Desprotección ante emergencias
La Contraloría emitió un preocupante informe sobre los comités municipales de emergencias.
El área de Desarrollo Local de la Contraloría General de la República emitió un preocupante informe sobre los comités municipales de emergencias (CME) de Turrialba, Matina, Parrita, Upala, Sarapiquí y Nicoya. Esos organismos están a cargo de la respuesta más inmediata y cercana a los desastres en un país expuesto naturalmente a muchos peligros y, en ocasiones, empeñado en crear otros.
Los comités municipales deben prever riesgos y atender las emergencias, pero en ambas vertientes de su labor hay mucho por hacer. La Contraloría encontró descuidos en materia de prevención de peligros causados por acciones humanas y por fenómenos naturales, como deslizamientos, inundaciones, sismos, actividad volcánica y sequías.
En algunos casos, los dos factores se combinan, como sucede con las construcciones arrasadas por la corriente de ríos cuyas orillas debieron ser respetadas. En estos casos, los permisos municipales y las inspecciones de obras son la primera línea de prevención, pero informes del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos establecieron, en los últimos años, el asombroso grado de irrespeto a las normas de construcción.
En la primera decena de años de este siglo, unas 300.000 viviendas fueron edificadas sin apego a la ley y en algunos cantones el incumplimiento alcanzó el 60 %. No es casualidad el fuerte impacto de los fenómenos naturales precisamente en las áreas donde esa práctica es más frecuente.
Estudios recientes del Programa Estado de la Nación dan cuenta del escaso número de cantones con planes reguladores actualizados y el crecimiento de ciudades intermedias, como Guápiles, San Isidro y Ciudad Quesada, sin una planificación adecuada. Las manchas urbanas engullen zonas propensas a inundarse o sufrir con los deslizamientos y, en ocasiones, el propio Estado desarrolla obras en sitios semejantes.
Pero la falta de planificación del crecimiento urbano se extiende a los medios necesarios para atender emergencias. Según la Contraloría, los comités ejecutivos de los CME no están bien constituidos. En esas circunstancias, es impensable la coordinación con entidades rectoras, instituciones públicas, el sector privado y la sociedad civil. Según el estudio, ni siquiera se ejerce un control apropiado sobre el uso y resguardo de los recursos almacenados para atender emergencias.
Las deficiencias son sorprendentes a dos años de la devastación causada por el huracán Otto. Los expertos coinciden en señalar la ausencia de planificación y prevención entre las causas de los graves daños sufridos. Los cantones más afectados por aquel fenómeno están entre los que ni siquiera habían iniciado el ordenamiento territorial. En esos cantones, las zonas consideradas en riesgo de inundación apenas representaban el 40 % del área efectivamente inundada, pero aun en las zonas reconocidas como no aptas había construcciones.
En Upala, la municipalidad tuvo dificultades para ejecutar la orden de evacuación de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) y tardó en activar el comité local, aunque existía un plan aprobado para el decenio 2013-2023 cuyos lineamientos prevén el establecimiento de comités para ejecutar diversas tareas en medio de una emergencia.
Otto no nos dio la primera lección en esta materia y, si de algo podemos tener certeza, es de que no será la última. Lo asombroso es la resistencia al aprendizaje cuando conocemos tan bien las consecuencias, en todos sus dolorosos detalles. En juego hay vidas y patrimonios, grandes o pequeños, forjados con gran esfuerzo. Hace rato debimos aprender a defendernos. ■
La Contraloría General de la República emitió un preocupante informe sobre los comités municipales de emergencias
Los comités deben prever riesgos y atender las emergencias, pero en ambas vertientes de su labor hay mucho por hacer