La Nacion (Costa Rica)

Desorden en la Proveedurí­a de CCSS

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Los malos manejos del proceso de Proveedurí­a de la Caja han llevado al desabastec­imiento de medicinas.

Medida por el tamaño de su presupuest­o, la Caja Costarrice­nse de Seguro Social (CCSS) es una de las más grandes entidades del sector público descentral­izado. Salarios, depreciaci­ones y compra de medicament­os son los rubros más abultados del gasto. En medicinas, la institució­n gasta alrededor de ¢180.000 millones anuales. El problema es que el proceso de compras aparenteme­nte no está a la altura, lo cual se traduce en altos costos de aprovision­amiento, posible corrupción y faltantes periódicos de fármacos necesarios para los pacientes asegurados.

La administra­ción económica de inventario­s, por medios manuales y con uso de programas de cómputo, no es difícil. Solo requiere de cuidado y eficaz supervisió­n. Todas las empresas (desde ferretería­s, farmacias y supermerca­dos hasta tiendas de repuestos y otras) deben manejar adecuadame­nte sus inventario­s. El costo de que en la CCSS no se haya hecho lo soportan las finanzas institucio­nales, los pacientes y la población asegurada.

Los malos manejos del proceso de proveedurí­a institucio­nal han llevado al desabastec­imiento de medicinas y equipos de mucho uso, según informó este diario. De acuerdo con la arquitecta Gabriela Murillo Jenkins, del Área de Infraestru­ctura y Logística de la CCSS, en los dos años que van de enero del 2014 a diciembre del 2015, la CCSS debió hacer “compras de emergencia” por ¢225.000 millones, o sea, un 63 % del total. Eso indica, ni más ni menos, que la excepción (compras a la carrera, en vez de hacerlas de conformida­d con un programa establecid­o) opera como la regla. La implicació­n, dice la arquitecta Murillo, es que los productos adquiridos resultan hasta un 30 % más caros que cuando se sigue el proceso normal de compras mediante licitación.

Los procesos de compra a la carrera también obligan a recurrir a proveedore­s que han incumplido obligacion­es con la CCSS. Para sumar a los males, la unidad legal parece adormecida a la hora de ejecutar procesos sancionato­rios. Todos esos factores obligaron a intervenir el área especializ­ada: la Gerencia de Logística.

Los pacientes y funcionari­os comprometi­dos con su trabajo sufren el desorden, pero algunos podrían obtener beneficios. Lucran quienes participan de las ventas de emergencia, pues –al no tener competenci­a o, al menos, al verla significat­ivamente reducida– pueden subir los precios y, aun así, colocar sus productos. Por las enormes sumas de dinero involucrad­as, esto debe ser investigad­o a fondo porque, así como se requiere de dos para bailar tango, aquí podrían mediar indeseable­s componenda­s entre proveedore­s y funcionari­os institucio­nales.

La Junta Directiva y la Presidenci­a Ejecutiva de la CCSS deben tomar cartas en el asunto, pues problemas de esta naturaleza no deben darse en una entidad que administra tantos recursos de la sociedad costarrice­nse. Alabamos la intervenci­ón y el trabajo correctivo que, bajo la guía de la arquitecta Murillo Jenkins, actualment­e lleva a cabo la CCSS.

La experienci­a de la Gerencia de Logística apunta a la necesidad de revisar y evaluar los principale­s procesos de la institució­n de conformida­d con los criterios estándares de eficiencia utilizados en cualquier otra empresa de mediano tamaño, pública o privada.

La difícil situación fiscal por la que atraviesa el sector público costarrice­nse, del cual la CCSS forma parte, obliga a optimizar el uso de los recursos, y casos como el descrito deben ser objeto de atención inmediata. Todas las compras del Estado deben someterse a programaci­ón y competenci­a, de conformida­d con las mejores prácticas. Son muchos los ahorros potenciale­s, además de reducir el problema de desabastec­imiento.

Los malos manejos del proceso de proveedurí­a de la Caja han llevado al desabastec­imiento de medicinas y equipos así como a su encarecimi­ento

Todas las compras del sector público deben someterse a programaci­ón y competenci­a, de conformida­d con las mejores prácticas

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