Telefónicas se oponen a tener que bloquear señal en cárcel
Creen que Ministerio de Justicia evade responsabilidad
Grupos criminales dirigidos desde Máxima Seguridad, frecuentes estafas desde las prisiones o el tráfico de teléfonos en el que usan hasta gatos, son parte de las razones que llevaron a los diputados a aprobar una iniciativa de ley que ordena el bloqueo de señal de celulares en las cárceles del país.
Sin embargo, para el sector de telecomunicaciones, el plan, aprobado en primer debate el 24 de mayo, es un traslado de responsabilidades por parte del Ministerio de Justicia y Paz.
“El proyecto busca simplificar una solución técnica que es compleja, trasladando enteramente a los operadores la responsabilidad y obligación de bloquear la señal, ante la imposibilidad de las autoridades penitenciarias de atender su deber de evitar el ingreso de terminales (celulares) a los centros de reclusión”, señaló la Cámara de Infocomunicación y Tecnología (Infocom) en voz de su directora, Ana Lucía Ramírez.
La molestia surge, en primera instancia, porque consideran que el problema debe ser resuelto por Justicia y no por acciones técnicas en manos de operadoras de telefonía, las cuales, además, podrían afectar a los usuarios. R NOTA APARTE.
“El método cien por ciento efectivo para eliminar llamadas desde los centros de reclusión es evitando que ingresen los teléfonos celulares, y eso es obligación de las autoridades penitenciarias”, agregó Ramírez.
Para ella, el proyecto parte de la premisa de que seguirán entrando dispositivos a las cárceles y por eso traslada la responsabilidad a los operadores para que bloqueen las señales. Ese modelo se ha utilizado en El Salvador, Honduras y Guatemala.
“No existe un solo caso exitoso bajo este enfoque”, aseveró la directora de Infocom.
Seguridad. Pablo Bertozzi, director de la Policía Penitenciaria, rechazó que el plan se haya promovido porque Justicia no quiera seguir detectando el ingreso de celulares a los penales.
Al año, dijo, decomisan 4.000 celulares en las prisiones y eso demuestra “los enormes esfuerzos” que se hacen para evitar los aparatos en los centros de reclusión. No obstante, reconoció que no es suficiente, de ahí que haya reos incluso dirigiendo grupos delictivos, gracias al acceso que tienen a teléfonos.
“Lo que pasa es que lamentablemente no logramos frenarlo del todo porque los reos, las visitas y hasta funcionarios, aprovechan oportunidades para meterlos. Para nosotros es más fácil encontrarlos en los módulos, que al momento de su ingreso.
”Hay un tema que se debe entender y es por qué se da el ingreso. ¿Por qué? Porque hay señal celular”, señaló Bertozzi. A su criterio, son las empresas las que pueden dar una solución tecnológica a la problemática.
Por eso recalcó: “Nosotros no tenemos forma tecnológica ni técnica para inhibir la señal. Entonces, acabada la señal, acabado el problema”.
Además, estima que esto se trata de una contribución a la seguridad ciudadana, que debe estar por encima de los intereses comerciales.
Marvin Atencio, diputado de Acción Ciudadana en la pasada legislatura, admitió que durante el análisis del proyecto no se tomó en consideración el punto de vista de las operadoras.
“No sabría decirle por qué no se hizo, pero hubiera sido importante conocer detalles más técnicos de este proyecto”, refirió el excongresista, quien formó parte de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico que discutió la iniciativa.
Sin puntos claros. Más allá de cuestiones técnicas, Infocom apuntó que hay muchos aspectos que aún no están claros. Por ejemplo, no se establecen las obligaciones del Estado.
“¿Quién dará el eventual mantenimiento o reposición de los equipos que puedan ser dañados? En otros países, la misma población penitenciaria logra identificar y dañar los equipos con frecuencia”, mencionó Ramírez.
Para Bertozzi, el tema se resolverá con la creación del reglamento, cuya elaboración estará a cargo de Justicia, del Ministerio de Seguridad Pública y del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt). Adelantó, eso sí, que el mantenimiento también estaría a cargo de las operadoras.
“No es solo el bloqueo. Esto no es una acción de una vez y nada más. Es una acción sostenida en el tiempo mientras se necesite”, advirtió el director.
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