Policía confiscó $2 millones en drogas a reos durante el 2017
→Policía quitó 178 kg de marihuana y 36 de coca; 45.000 piedras de ‘crack’ →Mercado de estupefacientes en prisión mueve unos $8 millones cada año
El narcotráfico perdió $2 millones (¢1.137 millones) en drogas que se intentaron introducir en centros penitenciarios del país durante el 2017 y que fueron decomisadas.
El dato consta en un informe elaborado por el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) en relación con el impacto del consumo de estupefacientes en las cárceles.
Según el estudio, las autoridades se incautaron de 178 kilogramos (kg) de marihuana, 36 kg de cocaína y 44.989 piedras de crack. En total, se hicieron 4.416 confiscaciones.
Esas cantidades son superiores a las del 2016, cuando la Policía decomisó de 130 kg de marihuana, 24 kg de coca y 38.006 piedras de crack.
Para el equipo de investigadores del ICD, y tomando en cuenta los decomisos y la posible población adicta que está en los penales, se puede proyectar que, al año, en los 15 centros penitenciarios del país se podrían estar comercializando cerca de $8 millones (¢4.548 millones) en estupefacientes.
Alerta. Guillermo Araya, director del ICD, dijo que el informe se fundamentó en el tema económico con la intención de concientizar a los costarricenses sobre el hecho de que el mercado en las cárceles es importante para las organizaciones narcotraficantes.
“Basados en la teoría económica, queremos demostrar que el crimen organizado maneja este nivel de ingresos y le hemos quitado $2 millones”, advirtió Araya.
Para el director del ICD, este tipo de delincuencia debe ser enfrentada con leyes que golpeen su poderío financiero.
“Nuestro marco jurídico necesita leyes como la ley de extinción de dominio, que es un instrumento para debilitar el poder económico del crimen organizado”, aseguró.
Ese proyecto está en el Congreso, pero ha topado con muchos inconvenientes, pues se alega que contiene artículos inconstitucionales.
La ministra de Justicia y Paz, Marcia González, dijo que la información recabada es vital para definir las políticas que se giran desde su cartera.
“Estas cifras revelan un serio problema en los centros pe- nitenciarios. Es una llamada de atención sobre los hábitos de consumo de las personas privadas de libertad; (pues) estos niveles de dependencia pueden incidir directamente cuando regresen a sus comunidades, propensos a la violencia asociada a esos delitos”, argumentó. Para González, la problemática urge de la pronta aprobación de una ley para bloquear la señal de celulares en las cárceles (plan espera de segundo debate legislativo). Esto, según la ministra, limitará la operación de las organizaciones criminales en esos sitios. Asimismo, dijo que en enero se desarrollará un proyecto para atender a la población adicta que se encuentra en prisión. Agregó que esperan tratar el próximo año a unos 500 privados de libertad.
Otros hallazgos. La investigación del ICD también determinó que los sábados y domingos son cuando más decomisos se realizan. En esos días hay visita de los familiares.
Las autoridades detuvieron a 2.424 personas implicadas con el trasiego de estupefacientes. De ellos, el 79% fueron privados de libertad y el 16% visitantes.
Entre los involucrados en esas anomalías, figuraron ocho funcionarios administrativos de Adaptación Social y dos oficiales de Policía Penitenciaria.
El estudio determinó además que el año pasado fueron detenidas 380 mujeres tratando de introducir droga, algunas de ellas fueron sorprendidas cuando llegaron a visita conyugal.
La ministra González manifestó que esta cifra resulta alarmante pues se trata de un delito con un castigo de prisión.
Actualmente, 76% de las mujeres recluidas en la cárcel Vilma Curling Rivera, en Desamparados, están allí por hechos relacionados con drogas.
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