Alcalde afronta 21 acusaciones entre ellas, abuso sexual
Fiscalía le imputa decisiones contrarias a la ley, peculado y abusar de funcionaria
Un total de 21 presuntos delitos están incluidos en la acusación que el Ministerio Público notificó ayer Marco Antonio Jiménez Muñoz (55 años), quien es alcalde de Nicoya desde el 2011.
Entre los cargos están un supuesto abuso sexual y seis prevaricatos. En esta última conducta incurre un funcionario cuando emite una resolución contraria a la ley o sobre la base de hechos falsos.
A Jiménez también se le acusa por peculado, concusión y falsedad ideológica.
La Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción de Guanacaste imputa en esta misma causa a otros tres funcionarios públicos y a una abogada particular.
Tres abusos. A Jiménez se le atribuyen, entre otros, tres abusos sexuales cometidos aparentemente contra una funcionaria municipal, y dos delitos de abuso de autoridad por clausurar, ilegalmente, una construcción del Ministerio de Justicia en Nicoya.
La acusación por los delitos de prevaricato se relacionan con el nombramiento de una persona en una plaza vacante.
Tras conocer la acusación, la Procuraduría General de la República (abogado del Estado) y otros ofendidos cuentan con tres días para decidir si presentan una acción civil resarcitoria, una acusación particular o cobran por daños .
Ileana Mora, fiscala general subrogante, informó de que, con base en el Código Procesal Penal, se comunicó lo resuelto a la Procuraduría, pues es la entidad representante de las víctimas cuando se trata de delitos funcionales del municipio.
Explicó que el Estado, además de actuar como querellante, puede cobrar cualquier daño económico o perjuicio que haya sufrido la Administración con motivo de los delitos que cometa el funcionario público.
Si la Procuraduría u otro representante de las partes ofendidas decide interponer la querella y la acción civil resarcitoria, debe decidirlo tres días hábiles después de la notificación. Luego tiene otros diez días hábiles para interponer la acción.
A raíz de esta pesquisa, el alcalde, postulado por Liberación Nacional, cumple desde hace un año medidas cautelares.
Más acusados. La Fiscalía también acusó a un hombre de apellidos Montero Quirós, quien, al momento de los hechos, era funcionario del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae).
A él se le atribuye un delito de concusión y uno de peculado de uso; es decir, por aparentes cobros en beneficio propio y el hurto de bienes públicos cuya administración le fue confiada.
Otro de los acusados es un trabajador del Departamento de Bienes Inmuebles y Valoración de la Municipalidad, de apellidos Guillén Brenes, por falsedad ideológica agravada.
El Código Penal de Costa Rica establece que la falsedad ideológica consiste en insertar o hacer insertar en un documento público declaraciones falsas. La pena por ese delito es de uno a seis años de prisión.
La abogada incluida en la acusación de la Fiscalía trabaja de forma particular.
Es de apellidos Mora Benavides y debe responder por cuatro delitos de pago irregular de contratos administrativos.
Otra mujer de apellidos Briceño Cárdenas, quien hacía labores de peritaje en el municipio, está acusada por el delito de falsedad ideológica agravada.
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