Jefa del PANI halla desorden con dinero para atender niñez
Denuncia despilfarro y desatención de menores en riesgo
Patricia Vega, presidenta del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), denunció irregularidades en el manejo de recursos que destina la entidad para atención de niños y adolescentes, así como problemas en albergues y lento trámite de casos de alto riesgo.
“Carros nuevos guardados, computadoras en bodegas, recursos para proyectos especiales con organizaciones no gubernamentales sin metas o impactos claros, servicios pagados sin haber concluido los productos” son otras de las situaciones halladas, dijo Vega en un comunicado divulgado la noche de este viernes.
En el documento informó de que las anomalías se sustentan en informes de auditoría. La situación, advirtió Vega, la obligó a revisar la inversión que se hace en albergues y en las 52 oficinas del Patronato en varios puntos del país.
La ministra resaltó que detectaron muchos casos de niños que llevan años en alternativas de protección pero con es- casa supervisión y denuncias, incluso por abusos sexuales, que tardan meses en atenderse.
Despilfarro. En la denuncia, Vega aseguró que durante los últimos años se asignaron recursos para proyectos especiales con organizaciones no gubernamentales (ONG) sin metas ni impacto claros y se pagaron servicios sin tener los productos.
“Hay 10 carros Rav4 nuevos (comprados en febrero y ubicados en La Garita de Alajuela) cuya inversión fue de ¢136 millones y 300 equipos de cómputo almacenados en una bodega (por la que se pagan ¢438.700 por mes desde noviembre 2017), cuya inversión fue de ¢133 millones”, detalló la jerarca.
Además, para este año se presupuestaron ¢732 millones para el desarrollo de iniciativas específicas desarrolladas por ONG pero que “carecen desde su inicio de un vínculo claro con el cumplimiento de una meta u objetivo, de manera que sus alcances no son claros, evidenciando debilidades para el seguimiento y control de los mismos”.
Asimismo, informes de auditoría señalaron que en proyectos aprobados en el 2016, la principal deficiencia fue la falta de definición y formulación clara para presentar presupuestos detallados, incluso hallaron que en muchos casos se repiten los objetivos para 2017 y 2018. Más irregularidades. A pesar de que las alternativas de protección son medidas transitorias mientras se define la situación de los menores, el informe de Auditoría Interna AII-005-2018, señaló que el escaso seguimiento y supervisión hacen que los menores permanezcan en los albergues por largos periodos y en condiciones irregulares.
Otro reporte detalló que las denuncias calificadas como “prioridad 1”, como se define a los casos de alto riesgo, no se atienden con urgencia. Incluso, se especifica que en el 2017 fueron identificados 52.417 menores bajo amenaza o violación de derechos, pero 41.712 fueron atendidos, por lo que no se dio respuesta a 10.705 niños, es decir, 20% quedó desprotegido.
Otra auditoría del 2017 determinó que el 27% de denuncias “prioridad 1” se atendieron en plazos que se extendieron de 30 días a un año. R GRÁFICO.
Ante esto, Vega dijo que, como primer paso, se retiraron recursos asociados a planes mal formulados y revisarán los que tienen a menores de por medio.
Además, en los albergues con problemas se inició una acción de crisis para redistribuir a la población. Según la jerarca, los casos más graves están en la provincia de Limón.
“Hay problemas serios de atención de los niños que tenemos”, admitió la ministra.
■