Plan busca definir tasas máximas para créditos
→Iniciativa pretende establecer un interés que se considere de usura en el país →Es la sexta propuesta de ley en esa dirección desde el 2009
Los diputados Wélmer Ramos, del Partido Acción Ciudadana (PAC), y David Hubert Gourzong, de Liberación Nacional (PLN), presentaron un proyecto de ley ante la Asamblea Legislativa para definir una tasa de usura en Costa Rica, por encima de la cual sería prohibido cobrar intereses.
Esta es la sexta ocasión, en casi una década, en que los legisladores tratan de impedir que en el país se cobren intereses considerados excesivos.
La más reciente propuesta consiste en una tasa máxima que se aplicaría a todo tipo de crédito, no importa si la entidad es supervisada o no.
En el caso de créditos en colones, se le denominaría tasa anual equivalente (TAE) y no podría ser superior a 25 puntos porcentuales de la tasa básica pasiva, que esta semana se ubica en 5,95%.
En dólares, se llamaría tasa anual equivalente en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (TID) y no podría ser superior a la tasa efectiva en dólares, que actualmente está en 2,31%, más 15 puntos porcentuales.
Estas tasas comprenden el interés nominal, los gastos, las comisiones, los intereses moratorios, las multas y cualquier otra erogación que derive costo para el prestatario.
Ramos explicó que en Costa Rica hay legislación que sanciona la usura; no obstante, no se ha definido cuál es esa tasa.
El diputado aclaró que no se trata de un proyecto de ley para regular los intereses de las tarjetas de crédito, sino que serían tasas máximas que se establecerían para todos los préstamos, tanto de las entidades que están supervisadas como las que no.
En el caso de tarjetas de crédito, según el más reciente estudio de la Dirección de Investigaciones Económicas y de Mercado, del Ministerio de Economía, a febrero pasado, las tasas de interés de tres cuartas partes de estos instrumentos oscilaron entre 40% y 50%.
Este informe calculó que la deuda total con tarjetas de crédito alcanzó, al 31 de octubre del 2017, ¢1.196.995 millones, 11% más que el mismo trimestre del año anterior y calculó una circulación total de 2.628.751 plásticos para un promedio de deuda por tarjeta de ¢455.347.
No se tiene información de créditos que otorgan empresas que solo prestan dinero o de las tiendas de electrodomésticos que también dan crédito, porque no están supervisadas.
El sexto intento. Esta es la sexta vez desde el 2009 que se intenta impedir que se cobren en Costa Rica tasas de interés que se consideran desproporcionadas o de usura. R VEA TABLA.
En el 2013, durante el Gobierno de Laura Chinchilla, el Ejecutivo presentó una iniciativa que buscaba prohibir las operaciones de crédito de empresas, supervisadas o no supervisadas, cuya tasa efectiva excediera dos veces el promedio de los últimos tres meses de la tasa de interés activa del Sistema Financiero Nacional.
En esa ocasión, el Banco Central se pronunció en contra del plan por considerar que constituía un retroceso en los esfuerzos por aumentar los niveles de bancarización de las personas.
Según la Cámara de Bancos, en un comunicado difundido en octubre pasado, en Costa Rica la bancarización alcanza el 64,5%, de acuerdo con datos del Banco Interamericano de Desarrollo.
El Central también argumentó que las políticas para controlar los precios y restringir la competencia en los mercados conducían a una represión financiera y, por ello, el proyecto podría favorecer el crecimiento de la economía informal.
Ramos insistió en que no se trata de un control de precios, sino que el objetivo es buscar una tasa de interés máxima que tenga racionalidad. Por debajo de esta, se podría definir cualquier tasa de interés.
Consultada sobre el actual proyecto, Anabelle Ortega, directora ejecutiva de la Cámara de Bancos, explicó que remitieron el plan a consulta.
No obstante, de forma preliminar mostraron preocupación, pues creen que el proyecto va en la línea de fijación de precios, política que se aplica en casos muy excepcionales y de manera temporal, según la Ley de la Promoción de la Competencia y Defensa del Consumidor. ■