Fiscala y ministra piden detener votación de plan
Solicitan eliminar incisos sobre terapia para agresores de mujeres
El Proyecto de Ley de Justicia Restaurativa está a punto de ser aprobado en el Congreso, pero tanto la fiscala general, Emilia Navas, como la ministra de la Condición de la Mujer, Patricia Mora, pidieron a los diputados apretar el freno.
Ellas plantearon dudas sobre este plan que permite a personas que hayan cometido por primera vez ciertos delitos, reparar o compensar el daño por medio de medidas económicas, socioeducativas o terapéuticas y servicio comunal.
Desde el 2012, el Poder Judicial tiene un plan que permite a ciertos imputados acogerse a planes restaurativos en vez de recibir condenas penales convencionales, como es ir a prisión. Sin embargo, con la ley se pretende institucionalizarlo.
Pero Navas y Mora piden que la iniciativa se cambie para evitar que fondos del presupuesto del Ministerio Público se dediquen a dar terapia a agresores de mujeres.
La solicitud la hicieron a los diputados de la Comisión Plena Primera del Congreso, que tiene potestad de aprobar leyes. El texto ya está listo para ser votado en segundo y último debate, por lo que los pedidos de Navas y Mora implican devolverlo a la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, que lo había dictaminado, con el fin de incluirle las modificaciones.
Observaciones. Ellas solicitan eliminar varios incisos que ordenan crear una Unidad de Atención en Justicia Restaurativa en la Oficina de Atención a la Víctima del Delito de la Fiscalía, que tendría a su cargo atender a las mujeres agredidas.
Tal unidad, según el proyecto, daría servicios en atención de masculinidad “para las personas ofensoras usuarias de justicia restaurativa, a fin de que se puedan establecer, en los acuerdos restaurativos, condiciones socioeducativas para el abordaje de las causas y detonantes en los delitos de penalización de la violencia contra la mujer”.
“Es una oficina cuyo propósito es el de atender a las víctimas que han sido agredidas y que cuenta con recursos limitados. Esto se debió a un error legislativo e incumple claramente lo que el Estado costarricense ha firmado en cuanto a instrumentos internacionales, puesto que estaría distrayendo recursos escasos”, expresó Mora.
Contradictorio. La fiscala sostuvo que el proyecto es contradictorio, porque, por un lado, excluye de la posibilidad de la justicia restaurativa a agresores sexuales de mujeres y domésticos, aunque, por otro, exige que la Oficina de Atención de la Víctima les dé tratamiento.
En una carta a los jefes de fracciones legislativas, la ministra Mora pide que se devuelva el texto a la comisión dictaminadora para eliminar esa disposición en el artículo 55.
Navas, por su parte, se reunió con los miembros de la Comisión Plena Primera y les entregó un documento en el que les sugiere una redacción alternativa, donde se elimina lo referente a los equipos psicosociales especializados en género y la atención en masculinidad.
A favor. Doris Arias, magistrada presidenta de la Sala Tercera y promotora del proyecto, pide a los diputados que se proceda de una vez con el segundo debate.
“Este delito obliga a que también trabajemos con el imputado, para prevenir que lo sigan haciendo, porque gran cantidad de desestimaciones se dan porque las personas quitan las denuncias y luego las vuelven a poner. ¿Por qué las vuelven a poner? Porque no se trabajó con el imputado”, explicó Arias.
La magistrada, además, sostiene que las preocupaciones son infundadas, debido a que el proyecto deja las medidas restaurativas fuera del alcance de agresores domésticos y agresores de mujeres.
Michael Soto, ministro de Seguridad, también apoya la aprobación del plan. El jerarca visitó ayer la Comisión de Seguridad y mencionó que la iniciativa es prioritaria para el Ministerio.
La Corte dice que el plan piloto de justicia restaurativa (que cuenta con cinco equipos en materia penal y seis en materia penal juvenil) ha generado una baja del 51% en los casos abiertos en el Juzgado Penal Juvenil de Pococí y de 43% en el Juzgado Penal Juvenil de Cartago.