 millones). La institución añadió que trabaja en la señalización de 91 cruces ferroviarios para reducir el riesgo de accidentes y en la compra de trenes nuevos que incluirán “un moderno centro de control”.
Otros casos. En la lista de procesos judiciales que afronta el Instituto también aparecen pasajeros que sufrieron caídas en andenes, golpes dentro de trenes o lesiones provocadas por actos de vandalismo ocurridos entre los años 2012 y 2014.
Por ejemplo, en el 2012, Israel Espinoza, vecino de San Rafael de Heredia, perdió un ojo tras ser impactado por una piedra durante un recorrido del ferrocarril.
De acuerdo con el Instituto, este asunto está en casación, pero no dio detalles sobre el monto que debe pagar al afectado como indemnización.
Mario Granados, director legal del Incofer, dijo que solo tienen tres abogados para hacer frente a los ocho litigios.
La entidad tiene 441 expedientes judiciales abiertos por diferentes causas: laborales, penales, tránsito, desahucios y contenciosos administrativos.
Por esa razón, buscan contratar o pedir prestados a otra institución pública tres profesionales en Derecho.
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