127 víctimas de violencia piden protección cada día
Reclaman impedir al agresor acercarse a la casa o trabajo, quitarle la crianza de hijos menores o permiso de armas
Un promedio de 127 personas acuden cada día a los juzgados de violencia doméstica para solicitar medidas de protección después de sufrir agresiones o amenazas.
De acuerdo con las cifras del Poder Judicial, el año pasado ingresaron 46.383 peticiones de ese tipo. Del total de solicitantes, cerca del 80% eran mujeres y 20% hombres.
Esas medidas pueden incluir, además de impedirle al agresor acercarse a la casa, lugar de trabajo o estudio de la víctima, prohibirle que porte armas, quitarle la guarda crianza de los hijos menores de edad e incluso fijar una obligación alimentaria en favor de las víctimas, si se demuestra que estas dependen de él.
Así lo establece la Ley contra la Violencia Doméstica.
Por un año. Según la magistrada María Elena Gómez, coordinadora de la Comisión Interinstitucional de Seguimiento a la Violencia Doméstica del Poder Judicial, cuando se da un episodio de violencia doméstica, la víctima puede solicitar medidas de protección.
Estas se conceden por un año y son de aplicación inmediata. “En ese año, el juez está obligado a dar seguimiento, ya sea llamando a la víctima, haciendo visitas domiciliarias o citándola al despacho, para que ella manifieste qué está pasando. Tenemos noticia de que la gran mayoría se están cumpliendo”, puntualizó Gómez.
La magistrada precisó que, cuando hay un incumplimiento o situación de riesgo, la víctima o algún vecino puede acudir a un juez para manifestarlo o denunciar ante la Fiscalía.
El establecimiento de medidas recae sobre 12 juzgados especializados en violencia doméstica y 63 juzgados mixtos que también tienen competencia para aplicar la ley.
Gómez explicó que el Poder Judicial se ha preocupado por dar a los juzgadores las directrices y los protocolos para que, cuando la persona ofendida se presente, la aplicación se haga inmediatamente.
Luego se realiza un proceso para que las partes ofrezcan pruebas y el juez decida si mantiene el recurso de resguardo.
Detalles. De acuerdo con datos reunidos por el Sistema Unificado de Medición Estadística de la Violencia de Género (Sumevig), la mitad de las medidas de protección se levantan porque transcurre el año de plazo.
Gómez añadió que solo en casos específicos de riesgo muy bajo, y luego de una exhaustiva investigación, se suspende por solicitud de la víctima.
El Sumevig también reveló que el incumplimiento de estas medidas y el “maltrato” son las principales causas de denuncias por delitos contra la Ley de Penalización de Violencia contra las Mujeres.
En el 2016, hubo incumplimiento en un 36% de casos.
Según cifras de Sumevig, entre enero del 2012 y diciembre del 2016, del total de personas sentenciadas por dicha ley, alrededor de un 80% incumplió una medida de protección.
Sin embargo, de acuerdo con Gómez, dichas cifras no significan que las medidas sean ineficaces, pues ese porcentaje corresponde a unos 400 casos del total de sentencias emitidas por infringir esa ley.
Es decir, mientras que se fijan 48.000 medidas al año, se sentencia a 400 personas por incumplirlas. ■