Reforma fiscal vetaría pagos de cesantías mayores a los 12 años
Pluses se fijarían por montos y no porcentajes
La reforma fiscal prohibiría que los empleados públicos reciban cesantías mayores a 12 años (un salario por año).
Algunas instituciones pagan actualmente hasta 20 años gracias a acuerdos contenidos en convenciones colectivas, aunque el Código de Trabajo establece ocho años, por ejemplo, en casos de despido con responsabilidad patronal.
En el nuevo texto para el plan fiscal, el Gobierno pretende poner límite a esas concesiones, según el documento que repartió este jueves el Ministerio de Hacienda entre diputados y asesores de la Comisión de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
En el capítulo sobre cambios salariales se plantea una nueva redacción del artículo 39 de la Ley de Salarios de la Administración Pública, donde dice que todos los empleados estatales tendrán derecho a una cesantía máxima de ocho años.
Empero, se advierte de que la indemnización no podrá superar los 12 años, incluso para los funcionarios que, al regir la reforma, hayan acumulado más de ocho años en su empleo.
Ese ajuste legal va de la mano del fallo de la Sala Constitucional dado a conocer a inicios de junio, según el cual es irracional y desproporcionado reconocer a los trabajadores del sector público un pago de cesantía superior al 50% de lo establecido en el Código de Trabajo.
La sentencia se dio al declarar parcialmente con lugar una acción de inconstitucionalidad en contra de la convención colectiva del Banco Crédito Agrícola de Cartago (Bancrédito).
Otros cambios. En el mismo apartado referido a los ajustes al empleo público, se introducen otras normas anunciadas por la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, en su reciente comparecencia legislativa.
Específicamente, se reducen los porcentajes de los pagos por dedicación exclusiva y por prohibición. En el primero, los nuevos artículos se ajustan a la directriz presidencial que establece el pago para licenciados en 25% y de 10% para bachilleres.
Sobre el plus de prohibición, el nuevo texto propone 30% para licenciados o grados superiores y 15% para bachilleres.
Tal como Aguilar lo prometió, también se determina que el pago por buen desempeño o anualidad se reconocerá de forma nominal, aunque se mantiene la nota de “bueno” como mínima para recibir el pago.
Eso sí, para determinar ese monto nominal fijo, se aplicará un 1,94% del salario base para las clases profesionales y del 2,54% para las no profesionales, esto para el 2018. De ahí en adelante se pagará solo el monto nominal correspondiente.
En la actualidad, hay anualidades de hasta el 10%.
La aplicación de los montos nominales será para todos los incentivos salariales o compensaciones que existan al entrar en vigencia la reforma.
Otra medida anunciada por Aguilar e incluida en el borrador es la prohibición para crear nuevos incentivos salariales, salvo que sea mediante un proyecto aprobado en el Congreso.
Ramos agregó que queda clara la definición de grupo de interés económico, con el fin de evitar que haya “creatividades” en las empresas para dispersarse y tributar a otro nivel.
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