Policía teme desaparición de 8.000 armas para guardas
Intenta ubicar arsenal de empresas de seguridad disueltas
Una serie de mejoras que el Ministerio de Seguridad Pública ha implementado para el control de empresas privadas de seguridad ha provocado que muchas de ellas no renueven las licencias o que sus permisos les sean revocados por incumplimientos.
Lo anterior deja en una especie de limbo más de 7.000 armas de fuego de empresas a las que se les quitaron los permisos, y 1.636 armas de otras que dejaron de laborar en los últimos dos años.
Desde hace cuatro años, la Dirección de Servicios de Seguridad Privada del Ministerio de Seguridad Pública (MSP) cuenta con el sistema llamado ControlPas que permite dar seguimiento en tiempo real a todo el armamento de las compañías privadas.
Esa plataforma digital, que también acabó con las enormes filas que se formaban para obtener permisos de portación de armas, tiene interconectado el sistema de datos con instituciones como la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), el Ministerio de Trabajo y la Policía de Migración. Nueva política. Otra medida de control que empezó a regir este año obliga a toda persona o empresa a presentar las armas que tengan registradas, a la hora de renovar permisos. Así lo firmó poco antes de dejar sus funciones el ministro de Seguridad anterior, Gustavo Mata.
Se trata del acuerdo N.° 040-2018-MSP, el cual pone también restricciones importantes a la venta de municiones, de modo que solo las pueden comprar mayores de edad que tengan armas registradas a su nombre. Esa persona solo podrá adquirir balas para el tipo de arma que posee.
A partir de este acuerdo, la persona que venda municiones debe registrar con el nombre y número de cédula a la persona física o al representante legal de la persona jurídica que vaya a adquirirlas.
El ministro de Seguridad, Michael Soto, afirmó que están afinando nueva legislación para intensificar aún más el seguimiento a las armas en manos de empresas privadas.
Las autoridades han determinado que muchas de las armas usadas en esos crímenes entraron lícitamente, es decir, fueron adquiridas por alguien a quien luego se las robaron.
El jerarca de Seguridad, insiste por ello en que el Departamento de Control de Armas y Explosivos debe ser alertado cuando un arma cambia de dueño. “Si alguien vende un arma, es como si vendiera un vehículo, tiene que existir un registro formal de que cambió de propietario”, afirmó.
Yancy Espinoza, de la Fundación Arias para la Paz, considera que el Estado es de los clientes más importantes de la seguridad privada y es de los que promueve que esas compañías estén armadas, ya que las licitaciones solicitan los servicios
siempre que haya de por medio armas de fuego.
Vacío legal.
El director del Departamento de Servicios de Seguridad Privada del Ministerio de Seguridad, Roberto Méndez, externó su preocupación porque muchas empresas a las que se les revocó el permiso eran de sociedades anónimas en su mayoría disueltas, y hay un vacío legal que pone en riesgo el destino de más de 8.000 armas.
“Cuando se determinó que 700 empresas estaban al margen de la ley y se supo que tenían 7.070 armas de fuego, la preocupación aumentó. El Ministerio sabe quién es el representante legal de ellas y ha establecido contactos para definir el estado final del armamento, pero hacer un inventario físico es difícil porque los dueños pueden alegar que esperan venderlas pronto”, sostuvo.
Aunque actualmente se realizan procesos administrativos y hasta judiciales cuando el Ministerio trata de encontrar algún lote de armas, los dueños a veces alegan que las tiene un socio de la disuelta empresa.
Morosidad.
El sistema ControlPas permite al Ministerio, antes de emitir una certificación, saber si el patrono está moroso con la CCSS. Solo en el 2017, mediante el ControlPas, esa entidad recuperó más de ¢300 millones.
Eran deudas de empresas privadas de seguridad que querían seguir operando, pero a la mayoría se les revocó el permiso por cuanto se hallaban morosas con la Caja.
Algunas inscribían solo 15 agentes, cuando en realidad tenían 80 o más, dijo Roberto Méndez.
Incluso en algunas había extranjeros en condición migratoria irregular, pese a que se exponen a una multa de seis salarios bases, según lo que establece la Ley General de Migración y Extranjería, es decir, sumas de hasta ¢2.7 millones.
También se detectó que había 229 empresas que no estaban inscritas en el ControlPas, razón por la cual se inició el proceso para revocarles la licencia. Estas últimas 229 compañías cuentan con 1.636 armas inscritas, a las que el Ministerio no tiene acceso por el tema de derecho a la propiedad.
“Mucha gente al ver controles sale corriendo. Denuncian robos de armas ocurridos a veces hace años o dicen que ni ellos saben dónde las perdieron, entonces cómo van a pretender que el OIJ las encuentre”, afirmó Méndez.
Según el funcionario, eso impacta la seguridad del país porque se siguen encontrando armas en allanamientos, retenes y en operativos antidrogas, las cuales eran de empresas privadas que estuvieron activas. Ahora hay otras 47 empresas en proceso de revocatoria.
Mercado Negro.
Roberto Méndez coincide en que existe un mercado negro, principalmente hacia Panamá. Lo anterior porque en ese país existe una veda o regulación desde hace más de siete años para la importación de armas de fuego. Eso les ha permitido reducir a un 35% la incidencia criminal con armas de fuego. Para Méndez, muchas armas que se hallaban en manos de la seguridad privada se estarían trasladando al mercado negro panameño. Armas que aquí cuestan $800, en Panamá o en la frontera de Paso Canoas se pueden vender en $1.500; por eso, en el MSP realizan los procesos de trazabilidad mediante marcaje del armamento.
Estima que el proceso de control y formalización ha sido exitoso, pero falta modernizar la legislación para que se les permita recoger armas de empresas caducas o disueltas, pues el armamento “no es un bien común y corriente”. La idea es tener una herramienta que permita decomisar armas y pasarlas a custodia del Estado y luego definir si son para destrucción, sirven como crédito fiscal o algo que el Estado pueda hacer con ellas. Según la ley vigente, las matrículas de las armas que están en manos de esas empresas no tienen fecha de vencimiento; solo se vence el permiso de portación. Por esto, en el Ministerio analizan revertir esa situación a fin de que las personas que tengan armas inscritas deban llevarlas al Departamento de Control de Armas y Explosivos para seguir con la inscripción; en caso contrario incurrirían en una ilegalidad que sería sancionada hasta con cárcel. Afirma que todas las armas que se autorizaron para una empresa de seguridad privada, al cesar la autorización deberían ser custodiadas por el Estado y que no queden en casas, u oficinas porque la exposición a pérdida o robo es muy alta.
700 empresas estaban al margen de la ley 229 que no estaban inscritas en el ControlPas ¢300 millones recuperados por la CCSS mediante ControlPas