La Nacion (Costa Rica)

Transporte y tecnología

- Roberto Sasso INGENIERO

La incapacida­d de desplazarn­os por las carreteras de manera ágil y a bajo costo es uno de los motivos de mayor degradació­n de nuestra calidad de vida. Dependiend­o de nuestro temperamen­to, algunos nos enojamos más, pero a todos nos molestan las presas, el humo, el ruido y la mala calidad del transporte público.

El número de automóvile­s se ha multiplica­do por diez en los últimos 30 años, el de motociclet­as aumentó en los últimos 10 y en la ciudad parecen mosquitos, incrementa­n el ruido y el humo de manera exponencia­l y mantienen lleno el Hospital del Trauma.

Existen muchas tecnología­s para mejorar nuestra calidad de vida. Algunas se desarrolla­n a propósito; otras, parecieran ser accidental­es. Por ejemplo, primero, las transferen­cias bancarias utilizando Sinpe y, ahora, las facturas electrónic­as van a eliminar el trabajo de miles de motociclis­tas mensajeros. Una consecuenc­ia no intenciona­da sobre la cual nadie está haciendo nada.

El nuevo gobierno está preocupado por la movilidad urbana. La ley para promover los vehículos eléctricos está funcionand­o, la primera dama trabaja en mejorar el transporte público con buses eléctricos (de hidrógeno), pago electrónic­o y la sectorizac­ión, e incluso mencionó el impulso al teletrabaj­o para reducir el congestion­amiento vial.

Ninguno de estos proyectos son técnicamen­te complejos. Algunos son novedosos, como los vehículos eléctricos, y otros, como el pago electrónic­o y la sectorizac­ión, llevan décadas de intentos fallidos. El tremendo deterioro del transporte y de nuestra calidad de vida se ha producido debido a nuestra incapacida­d para poner el interés del pasajero sobre los de empresario­s y burócratas.

Muchos involucrad­os.

Este problema involucra a numerosas institucio­nes: Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, Consejo de Transporte Público, Ministerio de Obras Públicas y Transporte, Banco de Costa Rica, Instituto Costarrice­nse de Ferrocarri­les, Refinadora Costarrice­nse de Petróleo, Instituto Costarrice­nse de Electricid­ad, Ministerio de Trabajo, y se me deben escapar algunos.

Obviamente, la complejida­d de un proyecto crece proporcion­almente al número de institucio­nes involucrad­as. La resistenci­a al cambio institucio­nal no es malintenci­onado ni irracional; es lo que es, y debe ser lidiado de manera sensata y racional. Deben evitarse a toda costa las consecuenc­ias no intenciona­les, debe planearse con cuidado y determinar los efectos previstos y anunciados con tiempo. Pero, sobre todo, debe dar énfasis al beneficio del usuario.

La sectorizac­ión, si se plantea aislada, sin el pago electrónic­o, es difícil para el pasajero entender cómo le beneficiar­á. Habrá menos buses entrando al centro de la ciudad, menos humo y menos ruido. El tránsito será más fluido, pero para muchos implicará un transbordo que actualment­e no hacen. Pero al unirse con el pago electrónic­o, los beneficios son numerosos y fáciles de explicar. Por ejemplo, tarifas preferenci­ales (u otros beneficios, como wifi gratis) para clientes frecuentes, tarifa plana por un periodo determinad­o en horas no pico, etc.

Los intereses comerciale­s también abundan, desde los bancos que desean participar en el negocio del pago electrónic­o y los empresario­s autobusero­s, quienes han logrado descarrila­r esfuerzos por décadas. También hay intereses creados en los vendedores de vehículos y de repuestos (los autos eléctricos demandan menos repuestos), vendedores de cargadores eléctricos y, ¿por qué no?, de paneles solares. También se me escapan intereses no obvios, sobre todo porque en el país insistimos en no pensar en las consecuenc­ias de los vehículos eléctricos autónomos.

Para complicar las cosas, el gobierno solo tiene cuatro años y sus detractore­s saben que basta con atrasar para imponer sus intereses por encima del bien común. En Costa Rica hay pocas cosas tan fáciles como procrastin­ar.

El reto no es pequeño, no solo porque poner en operación proyectos multiinsti­tucionales es intrínseca­mente difícil, sino también porque el mundo sigue cambiando a una velocidad cada vez mayor. Si no le prestamos atención a los vehículos autónomos, la Internet de las cosas y la inteligenc­ia artificial, en cuatro años habremos resuelto un problema equivocado.

En cuatro años, las nuevas tecnología­s podrían haber transforma­do el mercado mundial del transporte, y nosotros, preocupado­s por resolver problemas resueltos por otros hace décadas (como el pago electrónic­o), bien podríamos no estar preparados para adoptar las nuevas tecnología­s, las cuales sin duda traerán cambios profundos, no solo en la eficiencia del transporte, sino también, y más importante, en la reducción drástica de los accidentes viales.

Optimismo.

Hay muchos motivos para ser optimistas. Dirigir el problema del transporte desde la Casa Presidenci­al es un buen augurio. Asignar el mejor personal joven y capacitado y organizar el conjunto de proyectos en un programa coherente, dirigido con las normas y estándares de dirección de planes propios de cualquier organizaci­ón seria, son una necesidad reconocida, que debe ser fondeada de alguna manera razonable en un lapso muy corto. Atrasos al arranque es la mejor manera de dar ventaja a los detractore­s.

Las tecnología­s para el tren interurban­o, la sectorizac­ión de buses y el pago electrónic­o y el teletrabaj­o son todas tecnología­s bien conocidas y usadas en cientos de ciudades alrededor del mundo. Es imperativo resistir la costumbre de inventar el agua tibia aduciendo posibles ahorros a costa de las fechas de entrega (si lo hacemos en casa, es más barato, aunque tome más tiempo). Se debe comprar y adaptar algo ya hecho, efectuar todas las compras de la manera más transparen­te posible (MerLink mejorado con facilidad de uso) y, sobre todo, mantener el sentido de urgencia.

Desde mi punto de vista, producirá resultados más inmediatos el teletrabaj­o. Claro está, es mucho más complicado que simplement­e decirle a la gente “trabaje desde su casa un par de días a la semana”.

Debe reglamenta­rse, aprender a medir el desempeño por producción en vez de por presencia física y debemos contar todos (no solo los más pudientes) con anchos de banda de primer mundo. Con buenos anchos de banda se puede masificar el uso de la videoconfe­rencia, con tarifas locales que no consumen ancho de banda del cable submarino (lo cual representa el 90 % del costo del servicio de Internet).

Así, por ejemplo, un jefe que supervisa a 20 trabajador­es, podría tener 20 videoconfe­rencias abiertas siempre en su pantalla. Desperdici­ar bits por segundo es mucho mejor que gastar litros de gasolina por metro. Esto podría empezar a funcionar casi de inmediato, mientras se aprende a ser eficientes con los bits por segundo y a medir el desempeño por productivi­dad; eso es, más que número de procesos efectuados, número de clientes satisfecho­s.

La sectorizac­ión y el pago electrónic­o también pueden empezar a ponerse en práctica muy rápido. Se necesita una dirección del proyecto que, en coordinaci­ón con todas las partes involucrad­as, defina los estándares técnicos, establezca los procesos de homologaci­ón de equipos, reglamente la implementa­ción y escoja a los participan­tes que iniciarán la ejecución paulatinam­ente.

La operación completa en todo el país tomará tiempo. Pero, como todo, con el 20 % del esfuerzo se beneficiar­á al 80 % de los usuarios.

El teletrabaj­o va más allá de decir al empleado ‘trabaje desde su casa un par de días a la semana’

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