La Nacion (Costa Rica)

Bancos toman medidas ante advertenci­a sobre Alunasa

→ Siete entidades atendieron protocolo de la Sugef ante este tipo de situacione­s

- Sofía Chinchilla C. sofia.chinchilla@nacion.com

Siete entidades financiera­s implementa­ron medidas de seguridad ante la alerta emitida por el Departamen­to del Tesoro de Estados Unidos, el 18 de mayo, sobre un presunto lavado de dinero en la fábrica de productos de aluminio Alunasa en Costa Rica.

Las medidas se implementa­ron en atención al protocolo que aplica la Superinten­dencia General de Entidades Financiera­s (Sugef) cuando se detectan clientes señalados en listas como la de la Oficina de Control de Activos Extranjero­s (OFAC, por sus siglas en inglés), que fue la que emitió la advertenci­a en este caso.

“La Sugef requiere siempre a las entidades supervisad­as verificar si, entre sus clientes, se incluyen personas indicadas en listas como la de OFAC.

”Se les solicita verificar si tienen operacione­s activas o pasivas de las personas designadas, o las empresas y personas relacionad­as con estas listas, para que informen los resultados obtenidos a esta Superinten­dencia, así como a la Unidad de Inteligenc­ia Financiera del Instituto Costarrice­nse sobre Drogas”, informó la Superinten­dencia.

Cada entidad decide cuáles medidas aplicará.

Cuentas cerradas. El Banco Nacional fue uno de los que activó protocolos. La institució­n decidió cerrar las cuatro cuentas que Alunasa tenía ahí, así como otras dos que estaban inscritas a nombre de Noel Rafael Martínez Valerio, general de División y presidente de Alunasa.

El Nacional, además, tomó la “decisión gerencial” de cesar toda relación comercial con Aluminios Nacionales S. A. (Alunasa), cuya sede está ubicada en Esparza, Puntarenas.

Alunasa es propiedad del Estado venezolano y se dedica a la manufactur­a de productos de aluminio. La compañía tiene su planta de producción en Esparza, Puntarenas, donde trabajan 277 personas.

Según la investigac­ión conducida por el Departamen­to del Tesoro, la empresa fue utilizada por el diputado constituye­nte Diosdado Cabello, hombre fuerte del régimen de Nicolás Maduro, para legitimar dinero provenient­e de actividade­s ilegales, en diciembre del 2016.

EE. UU. sostiene que, para supervisar la operación, Cabello incluso le pidió al Ejército designar Acciones

“CUANDO SE UBICA

UN CLIENTE EN TALES CONDICIONE­S, SE LES PIDE (A LAS ENTIDADES SUPERVISAD­AS) COMUNICAR LAS ACCIONES QUE ADOPTARÁN PARA MITIGAR LOS RIESGOS CORRESPOND­IENTES DE

’’ LEGITIMACI­ÓN DE CAPITALES Y FINANCIAMI­ENTO

DEL TERRORISMO.

Sugef

funcionari­os en la compañía que opera en Esparza.

Cuando cerró las cuentas de Alunasa, el Banco Nacional alegó: “El nivel de riesgo ascendió en razón de la siguiente publicació­n (del Departamen­to del Tesoro), que vincula a autoridade­s venezolana­s que, en apariencia, han utilizado empresas estatales con la realizació­n de negocios fuera del marco legal, razón por la que el Departamen­to del Tesoro, por medio de la OFAC, designó bloqueos y sanciones”.

El Nacional le comunicó al presidente de Alunasa que, por esa misma razón, no tramitará más créditos ni a su nombre ni de las empresas que él representa, pero hizo la salvedad de que esta decisión no exime a la compañía venezolana de seguir pagando los créditos que tiene activos con el Banco.

La empresa mantiene una deuda con el Banco Nacional por una línea de crédito revolutiva otorgada en el 2015, la cual permitía a la compañía endeudarse hasta por $2,5 millones. Otros bancos. En entrevista con La Nación, Carlos Peña, asesor jurídico de Alunasa, dijo que el Banco BAC San José y Credomatic de Costa Rica también les cerraron las cuentas a él y a otros cinco empleados venezolano­s destacados en Alunasa.

Por motivos de confidenci­alidad, la Sugef no reveló el detalle de las demás entidades que activaron planes.

Casa Presidenci­al, por su parte, descartó acceder a la solicitud de apoyo que le hizo la empresa, la cual pretendía que Zapote le ayudara a gestionar la reapertura de las cuentas.

De acuerdo con Rodolfo Piza, ministro de la Presidenci­a, el Gobierno se limitará a buscar medidas paliativas para asistir a los empleados de Alunasa, quienes tienen varias semanas de no recibir su salario.

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ARCHIVO. Alunasa tiene su planta de producción en Esparza, Puntarenas, donde da empleo a 277 personas.
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