Congreso deja intactos incentivos salariales para sus empleados
El Directorio de la Asamblea Legislativa dejó intacto el gasto en pluses que cancela a sus empleados, el cual es casi tan caro como el que desembolsa el Poder Judicial.
Solo este año, el Congreso repartirá ¢11.700 millones entre sus 985 funcionarios, lo que equivale a un promedio de ¢915.000 mensuales por cada uno de ellos.
En la Corte, ese promedio asciende a ¢960.000, pero en el Gobierno Central la cifra es mucho más baja. En un ministerio como el de Justicia, los incentivos equivalen a ¢600.000 por empleado.
El Ejecutivo tomó medidas para detener el crecimiento de pluses e instó a los poderes Legislativo, Judicial y Electoral a hacer lo mismo. No obstante, este jueves, el Directorio legislativo anunció un paquete de medidas que no toca los incentivos. ¿Por qué la Asamblea paga tanto en pluses salariales? Primero, porque cancela porcentajes de anualidades muy altos en comparación con las del Gobierno.
En el Congreso, los empleados reciben entre un 3,5% y 4,36% del salario base adicional por cada año laborado.
En el Ejecutivo se pagaba entre un 1,54% y un 2,56%, y ahora, el Ministerio de Hacienda ordenó reconocer un monto fijo, no un porcentaje, con el fin de evitar el crecimiento exponencial.
En la Asamblea, entonces, el costo por anualidades para este 2018 es de ¢5.852 millones, de acuerdo con el Presupuesto Nacional de la República.
En segundo lugar, la compensación por la restricción al ejercicio liberal es el segundo incentivo más caro en cuesta de Moras: para este año, se presupuestaron ¢2.780 millones.
En la Asamblea Legislativa, se reconoce dedicación exclusiva a los bachilleres con 20% de salario adicional, mientras que a los que tienen licenciatura o grado superior, se les paga 55%.
Estos porcentajes son los mismos que se pagaban en el Gobierno Central previo a la reforma a la dedicación exclusiva, emitida por el Servicio Civil, que fijó en 10% adicional para bachilleres universitarios y 25% para licenciaturas, que se aplicará a nuevos servidores.
En tercer lugar, la Asamblea paga a los empleados pluses especiales para el Poder Legislativo, los cuales no existen en otras instituciones. Estos pluses cuestan ¢1.585 millones.
Para que se queden. Entre ellos, destaca un rubro de ¢834 millones por un incentivo creado para evitar que los empleados se trasladen a otras instituciones o renuncien. Se paga a todos los funcionarios. El monto va de ¢35.000 a ¢130.000 por mes.
También, existen carrera profesional (¢650 millones), y algunos reciben un incentivo por peligrosidad (¢51 millones), tal como el personal de seguridad.
Ayer, el Directorio anunció medidas para recortar el presupuesto del 2018 en un 8% y el del 2019, en un 6,5%. Habrá ajustes en horas extra, viajes al exterior, actividades protocolarias, alimentos y bebidas. Empero, no reformaron los pluses.
Carolina Hidalgo, presidenta de la Asamblea, dijo que esperan criterio de los departamentos Legal y Recursos Humanos para definir cómo se podrían hacer ajustes en los pluses.
Según Ivonne Acuña, de Restauración Nacional, se trata de temas “sensibles”. “Los legisladores deben ser muy cuidadosos con las decisiones que tomen. No podemos, tan abruptamente, entrarle a un tema de tanto cuidado”, opinó.
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