Aprobado plan para bloquear señal de celular en cárceles
→ Iniciativa obliga a operadores a ejecutar medida y establece castigos si incumplen
Dentro de varios meses, ya no se podrán utilizar teléfonos celulares dentro de las cárceles, gracias a un proyecto de ley aprobado este jueves con votación unánime de los diputados, que modifica la Ley General de Telecomunicaciones.
En la iniciativa, bajo expediente 19.932, se obliga a los proveedores y operadores de telecomunicaciones a que apliquen procedimientos y soluciones técnicas para impedir el uso de celulares dentro de las prisiones.
La prohibición de que se presten servicios inalámbricos de comunicación recae en los centros penitenciarios, las unidades de atención integral, los centros penales juveniles y “cualquier otro centro de atención institucional del Sistema Penitenciario Nacional”.
Cada año, el Ministerio de Justicia y Paz, que administra las cárceles, les decomisa a los reos unos 4.000 dispositivos y, según la titular de esa cartera, Marcia González, tienen 35.000 aparatos en bodega.
Aunque ya se aprobó en su primer debate, aún falta una votación más en el plenario del Congreso, además de su envío a la Presidencia de la República, para la firma del mandatario y la publicación en el diario oficial La Gaceta.
Plazo. Una vez que entre en vigencia la nueva reforma a la Ley de Telecomunicaciones, las empresas tendrán nueve meses para adoptar y aplicar los procedimientos y soluciones con el fin de impedir que se usen teléfonos celulares en las prisiones.
Originalmente, la iniciativa solo les daba seis meses a los operadores para obedecer la ley, pero una moción del diputado Erwen Masís, jefe de fracción de la Unidad Social Cristiana, elevó ese tiempo a nueve meses, porque las empresas de telecomunicaciones reclamaron que en seis meses no tendrían tiempo de hacerlo operativo.
Además de incluir el párrafo en el que se habilita el bloqueo de celulares, también se incluye la desobediencia de la nueva obligación como una infracción, que se podría castigar con multas que van desde ¢2,1 millones hasta ¢12,9 millones (de cinco a 30 salarios base del Poder Judicial).
También, en la iniciativa se aclara que no se considerará infracción que los operadores de telecomunicaciones incumplan con las obligaciones de acceso y servicio universal específicamente en los centros penitenciarios y un radio cercano.
Pese a esto, una moción propuesta por el frenteamplista José María Villalta, aprobada por los legisladores, establece que las empresas deben garantizar que los vecinos de centros penitenciarios no sean afectados por la medida de bloqueo de señal.
El proyecto tenía ya más de dos años de trámite en la Asamblea y fue propuesto por la administración Solís Rivera.
A raíz de la aprobación del plan, Marcia González y el ministro de Seguridad Pública, Michael Soto, destacaron su importancia en el combate de la delincuencia que se genera desde los centros penitenciarios.
Soto dijo que esto tendrá implicaciones importantes sobre las grupos criminales que delinquen desde las cárceles; además, impedirá que estos se comuniquen con sus contrapartes que operan en las calles, y evitará fraudes, secuestros y que se ordenen homicidios.
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