Gay gana lucha legal para heredar pensión
Roy Calderón Guzmán, de 54 años, ganó este viernes una batalla legal que empezó en octubre del 2017 para traspasar a su nombre la pensión de su pareja, Víctor Martínez Navarro, quien falleció en el 2016.
Roy y Víctor vivieron juntos 20 años. Durante su relación, Víctor trabajó como funcionario del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y Roy, en las labores de la casa y en hacer algunos “trabajitos” de costura.
A finales del 2012, Víctor obtuvo su pensión, tras 30 años de laborar en el MOPT. Todo iba bien hasta que Víctor murió el 11 de febrero del 2016 debido a un tumor cerebral. Iba a cumplir 60 años.
Durante los 22 días que Víctor estuvo internado en el Hospital Max Peralta, en Cartago, Roy fue quien se encargó de cuidarlo y tomar decisiones junto a los médicos.
Tras el fallecimiento, Roy afrontó el dolor de perder a su pareja y la necesidad de buscar trabajo para mantenerse.
Batalla. Luego de varias consultas a amigos y abogados, el 3 de octubre del 2017, Roy decidió solicitarle a la Dirección Nacional de Pensiones el traspaso de la pensión que tenía su compañero sentimental.
No obstante, esa dependencia le rechazó su petición el 21 de diciembre del 2017.
El argumento fue que la Caja Costarricense de Seguro Social reformó el Reglamento de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) en junio del 2017; es decir, un año y cuatro meses después de la muerte de Víctor.
Insatisfecho con ese pronunciamiento, el 5 de junio Roy y su abogado apelaron la decisión y, este viernes, la Dirección Nacional de Pensiones revocó el criterio emitido en diciembre del 2017 y traspasó el beneficio económico.
A partir de ahora, Roy recibirá todos los meses la pensión que disfrutaba su pareja.
Esta es la primera vez que la Dirección Nacional de Pensiones traspasa una pensión a un conviviente del mismo sexo.
■ El Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) evaluará la posibilidad de otorgarles subsidios a los empleados de la compañía Alunasa, propiedad del Gobierno de Venezuela, quienes llevan tres meses sin recibir su salario.
Esa es una de las medidas ordenadas por Casa Presidencial, luego de reunirse con representantes de los trabajadores de esta empresa de aluminios, la cual fue señalada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por un presunto lavado de dinero.
La compañía, que niega haber participado en una operación de lavado, alega que no tiene cómo movilizar dinero para producir o para pagar sus deudas.
El gobierno de Carlos Alvarado descarta reunirse con Alunasa, la cual pide que le permitan operar bajo supervisión. En cambio, Casa Presidencial enfoca sus esfuerzos
Denuncia. El pasado 18 de mayo, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos envió un comunicado en el que asegura que el diputado constituyente venezolano Diosdado Cabello utilizó Alunasa para introducir y legi-