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El ministro de Educación Pública (MEP), Édgar Mora, les pidió a los diputados que permitan que los fondos que tienen maestros y profesores en la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional (Jupema), financien la construcción de escuelas y colegios.
La solicitud la planteó el jerarca en una comparecencia, este jueves, ante la Comisión Permanente Especial de Ciencia, Tecnología y Educación.
Hoy, Jupema administra ¢1,9 billones del Régimen de Capitalización Colectiva, dinero que solo se puede invertir en instrumentos inscritos en la Bolsa Nacional de Valores.
Para que se puedan hacer otras inversiones con esos fondos, como el financiamiento de obra pública, se requiere una modificación a la ley orgánica de la Junta, mediante la aprobación de un proyecto en Asamblea Legislativa.
Opción. En este momento está en discusión el expediente 18.888 (Reforma a la Ley N.° 7531 del Sistema de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional), el cual plantea que Jupema invierta recursos del Régimen de Capitalización Colectiva en el desarrollo de infraestructura pública y privada.
Para hacerlo, usaría las figuras de fideicomiso o contratos de concesión de obra pública, contratos de gestión interesada, participaciones en fondos de desarrollo inmobiliario, u otros vehículos legales autorizados, y de forma directa como inversionista único o parcial.
Esas inversiones no podrán exceder el 40% de la totalidad del Fondo, de acuerdo con el plan, presentado en el 2013.
“Les pido a los diputados que
permitan que los fondos de pensiones del mismo Magisterio se inviertan en infraestructura escolar. Jupema es un fondo específico del Magisterio y ellos no tienen ahorita la posibilidad de invertir (...).
”Lo ideal sería que se les permitan esquemas distintos de contratación administrativa que nos faciliten la construcción, reconstrucción, planificación y mantenimiento (de escuelas y colegios)”, dijo Mora.
Rezago. En el Gobierno anterior se dijo que la inversión en infraestructura educativa fue de ¢254.000 millones.
Sin embargo, las Juntas de Educación tienen engavetados ¢154.000 millones que son para ese fin. Esto, a pesar de que 662 centros educativos públicos tienen una orden sanitaria.
A inicios de este año, en su informe de labores 2016-2017, la Defensoría de los Habitantes denunció “que la infraestructura educativa presenta un serio problema del modelo de gestión administrativa, presupuestaria y de deterioro”.
El MEP también se ha retrasado con la ejecución del fideicomiso educativo, aprobado en el 2013 para levantar 80 centros y 23 canchas techadas; de estos, muy pocos están listos.
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