Sala IV pone tope de 12 años a cesantía en el sector público
→Pagar más de 50% de lo que manda el Código de Trabajo es ‘irracional’, concluye →Resolución de magistrados fue sobre la convención de Bancrédito
La Sala Constitucional limitó a 12 años el tope para el pago de la cesantía en las instituciones del sector público.
El alto tribunal encontró “irracional” y “desproporcionado” reconocer más del 50% del beneficio establecido en el Código de Trabajo que es de ocho años.
En una sentencia del pasado martes 5 de junio, y difundida este jueves, los magistrados modificaron la jurisprudencia, emitida en el 2006, en la que se reconocía un beneficio laboral máximo de 20 salarios.
Esta resolución se dio cuando la integración de la Sala IV era diferente a la de los magistrados actuales.
Los jueces constitucionales también anularon la regla que permitía a un empleado público recibir el beneficio de cesantía cuando renuncie.
La Sala IV emitió todos estos principios al declarar, parcialmente con lugar, una acción de inconstitucionalidad
contra la convención colectiva del Banco Crédito Agrícola de Cartago (Bancrédito). R VEA NOTA
APARTE.
“La sentencia de la Sala obliga a las administraciones públicas a limitar el tope máximo de cesantía a 12 salarios en todos los casos en que se deban negociar o renegociar las convenciones colectivas”, dijo a La Nación
Luis Fernando Salazar, miembro del tribunal constitucional. Salazar enfatizó que el reconocimiento de cesantía de más de 12 años se consideró “irracional” y “desproporcionado”.
Mediante el Ministerio de Trabajo, el Gobierno informó de que se emitirá un criterio “responsable” sobre la resolución hasta conocer el fallo completo.
Además, los magistrados establecieron en esta sentencia que en los casos de reestructuración, transformación o cierre de entidades públicas, el pago de cesantía que se acuerde no puede exceder un tope de 12 años.
La Sala también dictó –en el caso de Bancrédito– que es inconstitucional usar fondos públicos para el pago de servicios funerarios cuando fallece un trabajador, o para financiar la fiesta de fin de año, así como actividades sociales y deportivas.
El cuestionamiento contra la convención de Bancrédito fue presentado, el año pasado, por los entonces legisladores libertarios Otto Guevara, Natalia Díaz y José Alfaro.
Otros casos. Actualmente, hay 27 entidades públicas que reconocen en sus convenciones co- lectivas y estatutos laborales el pago de cesantía por encima de 12 años.
De este grupo, hay 19 instituciones que pagan un beneficio laboral de 20 salarios cuando el trabajador se retira.
Entre ellas destacan el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva), y la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL).
En el ICE, el Estatuto de Personal dicta que la cesantía es de 24 años, pero en la institución argumentan que aplican un máximo de 20 años.
Fernando Llorca, presidente ejecutivo de la Caja, alegó desconocer los detalles del fallo. “Todos los alcances que tenga sobre la CCSS y su normativa institucional vigente serán valorados. Si corresponden eventuales modificaciones, serán llevadas a Junta Directiva para su análisis y consideración”, manifestó.
En el grupo de 20 salarios reconocidos están los bancos Nacional (BN), de Costa Rica (BCR) y Popular.
En el caso del BCR se modificó, en el 2015, la fórmula para estimar la prestación laboral.
Por escrito, el Nacional informó de que, actualmente, negocian con el sindicato la convención colectiva, y analizarán cada uno de los temas que conforman dicho acuerdo laboral.
También, hay nueve municipalidades, entre las que destacan la de San José, Alajuelita, La Unión, Puntarenas, Limón y Liberia, entre otras.
En el Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR) y el municipio de Desamparados, el beneficio es de 18 y 16 años, respectivamente.
Con 15 años de cesantía reconocidos están el Instituto Nacional de Seguros (INS), la Universidad de Costa Rica (UCR) y la Universidad Nacional, así como los gobiernos locales de Heredia, Cartago y Golfito.
Elian Villegas, presidente ejecutivo del INS, confirmó que estudiarán la sentencia de la Sala IV para tomar decisiones. Esta entidad redujo, en enero del 2016, de 20 años a 15 años el pago de cesantía, pero solo para los nuevos empleados.
Geovanny Díaz, vocero del Ministerio de Trabajo, comunicó que el Poder Ejecutivo no adelantará ningún criterio sobre el fallo hasta conocer el texto íntegro del tribunal.
Por otro lado, en el sector municipal hay 50 convenios que deben discutirse. “Todos los acuerdos que tengan afectación en el erario deben negociarse a la baja porque así se estableció en la directriz ejecutiva”, sostuvo el vocero de Trabajo.