Otros efectos de reforma: más herramientas para jueces y mejor imagen
El nuevo código que se aplicará en materia civil otorga nuevas potestades a los juzgadores para que puedan resolver mejor y más rápido.
Esto se lograría con la ampliación del listado de medidas cautelares posibles y la posibilidad de que el juez dicte las que considere necesarias, con una mayor inmediatez.
Por ejemplo, si un vecino demanda a otro porque le impide abrir una salida para acceder a la calle, el juzgador puede ordenar que se le abra un paso provisionalmente, mientras toma la decisión final.
“Es un proceso para promover que la gente pida las medidas cautelares. Con el proceso viejo eran las típicas (embargos, anotaciones de demanda), en cambio ahora es mucho más abierto, más ágil. Es como una invitación: venga, lo vamos a amparar con medidas cautelares”, dijo William Molinari, magistrado de la Sala I, la encargada del tema civil.
Durante el desarrollo de los casos, los jueces también podrán solicitar informes a entes públicos, como la Universidad de Costa Rica (UCR) o a su Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme), con el fin de buscar opiniones especializadas sobre asuntos técnicos.
Para la etapa final, de ejecución de la sentencia, la reforma previó mecanismos para que los juzgadores logren cerrar los casos eficientemente.
“Por ejemplo, hay ciertas k k k k k k k k k
sentencias que tienen contenido patrimonial, que yo las podría ejecutar aun cuando no estén firmes, o aun cuando se apelen o vayan a casación”, explicó José Rodolfo León, juez propietario del Tribunal Segundo Civil en San José .
Dinamismo. Para Molinari, uno de los efectos principales que se esperan con la implementación de la reforma, es una dinamización de la economía a partir de la generación de confianza en los inversionistas.
Actualmente, el proyecto calificador Doing Business le da mala calificación a Costa Rica en aspectos legales que inciden en el clima de negocios; por ejemplo, en el ámbito de cumplimiento de contratos, donde el país ocupa el lugar 129 de un listado de 190 naciones.
“Un inversionista investiga cómo funciona el sistema jurídico nuestro y si realmente funciona, porque, si va a tener un problema serio, como lo sería uno de carácter patrimonial, tiene que ver cómo se resolvería eso. Va a evaluar si el sistema jurídico es sólido y si, en realidad, le resolvería pronto y de buena manera”, manifestó Molinari.
A las puertas. A la Corte le quedan cuatro meses para prepararse aunque internamente dicen estar “casi listos”.
El Poder Judicial tiene dos años y medio de estar invirtiendo en infraestructura, recursos tecnológicos y en abrir nuevas plazas de trabajo, así como en la implementación del expediente electrónico y en capacitación de jueces y personal técnico.
Solamente a ese último rubro se han destinado ¢121 millones, de acuerdo con Nacira Valverde, directora de Planificación del Poder Judicial.
La Corte estima que, durante el presente año, los gastos de operación de la jurisdicción civil alcanzarán, con el nuevo modelo, los ¢10.000 millones.
Según explicó Luis Guillermo Rivas, magistrado presidente, el costo de la Reforma Procesal Civil del 2015 debe entenderse como una especie de curva: mayor de lo normal al inicio, pero con tendencia a estabilizarse e incluso a generar ahorros a largo plazo.
“Cuando se introducen audiencias y se introduce oralidad y se le reduce el número de fases; también se reduce el número de personal. El número de personas auxiliares del juez es menor. En algún momento, aquí habrá una reducción de personal respecto al nuevo proceso”, aseguró Rivas.
■
El informe versa sobre la actuación de los jueces penales Carlos Chinchilla, Doris Arias, Celso Gamboa (ya destituido), María Elena Gómez y Jesús Ramírez.
Ellos acordaron, a inicios del año pasado, desestimar una causa contra los entonces legisladores Otto Guevara Guth y Víctor Morales Zapata, relacionada con las intenciones del importador de cemento chino Juan Carlos Bolaños.
La decisión la tomaron el 20 de febrero del 2017, luego de una gestión de la Fiscalía General, donde se indicaba que no se había hallado prueba contra los hoy excongresistas.
La denuncia original intentaba demostrar que Guevara, del Movimiento Libertario, y Morales, que para ese momento todavía pertenecía a la fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC), se habían aliado para que el gobierno de Luis Guillermo Solís reformara el reglamento que limitaba la importación de cemento chino y así favorecer a Bolaños.
Consultado por el informe que debatirán este lunes, el magistrado Luis Guillermo Rivas, de la Sala I, solamente expresó que ya se había entregado el informe.
Nancy Hernández, de la Sala IV, rechazó referirse al tema, aunque agregó que cualquier consulta sobre el asunto se le debía remitir a la vicepresidenta de la Corte Plena, Carmenmaría Escoto, quien tiene a su cargo ese tema.
Por estos hechos, además del órgano instructor, hay una denuncia penal.
■