La Nacion (Costa Rica)

Informe de entidades.

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Voceros de las entidades dijeron que, aparte de renuncias, varias salidas correspond­en a personas que estarían por jubilarse o que ya tenían el derecho a hacerlo, pero que se mantenían en funciones.

Donde hubo más salidas fue en Recope. Solo en lo que va de junio se desvincula­ron 51 personas: 38 por renuncia, 11 por jubilación y dos por jubilación anticipada. En mayo, en cambio, solamente habían salido cuatro funcionari­os.

“Ha habido un movimiento importante de personal, dado

que, por la edad de la población, hay un porcentaje alto de funcionari­os que se acogen a la jubilación en tiempo o anticipada­mente, así como renuncias; en el mes de junio, se ha presentado una aceleració­n de estos procesos”, respondió el departamen­to de prensa de la entidad estatal.

En el INS, Laura Castillo, funcionari­a de Mercadeo, señaló que de las 46 salidas de las últimas dos semanas, 32 obedeciero­n a renuncias y 14 a jubilación o adelanto de ese derecho.

La CNFL anunció 49 salidas a este miércoles anterior, de acuerdo con una respuesta escrita de Óscar Hernández, jerarca de la Dirección de Administra­ción y Finanzas.

En Japdeva, las salidas reportadas desde el primer fallo del 18 de mayo hasta el miércoles pasado son 16, según confirmó el departamen­to de prensa.

No fue posible obtener una entrevista en estos dos últimos casos para ampliar sobre las razones de las salidas.

En el Banco Crédito Agrícola de Cartago (Bancrédito), entidad que aún tiene 185 empleados y sobre la cual uno de los fallos sí tiene efecto, no se informó de salidas extraordin­arias, según confirmó Marco Hernández, intervento­r de la institució­n financiera.

En la Junta de Protección Social (JPS), que también paga hasta 20 años de cesantía gracias a su convención colectiva, se tienen registrada­s solo siete salidas por jubilación, pero ya estaban previstas, aclaró el Departamen­to de Talento Humano de la entidad.

El Ministerio de Trabajo enviará una consulta a la Procuradur­ía General de la República para entender el alcance de los fallos constituci­onales en las poco más de 70 convencion­es colectivas vigentes.

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