BN cierra cuentas a Alunasa ante alerta de lavado de dinero
Pagos pendientes Industria de aluminio venezolana mantiene deuda con el Banco Nacional y con la CCSS Instrucción desde Caracas Fábrica en Esparza asegura que Venezuela les ordenó mantenerse ‘a cualquier costo’
El miércoles 13 de junio, el Banco Nacional (BN) cerró todas las cuentas bancarias del fabricante de aluminios Alunasa, propiedad del Gobierno de Venezuela, luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitiera una alerta relacionada con un presunto lavado de dinero mediante esta firma.
El BN, además, tomó la “decisión gerencial” de cesar toda relación comercial con Aluminios Nacionales S. A. (Alunasa), cuya sede está ubicada en Esparza, Puntarenas.
La ruptura se produjo después de que EE. UU. concluyera que el diputado constituyente Diosdado Cabello, hombre fuerte del régimen de Nicolás Maduro, utilizó a Alunasa para legitimar, en Costa Rica, dinero proveniente de actividades ilegales, en diciembre del 2016. La alerta del Departamento del Tesoro fue emitida el 18 de mayo anterior.
Diez días después, el 28 de mayo, el BN le informó al general Noel Martínez Rivero, presidente de Alunasa, de que las cuentas serían cerradas el 13 de junio. Así consta en una carta firmada por Jaime Murillo, funcionario de la Dirección de Cumplimiento del Nacional.
El Banco argumentó que el nivel de peligro de la empresa aumentó en la clasificación de clientes por riesgo de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo que aplica el Banco Nacional.
“El nivel de riesgo ascendió en razón de la siguiente publicación (del Departamento del Tesoro de Estados Unidos), que vincula a autoridades venezolanas que, en apariencia, han utilizado empresas estatales con la realización de negocios fuera del marco legal, razón por la que el Departamento del Tesoro, por medio de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), designó bloqueos y sanciones”, se lee en la nota, de la cual La Nación tiene una copia.
El BN le comunicó a Martínez que, por esa misma razón, no tramitará más créditos ni a su nombre, ni de las empresas que él representa, pero hizo la salvedad de que esta decisión no exime a la compañía venezolana de seguir pagando los créditos que contrajo con el Banco.
Tras el cierre de cuentas, la empresa mantiene una deuda con el BN por una línea de crédito revolutiva otorgada en el 2015, la cual permitía a la compañía endeudarse hasta por $2,5 millones.
Así lo confirmó Carlos Peña, encargado jurídico de Alunasa, quien no detalló cuál es el monto que está pendiente de pagar.
La garantía de ese crédito era la materia prima de la manufactura (aluminio), dijo Peña.
Sin embargo, el abogado relató que debieron ofrecer el terreno de la empresa como garantía adicional, por un valor superior a los ¢3.000 millones, cuando empezó a escasear el material por la caída en la fabricación de aluminio en Venezuela, durante la mayor parte del 2017 y lo que va del 2018.
Para ello, Alunasa constituyó un fideicomiso con el Banco Improsa, el 26 de abril pasado.
La firma del Gobierno de Venezuela, además, pretendía que el Banco Nacional le ampliara el tope del crédito hasta $6 millones, con el objetivo de cubrir una deuda con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) por el impago de cuotas obrero-patronales.
Según Peña, el monto asciende a poco más de $1 millón.
Por ese monto pendiente, la CCSS ordenó el cierre de la planta de la empresa en marzo pasado por un plazo de diez días.
Añadió que las cuentas estaban vacías al momento del cierre, pues en marzo pasado un grupo de empleados pidió el embargo de las cuentas.
Cierre de cuentas. El asesor jurídico de Alunasa aseguró que, después del Banco Nacional, el Banco BAC San José y Credomatic de Costa Rica también les cerró las cuentas a él y a otros cinco empleados venezolanos destacados en la firma.
Aseguró que, según la notificación, el cierre se hizo de acuerdo con lo que establecen la ley y los contratos de cuentas y de tarjetas de crédito.
No obstante, el abogado cree que la decisión del BN es producto de una directriz general que circuló en el Sistema Bancario Nacional a raíz de las sanciones que EE. UU. le impuso a Diosdado Cabello, tras acusarlo de obtener $800 millones por medio de corrupción, lavado de dinero y narcotráfico.
Peña también relató que, desde octubre del año pasado, la empresa empezó a notar demoras en las transferencias que usualmente recibía a través del banco JP Morgan, de Estados Unidos, de parte de clientes.
El abogado afirmó que, incluso, el Ministerio de Hacienda les hizo una inspección.
“Creíamos que era una retención contra Venezuela (...). Cuando el presidente Luis Guillermo Solís nombró una comisión de ministros para que colaboraran con nosotros, yo me
imagino que ya el Departamento del Tesoro le había dado el pitazo y seguramente ordenó que nos examinaran bien, de tal manera que la Dirección de Aduanas del Ministerio de Hacienda fue a la empresa específicamente a buscar unas BL (bill of landing, documentos de desembarque) para ver la trazabilidad de nuestros embarques y todo estaba en regla”, subrayó Peña.
Los empleados de Alunasa no reciben el pago de su salario desde la última quincena de mayo producto del congelamiento de cuentas de la empresa.
Según Peña, la falta de pago es generalizada, pues los siete venezolanos que laboran allí tampoco han recibido sueldo.
Bajo supervisión. Ante esa situación, la Administración de Alunasa les solicitó a los diputados liberacionistas Carlos Ricardo Benavides y Franggi Nicolás que intercedan ante el gobierno del presidente Carlos Alvarado, para que se busque una solución a la crisis de la empresa.
“Le pedimos a la diputada Nicolás que interviniera ante el señor presidente para una cita y poderle explicar la situación y el dramatismo que implica todo esto, para buscar la forma de que el Gobierno ponga un observador que pueda estar allá (en la planta de Alunasa) o para someternos a que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que debe tener un departamento contable, o la Fiscalía, o gente de investigación del Gobierno, vayan allá a revisar y que hagan las auditorías que les hagan falta, los movimientos contables, todo lo que necesiten; nosotros no podemos ocultar nada; es más, nuestras cuentas están con el Banco Nacional, ¿cómo podríamos nosotros hacer algo si todo está respaldado por ese Banco?”.
Benavides manifestó que en una cita de él con Nicolás, Peña, delegados de los trabajadores y el alcalde de Esparza, Asdrúbal Calvo, la empresa les comunicó que había hecho algunas gestiones infructuosas ante el Ministerio de Trabajo y que sí tenían forma de cubrir la deuda con la seguridad social.