Ley actual establece compromiso compartido
Quien brinda un servicio ilegal, así como quien lo contrata tienen la misma responsabilidad en caso de que se materialice algún riesgo; de este modo lo señala la ley actual.
Entonces, si estando en servicio un guarda tiene que dispararle a alguien y le causa una lesión o la muerte, así como daños a la propiedad, será igualmente responsable el que contrató ese servicio y el que lo provee.
Lo anterior, aparte del proceso penal que debe afrontar la persona que disparó.
Eric Koberg, presidente de ACES, dijo que en el sector privado hay unas 800 empresas con más de 28.510 agentes registrados en ControlPas, por lo que insiste en sacar provecho de ese recurso con la tranquilidad de que es un servicio legal y de calidad.
Esa cantidad de agentes prácticamente duplica la cantidad de oficiales que tiene actualmente el Ministerio de Seguridad Pública en todo el país.
Servicios informales. Pese a que existe el recurso privado, Roberto Méndez dijo que existen gran cantidad de condominios, en San José y otros provincias donde han proliferado las contrataciones a servicios de vigilancia irregulares.
También es usual notar esos servicios informales de seguridad privada en pequeñas empresas, abastecedores, restaurantes y hasta los contratan para traslado de dinero y valores en carros particulares, en lugar de hacerlo en vehículos blindados, todo para reducir costos, sin medir la responsabilidad a la que se exponen tanto los trabajadores como la ciudadanía.
La Fundación Arias para la Paz, aboga por la inclusión de armas no letales como una línea de abordaje novedosa, aunque admiten que requiere de mucha sensibilización ante los presidentes y directores de las empresas de seguridad privada, los agentes e incluso la propia clientela.
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