4 de cada 10 acusados por delitos sexuales salen libres
Causas por violación registran mayor cifra de absolutorias
En los últimos tres años, en promedio, cuatro de cada diez personas que encararon un juicio por delitos sexuales resultaron absueltas.
Según estadísticas del Poder Judicial, entre 2015 y 2017, los tribunales juzgaron a 3.310 personas por violaciones, abusos sexuales, tentativa de abuso sexual, proxenetismo, fabricación y divulgación de pornografía, rapto con fines de matrimonio y seducción de menores de edad por medios electrónicos, principalmente.
Durante ese periodo, el Ministerio Público recibió un total de 22.529 denuncias por ese tipo de conductas.
Del total de personas que subieron al banquillo de los acusados en esos tres años, los jueces absolvieron a 1.436 (el 43%).
La información suministrada no permite determinar si la resolución fue tomada por certeza o duda.
Por el contrario, 1.874 (el 57%) acusados sí fueron condenados. Por otra parte, los datos oficiales revelan que los casos por violación son los que presentan mayores porcentajes de absolutorias.
Por ejemplo, en el 2015, de los 275 imputados que fueron a juicio por ese delito, un total de 150 (55%) fueron exonerados de los cargos y 125 (45%) resultaron condenados. Mientras tanto, el año pasado fueron enjuiciadas 229 personas; de estas, 126 fueron absueltas (55%), y 103 (45%), sentenciadas.
Factores. Según fiscales, psicólogos y abogados consultados por La Nación, tales resultados se dan porque las violaciones “normalmente” ocurren en el ámbito de la intimidad, en donde no hay testigos y en relaciones de dominio, en las que los agresores impiden o amedrentan a sus víctimas.
En otros casos, las mujeres –que constituyen el 90% de las ofendidas de este tipo de agresión sexual– acuden a presentar la queja mucho tiempo después de ocurrido el ataque. Esta situación impide recolectar pruebas científicas como vellos, semen y otros fluidos del agresor.
No obstante, los especialistas coinciden en que en ocasiones pesa más el miedo a las represalias o la desconfianza en el sistema judicial.
Mónica Sandí, abogada del Instituto Nacional de la Mujer (Inamu), conoció el caso de una mujer que había sido violada durante toda la noche por un sujeto que vivía cerca de su casa y, que al llegar la Policía, no quiso presentar cargos porque temía que el individuo volviera y la atacara de nuevo.
“La mujer decía: ‘Abogada, usted me garantiza que si yo lo denuncio, lo meten a la cárcel, me garantiza que si lo denuncio, no lo vuelvo a ver’.
”Yo le dije que no le podía garantizar eso y la decisión de fue no denunciar.
”Yo la entiendo, porque lo que ella pensaba era que si ese hombre la violó y la golpeó sin que ella le hubiera hecho algo, ¿de qué sería capaz el tipo si ella lo denunciaba?”, declaró Sandí.
El miedo, incluso, puede aflorar en el momento del juicio, como explica María Gabriela Alfaro, fiscala adjunta de Asuntos de Género.
“Existen muchos casos, muchísimos casos en los que el Ministerio Público cuenta, inicialmente, con la participación y lo dicho por la víctima, y cuando llegamos a juicio, esa víctima mantiene su derecho constitucional de abstenerse a declarar y ese derecho se mantiene durante todo el proceso.
”Si la víctima decide guardar silencio y acogerse a ese derecho constitucional, la prueba con la que contábamos –que era su testimonio– se convierte en algo insuficiente para conseguir una sentencia condenatoria”, agregó la fiscala.
Sistema lento. De acuerdo con Mónica Sandí, del Inamu, el proceso judicial en una causa por violación o abuso sexual puede tardar hasta cinco años en resolverse.
La fiscala María Gabriela Alfaro rechaza esa afirmación, pero reconoció que “algunas situaciones excepcionales” tardan hasta cinco o 10 años.
Los indicadores de la Dirección de Planificación del Poder Judicial contradicen lo dicho por la fiscala adjunta de Asuntos
de Género.
El 50% de los juicios por delitos sexuales realizados en 2017 fueron por hechos denunciados entre 2001 y 2013, mientras el resto fueron presentados a partir del 2014.
De los 936 juicios que se llevaron a cabo en 2017, solo 54 correspondieron a denuncias planteadas el mismo año.
“La Fiscalía General mantiene una línea clara, que es el abordaje con celeridad y adecuado de estos casos, tanto en
“EXISTEN MUCHOS CASOS, MUCHÍSIMOS CASOS EN LOS QUE EL MINISTERIO PÚBLICO CUENTA, INICIALMENTE, CON LA PARTICIPACIÓN Y LO DICHO POR LA VÍCTIMA, Y CUANDO LLEGAMOS A JUICIO, ESA VÍCTIMA MANTIENE SU DERECHO CONSTITUCIONAL DE ABSTENERSE A DECLARAR Y ESE DERECHO SE MANTIENE DURANTE TODO EL PROCESO.
Gabriela Alfaro
Fiscala Asuntos de Género
delitos sexuales cometidos contra menores de edad como contra mayores de edad.
”Tanto es así que una de las primeras directrices de la fiscala general, Emilia Navas, fue informar a todos los fiscales que tienen la obligación de atender personalmente los casos, no delegarlos en los técnicos u otras personas”, declaró Mayra Campos, fiscala adjunta del Ministerio Público.
De acuerdo con la fiscala Campos, están tratando de identificar los “nudos críticos” del proceso de atención para agilizar la resolución de todas las denuncias.
Revictimización. A la lentitud con que funciona el aparato judicial, se suma el riesgo de otros abusos de parte del sistema, como la revictimización.
Un caso extremo se dio el año pasado, cuando una afectada fue objeto de nuevos delitos por parte de un funcionario, quien fue condenado.
Otro caso es el del médico José Luis Durán Ramírez, quien recibió una sentencia de 24 años de prisión, luego de aceptar los delitos de violación y abuso sexual en perjuicio de dos mujeres que acudieron al sistema judicial para ser atendidas.
Las ofendidas tenían, al momento de los hechos, 16 años. Ellas fueron al consultorio de la Unidad Médico-Legal del Organismo de Investigación Judicial de Cartago para someterse a revisiones médicas, como parte de procesos de investigación en los que figuraban como denunciantes.
Según el reporte de las autoridades, Durán se aprovechó de su condición de médico y del desconocimiento de las jóvenes, para abusar de ellas.
El hombre, de 44 años, se sometió a un procedimiento especial abreviado, informó el Ministerio Público en un comunicado de prensa.