Hacienda pide castigo por no usar sistema de compras
Rocío Aguilar, ministra de Hacienda, le planteará a la Contraloría General de la República evaluar la posibilidad legal de improbar los presupuestos de las instituciones que se resistan a utilizar el Sistema Único de Compras (Sicop).
“Si la ley lo obliga a usted a usar un sistema de estos y no lo usa. Bueno, hay un tema de legalidad, y la aprobación de presupuestos tiene que ver con temas de legalidad; entonces, es buscarle alguna opción. Eso, obviamente, quedará bajo criterio exclusivo de la Contraloría”, señaló la jerarca.
Al ser consultada sobre el asunto, la Contraloría contestó, por medio de la unidad de prensa, que está en disposición de analizar esta opción.
“La Contraloría General de la República estaría en disposición de valorar la posibilidad legal de tomar en cuenta en el acto de aprobación presupuestaria, aquellos parámetros y elementos relacionados con el ordenamiento fiscal, siempre dentro del marco de sus competencias de fiscalización superior de la Hacienda Pública”, respondió la entidad.
El Sicop es una plataforma que permite a las entidades acceder a todos los proveedores que quieran inscribirse, lo que ayudaría a bajar los costos de los productos y servicios que contratan y, además, la información del sistema es pública, lo cual permite a cualquier ciudadano conocer quiénes venden al Estado.
El país ha tratado de implementar este mecanismo desde el 2010, cuando empezó con el instrumento llamado MerLink; no obstante, ha sido difícil que todas las entidades participen y, por ello, el exdiputado oficialista Ottón Solís impulsó una ley para hacerlo obligatorio.
Tal ley empezó a regir en setiembre del 2016 y daba tiempo de un año máximo para que todas entraran. A abril pasado, apenas poco más de la mitad de las entidades (152, o sea un 52%), realizaban compras, total o parcialmente, por medio de este mecanismo.
■ La Contraloría General de la República advirtió sobre la necesidad de mejorar los sistemas de control de las transferencias de dinero no reembolsable que realiza el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).
Se refiere la Contraloría a la escogencia de los beneficiarios, al igual que a los proyectos realizados.
El documento, emitido el 24 de mayo pasado, se centra en las sumas entregadas por el MAG, especialmente a los Centros Agrícolas Cantonales (CAC), aunque el Ministerio también escoge entre los beneficiarios a otras organizaciones de productores, como asociaciones y cooperativas.
El objetivo de las transferencias no reembolsables es coadyuvar en el fomento de la agroindustria y la industria rural. Las organizaciones beneficiadas se seleccionan mediante un concurso.
En los últimos años, el monto presupuestario destinado a este objetivo se ha reducido.
En el Gobierno pasado, la cifra pasó de ¢2.250 millones en el 2015 (primer presupuesto
Control de activos. Además, agrega, se requiere que el ministro del MAG, en su calidad de jerarcade la entidad, implemente un sistema de control y monitoreo de la gestión administrativa y financiera de los proyectos, en aspectos como el control de activos y de expedientes.
Según la Contraloría, se detectaron oportunidades de mejora en la selección, control, seguimiento y evaluación de los proyectos beneficiados con transferencias de capital.
Entre las advertencias de la