Una buena noticia y una mala
La CCSS dará seguimiento a las finanzas del IVM y el Seguro de Enfermedad y Maternidad; la Corte deja intactos los pluses.
La Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) aprobó un mecanismo para dar seguimiento permanente a la situación financiera del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte y al Seguro de Enfermedad y Maternidad. La propuesta es un monitoreo a cargo de profesionales independientes en cálculo actuarial y administración financiera. La revisión se hará de forma periódica, no solo ante una crisis, lo cual permite tomar las medidas correctivas a tiempo, cuando procedan. Al igual que en materia de salud, la prevención es más económica que la cura.
El ejemplo de la CCSS debe ser emulado por otras entidades públicas, como los ministerios y, especialmente, otras entidades autónomas que, como Recope y el AyA, manejan presupuestos elevados. Todas deben trabajar con un panel de indicadores clave, relativos al nivel y a la calidad del servicio suplido así como a los costos en que incurren, y con base en ello adoptar los cursos de acción que optimicen los logros. Los usuarios de sus servicios ganarían y el costo del aparato estatal estaría controlado.
Por otro lado, el Poder Judicial ha dado un malísimo ejemplo al conservar intactos los pluses salariales de sus servidores alegando que su autonomía no lo obliga a seguir los lineamientos que, para paliar el enorme déficit fiscal presente y futuro, se adopten en los otros poderes del Estado (“Corte conservó intactos sus pluses salariales”, La Nación, 26/6/2018). Esto es deleznable, pues el nivel de sueldos que se pagan en el Poder Judicial es superior al del resto del sector público y ni qué decir a los del sector privado que, con impuestos de una y otra naturaleza, deben sostener un aparato estatal sobredimensionado. Los indebidamente altos sueldos del Poder Judicial deben controlarse, no solo por necesidad financiera, sino por equidad. Los altos sueldos de hoy se traducen en pensiones, muchas veces juveniles, también elevadas, impropias de un país del nivel de ingreso de Costa Rica.
Al decidir dónde controlar el gasto, la Corte dejó sin alteraciones los ¢155.000 millones que gasta en beneficios salariales, los cuales absorben una tercera parte de su presupuesto anual. No compartimos del todo, y creemos que tampoco los costarricenses, el criterio de la directora ejecutiva del Poder Judicial, Ana Eugenia Romero: “La Corte tiene autonomía y cuenta con una ley de salarios propia, por ser un poder de la República, por lo que no está obligada a acatar las medidas de restricción del gasto del Ejecutivo”. Si así fuera desde el punto de vista legal, el resultado no se conforma con el principio de justicia que debe guiar las actuaciones del Estado.
El Poder Judicial debió dar el ejemplo, entre otras razones, para facilitar la aprobación de una reforma fiscal equitativa, que distribuya los costos según las espaldas que los han de soportar. ¿Qué interés tendrá el ciudadano común en que se apruebe un aumento generalizado de la carga tributaria –impuesto al valor agregado, impuesto sobre la renta, reducción de exoneraciones– si parte de la recaudación adicional se utiliza para llevar aún más recursos a quienes ya tienen bastantes? Ninguno. Abogar por más impuestos para que se los lleve un grupo privilegiado de servidores públicos con el alegato de la autonomía, no tiene sentido social ni económico.
Si no se les entra a las partidas significativas de gasto público, la eficacia del ajuste necesario se reduce y hasta podría anularse, pues habría que centrarlo en renglones simbólicos, de baja monta, que no contribuyen a disminuir el déficit fiscal. Y si, además, solo se tratara de esfuerzos de naturaleza administrativa, no legal, pueden revertirse en el futuro. Las autoridades del Ministerio de Hacienda y el propio presidente Carlos Alvarado deben tomar plena conciencia de que los esfuerzos por controlar el gasto han de ser de naturaleza permanente, no flor de un día, pues los aumentos en tributos no son transitorios. Buen ejemplo el de la CCSS. Malísimo el del Poder Judicial.
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