Sí a penas alternativas para delitos menores
→ Comisión votó en segundo debate con apoyo de 18 de 19 legisladores
La Comisión Plena Primera de la Asamblea Legislativa aprobó este lunes, en segundo debate, el Proyecto de Ley de Justicia Restaurativa que facilitará que quienes cometan delitos menores cumplan medidas “restaurativas” en vez de condenas convencionales.
Mediante este mecanismo se pueden resolver delitos sin violencia contra las personas, como conducción temeraria, descuido de animales, delitos culposos, hurtos, lesiones leves o estafas menores.
Quedan excluidos del todo los delitos de crimen organizado y aquellos en los que media la violencia, como las agresiones contra las mujeres.
La iniciativa fue aprobada de forma casi unánime, con el apoyo de 18 de los 19 diputados que conforman esa comisión. El único voto en contra fue el de Wálter Muñoz, del Partido Integración Nacional (PIN).
Esa agrupación intentó posponer la votación del plan al presentar una moción para que se le diera audiencia a un grupo de personas que se identificaron como representantes de víctimas.
No obstante, los diputados de Acción Ciudadana (PAC), Liberación Nacional (PLN), Restauración Nacional (PRN) y el Frente Amplio (FA) prefirieron proceder con la votación.
Los tres congresistas del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) respaldaron la propuesta del PIN, pero finalmente votaron a favor del proyecto de ley.
¿Qué es? La nueva legislación oficializa un programa de medidas alternativas que ya tiene en ejecución el Poder Judicial en tres modalidades: penal, penal juvenil y en el tratamiento de adicciones a drogas.
Las medidas restaurativas van desde donaciones a las víctimas o a instituciones sociales; trabajo comunitario, abordajes socioeducativos para reinserción social o terapias de desintoxicación en entidades como el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA); esto, en el caso de los delitos ligados al consumo de drogas.
No obstante, para que un ofensor se pueda acoger a esta alternativa, la víctima debe estar de acuerdo.
En opinión de Doris Arias, magistrada presidenta de la Sala III, ese es el mayor beneficio de la nueva ley.
“Las víctimas podrán participar en los procesos, porque las víctimas, hasta ahora, son solo testigos. Ahora adquieren un papel protagónico en el proceso, no es un tema de que los imputados vayan o no a la cárcel, porque eso ya se hace”, dijo Arias.
De acuerdo con la magistrada, quien durante años impulsó este proyecto, la aprobación de la nueva ley le permitirá al Poder Judicial extender el programa a todo el país, aunque días atrás también resaltó que la ley generaría ahorros futuros por ¢4.600 millones.
Críticas. La iniciativa fue aprobada a pesar de fuertes reparos emitidos por la fiscala general de la República, Emilia Navas, y por Patricia Mora, ministra de Condición de la Mujer.
Las jerarcas pidieron a los legisladores enmendar lo que señalan como una ambigüedad que contiene el texto aprobado, el cual, según sostienen, abriría la puerta para que los agresores de mujeres pidan que se les otorguen medidas restaurativas.
La contradicción radica en que, aunque el texto especifica que las agresiones contra mujeres no se pueden resolver por la vía de la justicia restaurativa, en artículos posteriores se señala que la Unidad de Justicia Restaurativa va a atender a las víctimas de violencia doméstica y delitos sexuales.
José María Villalta, diputado del Frente Amplio, reconoció que tal dicotomía es un error de redacción, y anunció que preparará un proyecto de ley para enmendar esa falencia.
Para Villalta, es más el valor del proyecto, por las posibilidades que abrirá para la reinserción social de los ofensores.
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