Carta de general confirma congelamiento de cuentas
El pasado lunes 11 de junio, el Concejo de Esparza conoció una carta enviada por el presidente de Alunasa, el general de División, Noel Rafael Martínez Rivero, en la que reconoce que la empresa afronta un cierre de cuentas, bloqueos y otras sanciones que, en su opinión, “parecen tendientes a lograr que Alunasa cierre sus puertas”.
“Por elementos externos, ajenos al normal desempeño de nuestras actividades, nos hemos visto involucrados en señalamientos por parte del Gobierno de Estados Unidos que apuntan a la utilización de la empresa para el flujo de capitales al margen del lícito comercio”, dice la carta del general venezolano.
El documento lo recibió Karol Jiménez, presidenta municipal, de manos de un funcionario de Aluminios Nacionales, S. A. (Alunasa), según relató a La Nación.
En abril pasado, Alunasa solicitó al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) autorización para suspender los contratos de trabajo con 230 de sus 267 empleados al alegar escasez de materia prima.
Esta compañía venezolana se dedica a manufacturar pro- ductos, como hojas de alumi- nio, a partir de aluminio importado de Venezuela, para luego exportarlos.
Según los empleados, la firma hace frente a una fuerte caída en la producción desde finales del 2017, porque recibía a cuentagotas la materia prima desde diciembre anterior. Como consecuencia, muchos trabajadores fueron enviados a sus casas.
Esta situación se reflejó, a la vez, en un brusco descenso en las importaciones de aluminio en bruto, producto del cual Venezuela es el principal proveedor. Y coincide con una baja en la producción de la industria venezolana de este mineral. R RECUADRO ADJUNTO.
La materia prima para la compañía son lingotes de aluminio importados desde Venezuela, a los cuales se les aplican procesos de fundición y colado continuo, y laminación en frío.
El Ministerio de Trabajo le rechazó a la firma la suspensión de los contratos laborales y la obligó a pagar sus obligaciones con los empleados.
Ante ello, el general Martínez alegó, en la carta leída en el Concejo de Esparza, la cual iba dirigida al presidente Carlos Alvarado: “Estos señalamientos obedecen a una acción sobre Venezuela, de tal manera que estamos en la obligación, como administradores, de ade- más elevar nuestra protesta por el atropello, aportar elementos de juicio que permitan aclarar el papel empresarial de Alunasa, para lo cual estamos dispuestos a aportar cualquier tipo de prueba, análisis, auditorías, investigación o averiguación de parte del gobierno que usted dignamente representa”.
Desde que el chavismo asumió las riendas de Venezuela, la empresa ha estado envuelta en la polémica. En el 2007, durante el gobierno de Óscar Arias (2006-2010), los 400 empleados que tenía la firma en ese momento también temieron que el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez (ya fallecido), cerrara la compañía como represalia por declaraciones de Arias sobre su gestión.
Originalmente, Alunasa fue una empresa estatal creada en 1976 y privatizada en 1990. En el 2000, la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) adquirió el 100% de las acciones y, en el 2015, pasó a formar parte de la Corporación Nacional de Aluminio de Venezuela.
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