Juez y parte
Toda agenda de consolidación fiscal debe pasar por un cuello de botella ineludible: el visto bueno de las Cortes. El lío es que los funcionarios del Poder Judicial –y en particular los magistrados– son los beneficiarios de algunos de los privilegios más groseros del sector público y, por lo tanto, son juez y parte en la discusión. La estabilidad fiscal pende de resolver ese acertijo.
Veamos un ejemplo. En el 2008, la Corte Plena, actuando como órgano administrativo del Poder Judicial, aprobó la creación de un plus salarial por “estrato gerencial” para los 46 puestos más altos de la institución, incluidos los 22 magistrados. La justificación era equiparar los salarios de estos funcionarios con posiciones gerenciales equivalentes en el sector privado. También pesó la consideración de igualar sus remuneraciones con las que se pagan en otros países de América Latina, Europa y EE. UU. De esta manera, los magistrados se recetaron un aumento del 35 %, que en el caso de otros puestos llegó a ser hasta de un 57 %.
Pero la cosa no paró ahí. En el 2010, la Corte Plena volvió a la carga y ordenó la incorporación de este plus al salario base. Esto tuvo un efecto multiplicador sobre la remuneración final de esos 46 cargos porque los otros pluses salariales –dedicación exclusiva, anualidades, etc.– se calculan como porcentaje del sueldo base. Así, los magistrados acabaron aprobándose un aumento del 42 %, que para otros puestos fue hasta de un 65 %. Del 2009 al 2017, solo este plus le costó al fisco ¢2.071 millones.
La Corte Plena puede hacer esto porque goza de autonomía para fijar sus propios sueldos –una prerrogativa que fue ratificada convenientemente por la Sala IV–. No debe sorprendernos entonces que, como ha señalado La Nación, el Poder Judicial sea “la institución con cargo al presupuesto nacional con los salarios bases más altos, con más incentivos específicos para todos sus funcionarios y la que paga porcentajes y rubros más altos por dedicación exclusiva y carrera profesional”.
El año pasado dos jueces presentaron una acción de inconstitucionalidad contra los acuerdos del infame plus gerencial. En momentos en que la Sala IV se está trayendo abajo algunos excesos de convenciones colectivas en el sector público, hay que ponerle atención a cómo fallará cuando se trata de juzgar los privilegios propios.
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