¿El fin de los pactos políticos?
Hace veinticuatro años, el sociólogo guatemalteco Edelberto Torres Rivas predijo que el devenir del sistema político de Nicaragua sería la “democracia difícil”. Señaló, además, que el gran reto sería superar las fuerzas autoritarias que modelaron durante décadas el ejercicio del poder, la debilidad de sus instituciones y la ausencia de democracia en todo el comportamiento político de quienes toman decisiones.
La llamada “democracia difícil” construyó un conjunto de condiciones para asegurar el ejercicio del poder a través de acuerdos entre las élites con el fin de lograr estabilidad en el gobierno. Cada uno de estos arreglos políticos ha sufrido ciclos de auge y caída que los han ido modificando a lo largo de los últimos treinta años.
Este tipo de arreglos han marcado períodos de estabilidad a los que se les ha denominado “arreglos de cogobierno”, “pactos” y “corporativismo”, que han permitido la generación de consensos para llevar a cabo un programa, en un escenario donde están en juego diversos intereses de los grupos más importantes.
A lo largo de los últimos 28 años, tres grandes arreglos o pactos políticos han orientado el ejercicio del poder y la gobernanza en Nicaragua. El primero de ellos (1990) se llevó a cabo entre la Unión Nacional Opositora (UNO) y el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). El segundo (2000) lo protagonizaron el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y el FSLN. El tercero (2010) entre el FSLN y el Consejo Superior de la Empresa Privada en Nicaragua (Cosep).
La finalización de este tipo de arreglos se ha expresado en crisis político-institucionales, acompañadas de violencia social y fuertes presiones internas de la comunidad internacional.
Consecuencias. En 1995, el reacomodo de fuerzas generó una crisis institucional que tuvo como disparador la reforma de la Constitución de 1987. En esta oportunidad se enfrentaron fuertemente el Ejecutivo con el Legislativo. No hubo expresión popular en las calles y la violencia no tuvo una relevancia en ese momento.
Diez años más tarde, en el 2005, el rompimiento del pacto entre liberales y sandinistas se expresó en una crisis institucional que enfrentó al Legislativo con el Ejecutivo.
El disparador de las crisis fue un alza en el precio de los combustibles. La violencia social tuvo una expresión fuerte en las calles, alrededor de los centros universitarios y se exigía la renuncia del presidente de la República.
La última crisis (2018) es la actual. Tiene como disparador las reformas planteadas al Instituto Nicaragüense de Seguro Social (INSS). Nuevamente, la crisis es producto de los reequilibrios de poder alrededor de pactos políticos entre las élites.
La violencia ha sido mucho más fuerte que en anteriores oportunidades y las presiones populares han escalado a niveles nunca vistos. La crisis vuelve a enfrentar al Ejecutivo con el Legislativo y el Judicial y con sectores empresariales y sociales muy importantes.
Quizá la situación actual en Nicaragua revela no solamente el reacomodo de fuerzas políticas en torno a pactos o arreglos entre las élites, sino su fin. Lo que se juega en Nicaragua hoy es la forma como el poder se ejercerá en el futuro.
Hace 24 años, Edelberto Torres Rivas predijo que Nicaragua sería la ‘democracia difícil’
Esta nueva forma de ejercicio del poder demanda, actualmente, dos cosas: el fin de los pactos entre las élites y la salida de Daniel Ortega del poder. Esta situación es la que tiene al país en un callejón sin salida fácil y con los niveles de violencia sin precedentes que se observan.
Hace veintiocho años, dos grandes pactos permitieron que Violeta Barrios pudiera llevar a cabo su gobierno, el Acuerdo de Toncontín (negociado con la Contra) y el Protocolo de Transición (negociado con el FSLN).
Un nuevo conjunto de acuerdos parece necesario con el objetivo de encontrar salidas a temas clave como el fin del uso de la violencia por parte del Estado, el fin de las protestas sociales y los bloqueos, la reconfiguración o finalización de los pactos o arreglos entre las élites, la articulación de una agenda de transición y la salida de Daniel Ortega.
¿Seguirá siendo Nicaragua la “democracia difícil” o encontrará una salida pacífica a sus graves problemas internos? ■