Gobierno de Solís le dio largas a rebaja en pensiones de lujo
Ahorraría ¢1.800 millones al año Hacienda se negaba a aplicar ley que permite cobrar ‘contribución solidaria’ a 325 jubilados Viraje en Zapote Gobierno de Carlos Alvarado, en menos de un mes, tomó decisión de tramitar el cobro
A lo largo de ocho meses y con diversas excusas, el gobierno de Luis Guillermo Solís se negó a cobrar la contribución solidaria que exige la ley a 325 pensionados de lujo del Magisterio Nacional, lo que le provoca al Estado una pérdida de casi ¢1.800 millones anuales.
Se trata de jubilados que reciben entre ¢3,8 millones y ¢11,2 millones al mes de fondos del Presupuesto Nacional.
Ellos deben aportar al Estado entre un 25% y un 75% del monto que exceda los ¢3,8 millones, según la Ley N.° 7531 de 1995 (Reforma Integral de Sistema de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio).
Entre esos pensionados, está, por ejemplo, la antropóloga de 66 años, Margarita Bolaños, expresidenta del Partido Acción Ciudadana (PAC), quien laboraba como educadora en la Universidad de Costa Rica.
En agosto del 2017, el entonces diputado Ottón Solís alertó a la administración Solís de que 325 pensionados no estaban pagando la contribución solidaria y le solicitó a Hacienda aplicar la ley y buscar los mecanismos para recuperar los montos no pagados durante los últimos 23 años.
Sin embargo, fue hasta abril del 2018, en el ocaso del mandato de Solís y después de echar mano de múltiples alegatos, que Hacienda accedió a reconocer que Ottón Solís tenía razón.
La situación dio un giro cuando, el 8 de mayo, asumió el gobierno del mandatario Carlos Alvarado, quien, en menos de un mes, tomó la decisión de cobrarles la contribución solidaria a estos pensionados de lujo y recuperar lo que no se pagó a lo largo de las últimas décadas.
Por solicitud del ministro de Trabajo, Steven Núñez, el Consejo de Gobierno le solicitó a la Procuraduría General de la República (que funge como abogado del Estado) llevar los casos ante el Tribunal ContenciosoAdministrativo, a fin de que se pueda rebajar la contribución solidaria a estas pensiones y cobrar el dinero no percibido.
Intercambio de notas. El 20 de noviembre del 2017, el entonces ministro de Hacienda, Helio Fallas, le respondió en un oficio al legislador Solís que su cartera no había rebajado la contribución solidaria “en atención al principio de legalidad”.
También, le argumentó que la exoneración del pago de la contribución solidaria no era producto de la mala aplicación de las normas, sino en atención de “mandatos vinculantes a partir de resoluciones de jueces judiciales y administrativos”.
Fallas añadió que su petición no era viable porque se trataba de personas exoneradas mediante “actos declarativos de derechos subjetivos, revestidos de presunción de legalidad”.
En enero del 2018, Ottón Solís contestó a Fallas: “El Ministerio de Hacienda no solo no es proactivo (a partir de la nueva jurisprudencia) para acometer sus funciones irrenunciables en el manejo de las finanzas públicas, sino que podría estar incurriendo en un incumplimiento de deberes y permitiendo que se siga cometiendo un posible delito contra el erario”.
Entonces, el 16 de enero de este año, el ministro Fallas le solicitó criterio a la Dirección Legal del Ministerio de Hacienda. Y, el día 18, le envió un nuevo oficio al legislador en el que le manifestó que la administración Solís y él compartían la preocupación en relación con el gasto público.
Luego de una consulta de Fallas, la Procuraduría se pronunció en marzo pasado y fue, en abril de este año, que Fallas reconoció que la solicitud de Solís sí se podía ejecutar. En los oficios C-042-2018 y OJ-028-2018, la PGR consideró que ese grupo de jubilados del Magisterio Nacional no se encontraba exento de la contribución especial.
El exministro dijo que Hacienda fue diligente ante las solicitudes de Ottón Solís, pero que había sentencias que cumplir y que la burocracia del Ministerio, en la recepción y contestación de oficios, sumó varios meses al proceso.
Por su parte, la expresidenta del PAC dijo: “Soy una de esas personas y sí estoy de acuerdo con pagar ese impuesto, sí apoyo que quiten esa exoneración. Me pensioné en el 2009, ocho años después del tiempo legal. Para entonces, quienes se pensionaban siete años después, tenían derecho a solicitar la exoneración de ese impuesto. Entiendo que la Jupema (Junta de Pensiones del Magisterio Nacional) lo hacía de oficio”.
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