Primo de exjerarca del Sinart vinculado a dudosos créditos
Caso está en la Fiscalía Auditoría teme cuatro delitos en préstamos a cooperativas en que estuvo Alejandro Alfaro En cobro judicial por falta de pago Fenacoot y Coopecostarica adeudan 97% de créditos otorgados con dinero público
Un primo hermano del expresidente del Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart), Mario Alfaro, era dirigente de dos cooperativas que recibieron dudosos créditos del Infocoop, por ¢1.651 millones, que ahora están siendo investigados por el Ministerio Público.
Se trata de Alejandro Alfaro Cortés, quien dijo, en el 2016, que el Sinart, la empresa estatal que dirigía su primo, le había dado el “visto bueno” para contratarle los servicios de factoreo a otra de sus cooperativas, la Cooperativa Autogestionaria de Servicios Múltiples y Asesorías R. L. (Coopeasesorías).
Así lo consignó en un correo electrónico que envió al Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop), durante el trámite de otro préstamo por ¢600 millones en el Fondo Nacional de Cooperativas de Autogestión, que administra la primera institución.
Por esta relación, la semana pasada, el Consejo de Gobierno acordó destituir a Mario Alfaro, al tiempo que remitió un relato de los hechos a la Fiscalía por un presunto tráfico de influencias.
Protagonista. El nombre del primo del exjerarca del Sinart no solo se menciona en ese caso en el Ministerio Público, sino que también consta en la auditoría forense que la firma KPMG hizo sobre los créditos del Infocoop, por solicitud de la Junta Interventora del Instituto. Este informe fue remitido al órgano acusador hace unas tres semanas.
Alejandro Alfaro integró los consejos administrativos de la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte de Costa Rica R. L. (Fenacoot) y de la Cooperativa Autogestionaria de Servicios de Transporte en Costa Rica R. L. (Coopecostarica).
En el análisis jurídico que entregó KPMG, se concluye que con los créditos otorgados por el Infocoop a esas cooperativas se pudo haber dado la comisión de los siguientes aparentes delitos: legitimación de capitales, administración en provecho propio, conflicto de intereses y violación al deber de probidad.
Entre el 2014 y el 2016, estas dos organizaciones obtuvieron tres créditos del Infocoop por ¢1.651 millones, los cuales cayeron en cobro judicial por falta de pago. En uno de los casos no se pagó ni una cuenta. A la fecha, adeudan ¢1.601 millones; es decir, el 97% del dinero prestado.
En el momento del trámite y obtención de las líneas de financiamiento, Alejandro Alfaro aparecía como miembro de la Junta Directiva de esas dos organizaciones.
En Fenacoot era el presidente, y en Coopecostarica figuró, primero, como vicepresidente, y después como secretario.
KPMG hizo una revisión integral de los créditos otorgados a 15 organizaciones cooperativas entre el 1.° de enero del 2012 y el 31 de diciembre del 2016.
Los hechos son investigados en la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, donde ya hay seis personas imputadas y otras más que son investigadas bajo el expediente 16-000046-1218-PE.
El viernes pasado, el Ministerio Público realizó 11 allanamientos por este caso y, con base en la auditoría forense, al menos dos de estas diligencias estuvieron vinculadas con Fenacoot y Coopecostarica.
La Nación intentó obtener una reacción de Alejandro Alfaro. No obstante, remitió la consulta a su abogado John Brenes. En su despacho se manifestó que no estaba disponible.
Mientras, el expresidente del Sinart no atendió las llamadas hechas por este diario a su teléfono celular. Aparece de nuevo. En la garantía por los ¢1.000 millones prestados, Fenacoot puso a responder 21 fincas, cuyo propietario era la empresa Desarrollos Inmobiliarios Bosques de Heredia, donde figuraba como secretario Alejandro Alfaro Cortés.
Además, el representante legal de esa sociedad anónima es Wálter Cortés, quien al mismo tiempo es gerente general de Fenacoot y de Coopecostarica.
Este préstamo actualmente está en cobro judicial. El último pago se realizó en octubre del 2016. En total, se pagaron nueve cuotas por ¢34 millones; es decir, el 3,4%.